La ESI en Arequipa: contra la ignorancia, no contra la infancia

 

La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa ha desatado una campaña de desinformación impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles. El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y 12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en Argentina, hecho que tampoco es cierto.

La realidad es otra en la región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782 casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como resultado de violaciones sexuales.

Por otro lado, la violencia sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160 casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estas cifras revelan una cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la ignorancia, el miedo y el abuso sexual.

La ESI, tal como lo establece la ordenanza, no promueve ninguna “ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos, autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación.

Su implementación supone ciertamente, un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil, para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del Congreso.

Esta campaña de desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?

La ordenanza es un mandato de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.

 

desco Opina – Regional / 12 de setiembre del 2025

descosur

El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes

 

Este año concluye el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), formulado una década atrás, sin que hasta la fecha se haya realizado algún balance global, un informe de cumplimiento de sus metas establecidas o cuando menos la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para aportar en la elaboración de un necesario plan de continuidad. Como lo muestran algunos indicadores sobre salud infantil, embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños y adolescente, hay avances importantes, pero los problemas identificados hace diez años subsisten y no se lograrán las metas, fundamentalmente en las zonas rurales y en las de mayor pobreza.

El Plan estableció 6 metas emblemáticas: (i) reducción de la desnutrición crónica infantil a 5%, (ii) 100% de niñas y niños de 3 a 5 años con acceso a una educación inicial de calidad, (iii) 70% de niñas y niños de segundo grado de primaria con un nivel suficiente de comprensión lectora y razonamiento matemático, (iv) reducción de la tasa de maternidad adolescente en 20%, (v) los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una educación secundaria de calidad, (vi) disminución de la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Recientemente, desco, en el marco de uno de los proyectos que ejecuta en torno a restitución de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, concluyó un estudio acerca de la evolución y proyección de indicadores en perspectiva territorial, de género e interculturalidad del PNAIA 2021; priorizando 17 indicadores de 6 de los 25 Resultados Esperados del Plan. Se muestran acá algunos de sus alcances, ligados a los temas de salud, embarazo adolescente, participación y violencia.

Los datos indican que muchas de las metas no se cumplirán. Si bien la tasa de mortalidad neonatal disminuyó de 12.5 a 9.9 en el periodo 2012-2018 y la de mortalidad materna también se redujo, empeoró la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer en 2020 con respecto al 2014, empeoró la proporción de recién nacidos vivos prematuramente y disminuyó el porcentaje de neonatos que reciben lactancia materna dentro del primer día de nacidos, según datos del INEI. Además, si bien la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la anemia en infantes entre 6 y 36 meses, disminuyeron entre 2012 y 2020, ese año el porcentaje de menores de 36 meses con vacunas básicas completas, cayó al 69.4%.

En el caso del embarazo adolescente es importante observar una diferencia entre antes y después de la irrupción de la pandemia. Si en el periodo 2012-2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que eran madres o estaban embarazadas por primera vez disminuyó a 12.6%, en 2020 se redujo a 8.3%, aunque en aquel primer año se mantienen ciertas regularidades, como su alta prevalencia en el ámbito rural. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, hasta el 2019 la incidencia disminuyó apreciablemente en sus variantes familiar, escolar y sexual. Sin embargo, la pandemia ha puesto en riesgo estos avances. 48 de cada 100 niñas y niños justifican la violencia hacia ellos en el hogar y 40 de cada 100 jóvenes hacen lo propio. Los hogares enfrentan situaciones que les generan malestar emocional (pérdida del empleo, reducción de ingresos, sobrecarga de actividades de cuidado y crianza, entre otros) que incrementan el riesgo en las familias hacia los menores de edad. Lo grave es que, al margen de la pandemia, la violencia sexual que ha venido en aumento es la que se perpetra hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad, solo considerando los casos visibles a partir de denuncias, en espacios que se supone deben proporcionar seguridad: hogar o vecindario, de donde proceden frecuentemente los agentes agresores.

En general, la pandemia del Covid-19, no ha afectado drásticamente los indicadores, que mantienen su tendencia desde el 2012, siendo claro que no se lograrán las metas. La pandemia ha afectado sí, la operatividad de procesos habituales que implican presencialidad, como es el caso de la cobertura de vacunas básicas completas, notándose ya una cierta mejora los últimos meses de este año con el progreso relativo en el control sanitario de la pandemia.

Ésta ha supuesto una reconfiguración de las interacciones sociales. Su traslado al entorno digital, donde como país tenemos grandes brechas por cerrar, ha afectado dramáticamente la socialización. En este contexto resulta llamativa la disminución de la incidencia del embarazo adolescente el 2020 frente a la situación del periodo 2012-2019, donde la política pública hizo muy pocos avances y registraba un crecimiento en las zonas rurales, donde uno de los factores que aparecían era la iniciación sexual temprana sin uso de preservativos entre parejas menores de 18 años o parejas donde el varón mayor imponía sus decisiones. La pandemia habría debilitado estos escenarios, momentáneamente.

Si bien en los últimos años ha habido muestras de voluntad política para crear espacios institucionales de participación a nivel regional (Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA) el porcentaje de gobiernos regionales donde participan niñas, niños y adolescentes en el ciclo de políticas públicas en temas que les involucran o interesan, pasó de 12% a 96%, el avance en la participación real es pobre: 4 de cada 5 niñas, niños y adolescentes manifestaban que carecían de espacios locales para expresar sus opiniones y puntos de vista antes de la pandemia, en una sociedad donde más de 1 de cada 2 miembros del hogar no participa organizadamente. Por cierto, la digitalización y los entornos semipresenciales no parecen prometer avances en la participación en el corto plazo. Queda entonces el reto de convertir a los CCONNA en espacios de auténtica participación y formación de ciudadanía.

Es evidente que se requiere actualizar la formulación del Plan, proyectándolo al 2030, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la “nueva normalidad” como condicionante de los programas y estrategias de intervención pública. Todo el planteamiento debe apuntar a superar las heterogeneidades territoriales en cuanto a resultados por cada indicador. Incorporar una estrategia digital explícita y focalizada debe ser un componente significativo, además de desarrollar con mayor amplitud y claridad la forma de operativizar los enfoques transversales de equidad, género e interculturalidad. El objetivo debe ser reconfigurar los espacios de convivencia para convertirlos en espacios de seguridad donde el cuidado, respeto e integridad física y emocional de las niñas, niñas y adolescentes sean sus rasgos fundantes. Nos encontramos, lamentablemente, aún alejados de esta aspiración.

 

 

desco Opina - Regional / 12 de noviembre de 2021

descoCiudadano

A río revuelto, pérdida de pescadores

 

En las últimas semanas el país ha vivido una intensa campaña política, se han enfrentado dos fuerzas políticas opuestas; por un lado, la derecha y, por el otro, la izquierda. Algo característico y de práctica común en esta campaña ha sido el uso del “terruqueo”, término acuñado para designar o acusar a alguien de "terruco" (neologismo empleado como sustituto de terrorista).

Tras las elecciones presidenciales, en Perú se vive un ambiente de incertidumbre y de alta polarización, aún no se define la candidatura que alcanzará la presidencia para los próximos cinco años, y la pelea es prácticamente voto por voto. La región central del país en esta segunda vuelta inclinó su opción por Perú Libre, y Huancavelica no fue la excepción; según el conteo de la ONPE al 99.54%, Pedro Castillo del partido Perú Libre obtiene 84.8%, mientras que la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, alcanza el 15.2%.

Este tenso escenario político y sus efectos colaterales, teñidos de incertidumbre e intolerancia, hace que otros problemas urgentes de solución como los que suceden en los ámbitos rurales pasen desapercibidos; es el caso de las comunidades de Huancavelica. Según reporte al 17 de abril de la Dirección Regional de Educación Huancavelica (DREH), ningún colegio se encontraba preparado para el retorno de las clases presenciales, y a la fecha sólo el 6% de colegios están aptos para ello debido a que la mayoría de instituciones educativas se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos de bioseguridad (Fuente: DREH Huancavelica). Lamentablemente, en Huancavelica el Estado o el Gobierno Regional no ha logrado que todas las instituciones educativas cuenten con lo mínimo indispensable en implementos de bioseguridad tales como lavamanos, mascarillas, alcohol en gel, pediluvios y otros que exige la normativa del Minedu.

La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena, derecho que es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades y clave para salir de la pobreza. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para muchos niños, niñas y adolescentes, y más aún en esta modalidad virtual a través del Programa Aprendo en casa. En Huancavelica, según el reporte de la Dirección Regional de Educación (DREH), un 7% de estudiantes de todos los niveles no acceden a ningún tipo de educación, un 36% accede por televisión, 7% por web, 21% por radio y 29% por otro medio como las fichas de trabajo. Esta situación da como resultado tasas de retención y graduación más bajas y empeora los resultados del aprendizaje.

Nuestro país enfrenta otro problema relacionado con la conectividad, sólo un tercio (29.8%) de hogares accede a Internet y en las áreas rurales el porcentaje inclusive se reduce a 2.1% (INEI, 2018). Esta problemática no sólo será competencia del nuevo gobierno, lo es también del actual; se debieron y deberán tomar acciones a corto plazo para mejorar la conectividad. Más allá de las preocupaciones electorales, ¿cómo es que no hay preocupación por el día a día?, en estos precisos momentos aún hay una buena cantidad de niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a sus clases virtuales ya sea por radio, web o televisión, y si lo consiguen, es a costa de exponerse a muchos riesgos; tienen que caminar varios kilómetros para lograr obtener señal, pasando frío, hambre y otras peripecias en el camino.

El sector público y el privado deben continuar sumando esfuerzos para mejorar el acceso a la educación como, por ejemplo, a través de la contribución para lograr las condiciones óptimas en los colegios, tal es el caso de UNICEF que hizo entrega de 60 000 mascarillas para la futura reapertura de 133 escuelas rurales en Huancavelica.

Esperamos también que el Estado pueda completar el acondicionamiento adecuado en las instituciones educativas, para que cuenten con los requisitos mínimos de bioseguridad y así los niños, niñas y adolescentes puedan retornar a las clases presenciales de forma segura, libre de Covid-19, y gocen de su derecho a la educación.

 

desco Opina – Regional / 11 de junio del 2021

descocentro – UOT Huancavelica