Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro
país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se
cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su
edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos
décadas atrás.
El caso ha saltado como el disparador de una reacción política
de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que
fácilmente superaron las requeridas– en cuatromociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidentedel Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza
para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.
En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega
a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro
entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con
las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su
propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser
posible, extenderlo.
El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior
constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe
ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es
cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún
si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de
Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.
Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es
amplia y variada. En
esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez
más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.
Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar
por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el
sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las
quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de
coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no
hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes
nefastos.
Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por
amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes
y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y
oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este
escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y
grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.
Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan
como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que,
una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación
nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente
maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la
anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y
sociedades.
El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda
separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las
expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.
desco Opina - Regional / 9 de
mayo de 2025
descoCiudadano
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