En lo que va del 2024, venimos siendo testigos de una fuerte presión del empresariado para explotar nuestros recursos naturales, aun en zonas de conservación y con la oposición de la población. Con la ayuda diligente de este deplorable Congreso de la República o del Ejecutivo, a veces ni les es necesario exponer sus motivos ante la opinión pública, sólo esperan sentados a que sus alfiles hagan las jugadas marcadas, ante un tablero pasmado por el caos político que azota diariamente sin tregua.
Primero fue el tira y jala de los cambios en la Ley Forestal que busca beneficiar a la industria de la palma. Después, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció que Tía María sí va en Cocachacra, buscando beneficiar a Southern Perú Copper Corporation a pesar de la férrea oposición de los pobladores del Valle de Tambo. Y hace poco escuchamos noticiar sobre la solicitud de la Sociedad Nacional de Pesquería que pretende tirar sus redes en la Reserva Nacional de Paracas para la extracción de anchoveta, amparados en sus prácticas industriales de antaño.
De los tres casos mencionados, el de Tía María es especial, pues la oposición a este proyecto cuprífero cumplirá 14 años en Arequipa. Siete personas fallecieron en los enfrentamientos del 2011 y 2015 entre la Policía y la población del valle. Y aunque la campaña publicitaria de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía –enfocada en grabar en nuestros corazones la frase “Perú, país minero”– haya calado en la narrativa gubernamental, lo cierto es que no toda la población la ha adoptado como mantra.
Southern Perú Copper Corporation se ha jugado varios frentes durante ese tiempo. El más exitoso fue la campaña en medios de comunicación limeños para acuñar al proyecto lo imprescindible que es para el desarrollo del país; el más desafortunado fue terruquear a los pobladores del Valle de Tambo, ante su desesperación porque sucesivos gobiernos de los últimos periodos se pasaban la posta para darles luz verde.
El año pasado, el exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, desempolvó el tema; pero un medio de comunicación recordó el acta firmada por la mandataria Dina Boluarte durante la campaña, donde se comprometía a la cancelación del proyecto. Cuatro meses después, el Ejecutivo, con Otarola a la cabeza, volvía a sacar cuerpo, afirmando a la prensa, en plena Convención Minera, que el tema no estaba en agenda.
Actualmente, Southern Perú, cuenta con la licencia de construcción del proyecto que el Ejecutivo le otorgó en el 2019; pero a pesar de sus campañas sociales en el valle, y de invertir fuertemente para conseguir aliados a su causa en la región, hasta ahora no logra colocar un solo ladrillo del proyecto en el valle.
El ministro Rómulo Mucho sigue anunciado, desde febrero, su llegada a Arequipa para destrabar el proyecto, pero sólo se queda en anuncio. Como respuesta, a inicios de marzo, las viviendas del distrito de Cocachacra comenzaron a embanderarse de verde.
No hay duda que la presión sobre los recursos naturales en nuestro país continuará, y si bien es cierto que la minería es un importante motor para la recaudación de impuestos en el Perú, el cambio climático nos debe hacer sopesar su valía. Las tecnologías muestran grandes avances a fin de disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineras, pero estas son caras y no todos están dispuestos a invertir desde el saque. Recordemos que las primeras protestas en el Valle de Tambo lograron que Southern Perú cambiará su propuesta de usar agua subterránea por la desalinización de agua de mar para echar a andar su proyecto.
Por otro lado, tenemos que reconocer que tenemos un aparato estatal cada vez más debilitado, que ha sido incapaz de cumplir sus compromisos en diferentes Mesas de Diálogo a lo largo de los años y en todo el país, por lo que la palabra de sus funcionarios llega con la sombra del descrédito a las zonas de conflicto minero.
Así las cosas, Tía María, otra vez, parece destinada al confinamiento.
desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2024
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