Después de mí, el diluvio

 

A inicios de junio, el entonces exministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaba siendo procesado por un supuesto soborno de 20 000 dólares a miembros del Tribunal Constitucional, para beneficiar a un investigado. Por eso, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses.

Dicha medida cautelar se adopta para evitar el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación, existiendo varios otros casos emblemáticos, como el de Betssy Chávez, que tiene diez meses de impedimento de salida, por supuestamente acreditarse “sospecha suficiente” y riesgo procesal en el juicio oral. También está el de Martín Vizcarra, cuya cautelar fue levantada luego de algunos cambios legislativos y que la Corte Suprema considerara otros criterios para evaluar su caso.

El 23 de agosto, Santiváñez regresó al Gabinete ministerial como titular de Justicia, luego de haber sido censurado por el Congreso cuando conducía la cartera del Interior. Un par de semanas después, estaba viajando a Ginebra, Suiza, para participar en el 60° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello, fue necesario que un juez “suspendiera” por cinco días el impedimento de salida vigente que pesaba en su contra.

La sucesión de despropósitos, tan característico de los actuales gobernantes del país, no iba a implicar, como siempre, ningún mínimo esfuerzo para conocer hacia qué objetivo se encaminaban.

Veamos. Difícil ubicar a alguien con confusiones tan mayúsculas como Santiváñez, como para ir a “plantar cara” de la manera como lo hizo, a los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró tajante, que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones de la CIDH contra la ley de amnistía.

Defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos, al asegurar que ella se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.

En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, había dicho que la ley de amnistía representaba “un retroceso para la justicia y la verdad”.

Al día siguiente, a manera de “refuerzo definitivo” de lo manifestado por su ministro, la señora Boluarte aseguró que no iban a permitir “injerencia de ningún organismo internacional” para preguntar luego, en tono desafiante, “¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú que amamos, por los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror? A ellos, los de la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación, ¿dónde está la reparación civil para los 70 000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿dónde está la reparación civil para ellos?”

Como lo leen. La señora Boluarte, mostrando mejor que nunca la behetría mental que la caracteriza, se hizo una pregunta que ella, y sólo ella, debió responder, porque el sujeto exclusivo de obligaciones ante las víctimas del Estado es el Estado mismo.

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sería un giro histórico con consecuencias profundas en múltiples niveles como, por ejemplo, la pérdida de acceso a la Corte IDH para las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando las vías internas se agoten.

También está el debilitamiento del control convencional, que exige que las leyes y sentencias nacionales se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos; asimismo, la desvinculación de otros tratados interamericanos –además del Pacto de San José– como los que protegen contra la tortura, la desaparición forzada, la violencia de género, los derechos de adultos mayores, las comunidades indígenas, las personas LGTBIQ+, las víctimas de violencia estatal y otros grupos vulnerables, que perderían así una instancia clave de protección.

Esto quiebra definitivamente el Estado de derecho, ya que el SIDH, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido un pilar externo de garantía cuando las instituciones internas fallan o se politizan.

Toda esta destrucción institucional solo es entendible como parte de las medidas preventivas para la autoprotección de la gobernante y sus socios, como revelaría la decisión del Congreso, tomada el 12 de setiembre, al archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre 2022 y febrero 2023.

 

desco Opina / 19 de setiembre de 2025