El 23 de abril (día 39 del
estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo,
anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la
gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito
rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito
urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está
definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única
vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el
riesgo de propagación del Covid-19. Estos hogares, estarían conformados por
familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe
o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.
La inscripción a este bono se
dio a través de una plataforma en línea que estuvo a cargo del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el diseño de esta plataforma
contempló dos páginas: una para hogares con acceso al bono y otra para el
registro de familias que no pudieron acceder a ninguno de los bonos.
Rápidamente se evidenciaron múltiples factores que han tenido repercusión
directa en el acceso al bono por parte de muchas personas.
Aspectos referidos, por ejemplo,
a que para obtener este subsidio “ningún integrante del hogar se
encuentre registrado en planilla en el sector público o privado, excepto
pensionistas y modalidad formativa”, según
se detalla en el Decreto de Urgencia Nº 052-2020, deja fuera de este beneficio a
los casos donde al menos un integrante puede percibir el salario mínimo de S/ 930.
Para poner un ejemplo práctico, imaginemos un hogar de cinco personas, de las
cuales una de ellas trabaja y está en planilla, ganando el salario mínimo; a
este hogar no se le otorgaría el bono, a pesar de que el ingreso mensual por cada
miembro de la familia sería de S/ 186 y esté rozando el límite de la pobreza extrema monetaria. O en el otro extremo del mismo
decreto se menciona que, “ningún integrante del hogar tenga un
ingreso superior a los 3000 soles”, ello
no contemplaría el universo total de población que percibe
ingresos de manera informal; de acuerdo al INEI, esta cifra es de 72,6%, con
lo que es probable que el beneficio haya sido obtenido por alguien que
realmente no lo necesita.
Entre los aspectos que
dificultan el acceso al bono, está el poco criterio manifiesto en los comunicados oficiales de los ministerios, los cuales no han considerado
que hay muchos hogares incapaces de cumplir con requisitos tecnológicos para
acceder a éste, pues es indispensable contar con un móvil e internet, ya que el
sistema obliga a verificar un número de celular a través de SMS y también se
recomienda realizar capturas de pantalla del dispositivo, obligando al usuario
a tener habilidades básicas sobre el uso de estos equipos. En ese sentido, ni
la página oficial ni el Decreto de Urgencia Nº 052-2020 mencionan alguna
actividad relacionada a procesos de inscripción o empadronamiento presencial
y/o algún mecanismo alternativo para que las familias sin tecnología puedan
obtener el subsidio, las cuales representaron el 15,6% (1 285 252) de la
población encuestada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017,
8,7% en el área urbana y 39,4% en el ámbito rural.
Sumado a esto, los problemas de
saturación durante los diez días de inscripción y la pobre seguridad del portal
que permitió que una banda de ciberdelincuentes cobre bonos mediante suplantación de las personas beneficiarias, son aspectos que terminan de
evidenciar la poca capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a una
demanda ávida de soluciones rápidas, concretas y eficientes.
En síntesis, se sabe que ningún
sistema de subsidio es perfecto, aunque para el desarrollo del Bono Familiar
Universal el Estado ya tuvo experiencia previa, datos y observaciones como para
mejorar los indicadores de focalización de hogares, experiencia del usuario/a
en portales web, seguridad, atención al público y facilidades para el cobro. Se
ha tomado lo general para el diseño y no lo particular, que es importante, ya
que los hogares en extrema pobreza son los que tienen mayores obstáculos para
acceder al sistema ofrecido.
Finalmente, más allá de los límites
en su concepción, las falencias del Bono Familiar Universal,
son también resultado de que el SISFOH no se ha consolidado como sistema de
focalización a pesar de sus 16 años de vigencia. Es preocupante que tras más de
una década de financiamiento, avances tecnológicos y dos censos de población y
de vivienda, aún no se tengan datos que cumplan con estándares de confiabilidad o que al menos estén actualizados, motivo por el cual, la quimera no solo
radica en el bono, sino también en que la ciudadanía confíe en la información
generada.
desco Opina - Regional
/ 10 de julio de 2020
descoCiudadano
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