Las iniciativas regionales frente al cambio climático y la COP 20

Los estudios realizados en las regiones de Junín y Huancavelica para formular la estrategia de adaptación al cambio climático, han diagnosticado efectos negativos en las actividades agropecuarias. Podemos mencionar la pérdida de cosechas por heladas o sequía, la presencia de plagas ocasionales, mortalidad de crías en rebaños mixtos familiares por friaje, deslizamientos de tierras de cultivo, huaycos, etc. En la población ha significado el incremento de enfermedades respiratorias, migración, entre otros. Estos acontecimientos vienen configurando escenarios coyunturales adversos al menos en los andes centrales, como lo corrobora el Tyndall Center de Inglaterra, que menciona que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, temas que seguramente serán abordados en la COP 20 y que las autoridades regionales tendrían que tomar en cuenta en sus diversas acciones para reducir las consecuencias directas e indirectas que estos fenómenos puedan ocasionar.

Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Junín cuentan con una Estrategia Regional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (ERCC), cuya elaboración se inició con la conformación de grupos técnicos impulsados desde las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde colaboraron actores del sector público y privado, como ocurrió en el caso de Junín. Los esfuerzos se pusieron en temas como la integración del cambio climático a políticas públicas, la prevención y alerta temprana de desastres, la gestión de cuencas, el cambio de matriz energética, infraestructura, educación ambiental e investigación. En Huancavelica, el Plan Estratégico Ambiental cuenta con tres líneas principales: adaptación, mitigación y predicción en las áreas de salud. Estos documentos muestran la vulnerabilidad de las regiones en torno a los efectos producidos hasta la actualidad por el cambio climático y los esfuerzos que se realizarán de aquí en adelante para su adecuación y puesta en marcha.

Sin embargo, a la fecha no se han ejecutado acciones concretas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, y si bien es cierto que hay proyectos de inversión pública que contemplan aspectos vinculados a ello, estos no son específicos y se dispersan en una variedad de temas. En esa lógica, resulta vital incorporar recursos para la inversión en actividades como la reforestación, la siembra y cosecha del agua, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, entre otros, focalizándolas adecuadamente en función de un diagnóstico bien elaborado.

Un elemento clave para viabilizar la concreción de estos planes es lograr que sean asumidos por los actores de la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas. Para ello, es necesario diseñarlos con la participación activa de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas con presencia regional y local, superando la desinformación y desinterés existentes. Las experiencias de otras regiones y/o países que han adelantado en el tema son un buen referente para avanzar en el trabajo. La COP 20 puede ser también otro punto de referencia para mejorar y concluir las herramientas de gestión que se necesiten.

En conclusión, al igual que en Junín y Huancavelica, seguramente existen iniciativas similares en otras regiones; sin embargo, a pocos días de la COP 20, ni la población ni sus organizaciones representativas conocen mucho acerca de la realización de este importante evento. Las estrategias mencionadas no son el resultado de una agenda pública sino de una agenda del Estado, que obedece al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país, así como a intereses de sectores económicos, generando condiciones para construir políticas públicas regionales concertadas, que incluyan elementos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático. La debilidad principal continúa siendo la ausencia de información adecuada y convenientemente difundida entre la opinión pública de las regiones, a fin de sensibilizar a los distintos actores de la sociedad civil en la necesidad de actuar de inmediato en el asunto.

desco Opina - Regional / 14 de noviembre de 2014

Programa Sierra Centro
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La izquierda que la derecha quiere para el 2016

Culminado el reciente proceso electoral y conocidos sus resultados, los actores políticos en la escena nacional miran ya hacia el horizonte del 2016, año en que se realizarán las elecciones generales. Desde la derecha, líderes como PPK, Keiko Fujimori y Alan García, considerados candidatos seguros por amplios sectores de la opinión pública, miden sus fuerzas, sondean posibles alianzas y van perfilando ya sus estrategias de cara a las presidenciales.

En el marco de lo que parece ser un desplazamiento hacia la derecha del electorado en el país, estos tres candidatos representan un 60%-65% de los votos potenciales a nivel nacional. Se estima que el 30%-35% restante corresponde al universo que opta por candidatos de izquierda.

Las izquierdas sin embargo, confrontan desde hace años serios problemas de representatividad y legitimidad. Muy lejos han quedado ya los días en que Izquierda Unida (IU) constituía la segunda fuerza política y electoral del país, la que incluso llegó a ser una opción viable de gobierno. Desde hace años, se encuentra dividida y, como ha ocurrido en los dos o tres últimos comicios presidenciales, es muy probable que presente varias candidaturas para el 2016, fragmentando y dispersando una vez más la escasa votación obtenida. Así por ejemplo, Antonio Zapata ha sugerido que para el 2016, podrían haber al menos tres candidaturas: 1) la izquierda «moderna»; 2) la izquierda radical y; 3) la izquierda «antisistema».

Este es justamente un panorama alentado por la derecha, que apuesta a una izquierda dividida, desprestigiada y aislada, como una manera de asegurar su derrota, antes incluso de las elecciones, y evitar los sobresaltos que debió pasar en los comicios presidenciales del 2006 y 2011.

La división persistente de las izquierdas tiene que ver con sus serias limitaciones para reconocer la existencia de espacios comunes entre las distintas organizaciones que se reclaman en esa posición del espectro político; adicionalmente, estas izquierdas no encuentran hasta hoy la clave para poder llegar a la gente y hacer política en esta nueva época, muy distinta de los años 70-80 en que emergieron. Parecen no captar o comprender las demandas y aspiraciones de la gente que hace muchos dejaron de ser las de los setenta.

Como se sabe, en aquellos años, la izquierda logró crecer y convertirse en una de las cuatro principales fuerzas políticas del país, gracias a  su capacidad para organizar y representar a un importante contingente de población campesina que migró a Lima y otras ciudades de la costa; a su lucha en defensa de los intereses y reivindicaciones de los sectores populares que demandaban bienes y servicios básicos; a su capacidad para organizar y representar a un importante sector de trabajadores sindicalizados; y a la presencia de un sector de intelectuales y figuras de la cultura que se autodefinían en ese espacio del espectro político.

Estas condiciones ya no existen ahora; el contingente de migrantes está integrado de distintas y nuevas formas; las mayorías tienen acceso regular a servicios básicos; los trabajadores sindicalizados son ahora un segmento muy pequeño de la fuerza laboral; y los intelectuales ya no son atraídos por la izquierda. En los años 70-80 había varias reivindicaciones que levantar, ahora no hay ninguna comparable; quizá por eso las bases programáticas de las izquierdas suelen ser una colección de planteamientos aislados y sectoriales, lo que evidencia una pérdida de orientación.

Las izquierdas en el Perú del siglo XXI no han avanzado más allá del anti-extractivismo; no han sabido o no saben discutir y plantear temas de fondo, ni transmitir un mensaje inspirador. Las discusiones programáticas son sin duda importantes, pero también lo son aquéllas relacionadas con las estrategias y escenarios de actuación política. Sin embargo, muy poco de esto han hecho en los últimos años.

Todo lo mencionado muestra sus severas limitaciones para enfrentar la hegemonía neoliberal. La inexistencia de una fuerza comparable al PT brasileño, el Frente Amplio uruguayo o el MAS boliviano, es también un severo déficit para lograrlo.

La esperanza de la derecha es que la izquierda siga sin rumbo y dividida, y por tanto, reducida a una mínima expresión, dejando el espacio político nacional libre para sus distintas opciones, sin nadie que las inquiete seriamente. Desde una lógica que los economistas llaman sobreajuste –«overskilling»–, quieren anticiparse a toda posibilidad de surgimiento de una alternativa que cuestione el modelo económico y ponga en la agenda la discusión de temas de fondo.

Todo esto se puede enfrentar desde una voluntad y capacidad política consciente, la que hasta ahora no parece existir en las izquierdas. Su conversión en alternativa política viable pasa por lograr espacios o plataformas comunes, construir estrategias y desarrollar capacidades para llegar a amplios sectores de la población, organizarla y representarla, recogiendo sus demandas actuales. El período electoral que se avecina es una oportunidad para ello. Anteponer las candidaturas y las diferencias entre los distintos grupos a la construcción de un proyecto político, es un camino seguro a la derrota y a la marginalidad política.

desco Opina / 7 de noviembre de 2014 
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Elecciones y violencia en la Selva Central

Luego de las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre pasado, mientras la prensa capitalina se concentraba en construir el nuevo mapa político nacional, el interior del país se convertía en una fotografía de la frágil credibilidad de nuestro sistema electoral.

En la Selva Central las protestas generalizadas, las acusaciones de fraude, violencia en los centros de votación, agresiones a candidatos y a sus simpatizantes, han estado presentes durante el proceso. En el caso de Pasco los resultados trajeron un vencedor cuestionado: Klever Meléndez, Presidente Regional y candidato por Pasco Verde que actualmente se encuentra en prisión, alcanzó la segunda vuelta para la elección regional. Tal parece que las serias acusaciones de corrupción y los videos que fueron difundidos por la prensa nacional no mellaron la credibilidad del candidato frente a sus simpatizantes.

Del rosario de incidentes en el proceso electoral de la Selva Central, el más grave ha sido el asesinato de un candidato a la alcaldía de Pangoa que, si bien es cierto, sucedió días antes del 5 de octubre, anticipaba la necesidad de una mejor estrategia de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del proceso; antes, durante y después de las elecciones.

A pesar de que el criminal fue identificado y detenido, los ánimos de beligerancia que tensaron el proceso en los distritos electorales no se calmaron.  Durante esa misma semana en el distrito de Pichanaqui –a unos cuantos kilómetros de distancia– un grupo de desconocidos quemó la moto lineal de un candidato a regidor, método de amedrentamiento que sorprendió a los vecinos del sector denominado Villa Perené.

Del mismo modo, durante la semana post-electoral (antes y después del conteo de votos y anuncio de resultados oficiales) se registraron casos como agresiones a candidatos y sus simpatizantes en lugares como la ciudad de Oxapampa; una toma de carreteras en Puerto Bermúdez; y, quema de actas y cédulas de sufragio en varias otras localidades. En Oxapampa, las agresiones fueron dirigidas a un ex candidato quien luego de denunciar públicamente un fraude, sufrió una golpiza incluso registrada por un medio televisivo local. Pese a quedar demostrado desde cual tienda política provenía la acción criminal, hasta la fecha no se tiene conocimiento que se haya identificado y detenido a los responsables.

Mientras tanto, la toma de carreteras en Puerto Bermúdez vino acompañada de acusaciones graves hechas por manifestantes, quienes señalaban que la agrupación de la alcaldesa reelecta había «comprado» el apoyo de la ONPE, facilitando la existencia de «electores golondrinos». Esta y otras acusaciones que nunca pudieron ser demostradas, sirvieron de excusa para sitiar el palacio municipal; azuzar la quema de ánforas, cédulas de sufragio y actas de escrutinio de algunas localidades; tanto como para generar destrozos en centros de votación y movilizar a pobladores para bloquear el paso de vehículos en señal de protesta.

Lo cierto es que en esta jurisdicción –Puerto Bermúdez– la sombra de la corrupción ha estado presente varios meses antes del inicio de la campaña electoral. En este sentido, la reelección sólo ha exacerbado los ánimos de los pobladores y restado credibilidad a los procesos electorales en los que se sustenta nuestra democracia representativa.

Ante esta seguidilla de incidentes que afectaron la Selva Central, el Presidente Ollanta Humala formuló un llamamiento a la calma e instó al Congreso a legislar para definir límites a la participación de candidatos cuestionados e inmersos en actos de corrupción, lo que podría significar cerrar el acceso a los grupos de poder local y camarillas que, en muchos pueblos pequeños del país, manipulan a la población para reelegirse permanentemente y enriquecerse ilícitamente.

desco Opina - Regional / 31 de octubre de 2014

Programa Selva Central

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Un salto más allá del análisis de coyuntura

El asunto Oscar López Meneses nos recuerda no sólo que el llamado montesinismo vive y mantiene efectivas las redes tejidas por la mafia orquestada durante el gobierno de Fujimori. También nos muestra una dimensión radicalmente pragmática de la política local, al quedar claro los variados intereses que para su juego propio, intentan usar a este personaje gris: desde dilucidar conflictos entre policías y militares, hasta definir posiciones entre el gobierno y el fujimorismo, o el Poder Judicial y el Ejecutivo, entre otros frentes.

El caso, entrampado en dimes y diretes, es útil para mostrar la facilidad con que la atención pública –la de los medios y de los políticos de turno– se dirige hacia asuntos de aparente turbiedad, dejando lejos del escrutinio ciudadano, decisiones ahora mismo en curso para enfrentar al menos tres escenarios definitorios: la seguridad en el país, la eventual crisis económica y el futuro de las regiones luego de las elecciones de octubre.

La interpelación al ministro del Interior sobre su teatral desempeño confirma las limitaciones de nuestros congresistas para fiscalizar las políticas de Estado. Con las honrosas salvedades de Marisol Pérez (PPC), Rosa Mavila y Verónika Mendoza (Frente Amplio-AP), quienes le dieron dimensión política a la visita de Urresti al Parlamento, los demás congresistas naufragaron en lo insustancial, la chabacanería en el caso del fujimorismo, y la defensa acrítica y populista, del oficialismo, para quienes el del Interior es un ministro «exitoso» a quien se le interpela por que los peruanos somos por naturaleza envidiosos del éxito ajeno.

En el frente económico, una ola negra parece estarse formando en el horizonte y quienes administran la precaria bonanza peruana intentan ocultar lo evidente. Basta compararnos con los logros que exhiben hoy los gobiernos de Chile, Ecuador y la hasta hace poco menospreciada Bolivia, y lo que trabajan sus ministros de economía para resistir el embate, para saber que en el Perú hemos desperdiciado el ciclo de alza del que se benefició la economía nacional y permitió navegar «en automático» al gobierno de García tanto como al de Humala.

Al parecer, a diferencia de la crisis financiera del año 2008, ésta viene incubando desde hace tres años tendencias de naturaleza más profunda para la cual solo contamos con algunos ahorros que esta misma crisis se podría tragar. La educación, la salud, la diversificación productiva, el desarrollo agrario interno del país están con notas desaprobatorias y la lista de lo importante que no se ha hecho pero que debimos hacer aprovechando la bonanza, es dramática.

Un dato duro para el flujo de caja –y para la doctrina del chorreo– es que los proyectos mineros están bajando de velocidad, si no parando, y no necesariamente por conflictos con poblaciones que se resisten, sino como proyección y efecto de la crisis internacional (en nuestro caso principalmente por la menor demanda china de cobre). Las únicas salidas que imagina el gobierno parecen ser otorgar mayores facilidades al capital extranjero (incluida la relajación de la norma ambiental), iniciativas para bajar el IGV, –incluyendo lo que le toca al Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  visto como fuente de corrupción– y establecer una reforma laboral que es en realidad otro «paquetazo» que reducirá beneficios y derechos a las y los trabajadores, a la medida de lo que exigen las insaciables Confiep y la SNI.

Los resultados globales de octubre y la pronta segunda vuelta en más de la mitad de las regiones, más que renovar el horizonte de la descentralización, aceleran la tendencia dictada a conveniencia desde el MEF: concentrar recursos, cerrar las arcas regionales y reducir el «ruido» político, así como tener una estrategia –no muy brillante, pero suficiente para la tribuna– que permita contar con cierta caja para los malos tiempos. En resumen: media docena de gobiernos potencialmente anti mineros, un buen grupo de candidatos ganadores o en competencia, que tienen juicios y pueden ser inhabilitados por sentencias, y un voto antigobiernista concentrado, por razones quizá opuestas, en Cajamarca y Madre de Dios.

En lugar de atender esto, seguimos entretenidos en procesos puramente coyunturales y en la construcción de estrategias políticas para las cada vez más próximas elecciones generales del 2016.  ¿Cómo superar esta situación y abordar temas verdaderamente de fondo para el futuro del país y sacudirnos de esta inercia?

desco Opina / 24 de octubre de 2014 
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