La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la
Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa
ha desatado una campaña de desinformación
impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles.
El Arzobispo de Arequipa,
Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca
imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara,
Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la
implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y
12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en
Argentina, hecho que tampoco es cierto.
La realidad es otra en la
región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente
se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de
descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782
casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como
resultado de violaciones sexuales.
Por otro lado, la violencia
sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se
han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual
contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160
casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se
registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de
Educación.
Estas cifras revelan una
cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los
eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la
ignorancia, el miedo y el abuso sexual.
La ESI, tal como lo
establece la ordenanza, no promueve ninguna
“ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos,
autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados,
violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la
participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió
la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de
Educación.
Su implementación supone ciertamente,
un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las
gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a
los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es
imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil,
para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han
comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del
Congreso.
Esta campaña de
desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual
integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O
preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras
se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?
La ordenanza es un mandato
de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por
capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente
evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a
herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra
región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.
desco Opina – Regional / 12 de
setiembre del 2025
descosur
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario