Impunidad de compadres: a todo trapo

Las últimas semanas, la presidenta Boluarte parecía muy próxima a su vacancia. No era por los muertos, heridos y perseguidos por las protestas, abusiva y violentamente reprimidas el 2022-2023. Era, finalmente, por el escándalo de los relojes Rolex a los que se sumaron otras joyas, el desbalance que existiría en sus cuentas bancarias y su reticencia a aclarar la situación ante la Fiscalía de la Nación. La historia que empezó a partir de una investigación periodística la primera quincena de marzo, llevó inicialmente a la mandataria a argumentar que se trataba de un bien del pasado, fruto de su esforzado trabajo. Luego de encerrase en el silencio unos días, el 22 de marzo anunció que asistiría al Ministerio Público con “su verdad”. Pronto, Fuerza Popular, mediante comunicado, expresó su preocupación por los “escándalos” que alcanzan al gobierno, solicitando que la mandataria precise el origen de los relojes en cuestión. Ante su inasistencia a las citaciones que le hiciera la Fiscalía, ésta, juez mediante, finalmente allanó el domicilio presidencial el 29 de marzo, abriendo la puerta con un ariete.

La respuesta de la presidenta, como nos tiene acostumbrados, fue victimizarse invocando su condición de mujer, provinciana y luchadora contra la corrupción, denunciando temprano un complot. Fastidiada porque los medios que sistemáticamente defendieron su permanencia, aparecían exigiéndole una mínima rendición de cuentas y subrayando su mediocridad, los incorporó como parte de la conspiración. Asustada, más allá de su soberbia y su frivolidad, esperó, sí, que los principales partidos de la derecha se pronunciaran a su favor y condenaran el fuerte sentido simbólico del allanamiento que vivió. Como no podía ser de otra manera, ocurrió así, sumándose a la preocupación por lo que ocurría, distintos analistas que sorprendieron a muchos con una mirada que olvidaba que Palacio ya había sido allanado con Castillo, como lo fuera también el domicilio de los Castillo Paredes.

Gustavo Lino Adrianzén, heredero del estilo y las maneras de su predecesor, quien ya había dado muestras de su talante autoritario e intolerante en su intervención en la CIDH defendiendo a Boluarte ante la OEA, justificando las muertes en las protestas, asumió el rol de leal escudero y finalmente encubridor del silencio de la mandataria, apareciendo como su defensor y acompañado por el abogado real de aquella, evidenciando sin tapujos su intención de castigar al coronel de Policía Harvey Colchado, responsabilizándolo de afectar la imagen del país con su acción, obviando toda explicación sobre las razones y el contexto de ésta. La mandataria y su Premier, para que no queden dudas, se exhibieron con los mandos militares, que una vez más, sin aprender lecciones del pasado reciente, aparecen como parte del mensaje de “fuerza” de la mandataria que busca mostrar las buenas relaciones que pretende tener con ellos, tanto como con el Congreso.

70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones cerraron el capítulo más reciente de la triste historia que estamos viviendo. Con el apoyo pleno de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular, al que se sumó el respaldo parcial de Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y el Bloque Magisterial, el gabinete presidido por Gustavo Lino Adrianzén, obtuvo el voto de confianza que buscaba. Lograrlo, como ya es un clásico en la coalición autoritaria que han construido el Legislativo y el Ejecutivo de la señora Boluarte, tuvo su precio. Así, tras sus anuncios de austeridad, el Ejecutivo –en una demostración más de su debilidad y precariedad–, con las firmas de la mandataria y del ministro José Arista, autorizó a favor del Congreso que tiene un presupuesto de más de 1200 millones de soles, un crédito suplementario que supera los 50 millones para el año 2024, a fin de financiar gastos de personal, servicios y equipamiento, en otra muestra de la falta de escrúpulos del Parlamento, a decir del congresista Anderson.

El mismo ministro, evidenciando su particular manera de entender la cacareada “austeridad” del gobierno, se apuró en aprobar el Decreto de Urgencia 006-2024 en el que retrocedió y autorizó el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por 3,5 veces sus ingresos hasta el 31 de diciembre del 2024, claudicando así ante el alcalde López Aliaga, jefe de Renovación Popular, quien desde febrero anunciaba su voluntad de desacato de las reglas fiscales dispuestas por el Ejecutivo, obviando las advertencias del Consejo Fiscal que alertó de un sobreendeudamiento que dejará sin recursos a los próximos burgomaestres de la ciudad.

A estos estímulos crematísticos, y como parte de las componendas con sus socios políticos, 48 horas antes de la asistencia de Adrianzén y sus ministros al Parlamento, la mandataria cambió a seis de aquellos y aquellas y recompuso el gabinete, respondiendo a las exigencias de la mayoría congresal. Entre los nuevos ministros y ministras figuran militantes de Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado, que se suman al ministro de Salud, militante del partido de César Acuña. El voto de confianza ha sido el corolario. La deslucida presentación del primer ministro, vacía de contenido y plena de lugares comunes, alentó “duras” intervenciones de los mismos congresistas que inmediatamente después le dieron la confianza en una sesión llena de lamentables intervenciones desbordantes de autoritarismo y promotoras de la impunidad, como la de Fernando Rospigliosi.

Una vez más, los socios de la coalición autoritaria que nos gobierna, se han dado la mano y prolongan su impunidad. Boluarte se aferra a la presidencia, con el fujimorismo y la derecha extrema que la toleran mientras siga haciendo, como hasta ahora, lo que quieren; aún la necesitan para concluir con el entramado institucional que pretenden para mantenerse en el poder, continuar con sus negocios y preservar el modelo. Estamos advertidos.

 

 desco Opina / 5 de abril de 2024