Junín es actualmente
el sexto departamento con mayor peso demográfico en el país, su población
asciende a 1 246 038 habitantes, un 71% de los cuales se concentran en zonas
urbanas (Censo Nacional de Población y Vivienda 2017). Como todo el país, Junín
no ha escapado al Covid-19, aun cuando las cifras del Minsa lo ubican
relativamente menos golpeado, ya que se sitúa en el puesto 12 en cuanto al
número de casos detectados y en el noveno en letalidad. La fase ascendente de la pandemia en la
región comenzó algo más tarde que en otras zonas, al punto que, al levantarse
la cuarentena el 30 de junio, Junín fue uno de los siete departamentos en los que la medida se mantuvo.
Al 22 del
presente mes de julio, las estadísticas regionales registran un total de 10 872
casos confirmados de Covid-19, siendo las provincias de Huancayo (6272),
Chanchamayo (1474) y Satipo (891) las más afectadas con casos confirmados. Como
ocurre en todo el país, la mayor incidencia de casos en el departamento se
presenta en las ciudades, tal y como reporta la DIRESA Junín.
En este
contexto, las autoridades regionales se han quejado del Gobierno Nacional pues
consideran que éste no le presta la atención debida a Junín. Por su parte, voceros del gobierno central en la región,
mencionan que sí se le ha prestado atención y se le han transferido partidas hasta por 13.6 millones al GORE, 28 millones a los gobiernos locales y otros 14 millones para la atención a comunidades nativas de la región. Cabe resaltar que, según el portal de
transparencia económica del MEF, la ejecución presupuestal del GORE Junín al 22 de Julio del 2020 es del 29.5%.
Más allá de
estos desencuentros, la pandemia evidencia el colapso del sistema de salud en
Junín y en otras regiones, así como la poca voluntad política para concertar esfuerzos
entre distintos niveles de gobierno, perjudicando a la población usuaria de los
servicios públicos de salud.
En esta
atmósfera tensa, la plataforma regional ha mostrado un rechazo unánime a la
forma de actuar del Gobierno Central, porque considera que no hay un trato
justo a la región. Es así que se cuestiona la cantidad de ventiladores
entregados por el Ejecutivo a Junín, asegurando que a regiones menos golpeadas
se les entregó una mayor cantidad de ventiladores mecánicos. Hubo también
quejas porque el número de camas UCI se mantiene a pesar de que la demanda ha
aumentado en estos días. Cabe resaltar el compromiso de la gran mayoría de autoridades
provinciales y distritales en la lucha contra el Covid-19. Un ejemplo de ello es
el de los alcaldes de la provincia de Chanchamayo, que han ofrecido cofinanciar
la instalación de una planta de oxígeno en la selva central, a pesar de contar
con escasos recursos por FONCOMUN. Esto desde luego no significa que todos
destaquen por su eficiencia en el cumplimiento de metas en la lucha contra el
covid-19, como ocurrió, por ejemplo, con la Municipalidad Provincial de
Huancayo que, según evaluación del MEF, no logró cumplir dos de las tres metas programadas.
La sociedad
civil respalda la idea de mejorar la atención en salud para enfrentar el Covid-19,
exigiendo una urgente concertación entre estos dos niveles de gobierno para mejorar
la capacidad resolutiva del sistema de salud regional. El malestar se tradujo en la convocatoria a
un paro regional, liderado por la Confederación General de Trabajadores
del Perú-CGTP y el Comité de Lucha de la región Junín.
El problema de fondo tiene que ver
con las limitaciones de la Ley N° 27783 (Ley de bases de la descentralización),
la cual establece las competencias de los gobiernos regionales en la gestión de
los servicios de salud pública, que la crisis sanitaria ha evidenciado como
inadecuadas. Esta revisión en Salud y otras esferas es parte de una reforma
institucional profunda que debe hacerse del Estado, cuyas limitaciones
políticas y administrativas han quedado una vez más demostradas y representan
una seria traba para el buen gobierno. La solución debe
incluir, por tanto, nuevos enfoques y nuevos marcos institucionales como parte
de un proyecto nacional con identidades múltiples, que tome como base las
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, estableciendo compromisos y consensos
donde asuntos como la salud y la educación de calidad sean de acceso universal,
desarrollando también capacidades institucionales en los gobiernos subnacionales.
desco Opina - Regional / 24 de
julio de 2020
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