La huelga de los derechos

En las últimas semanas los hechos vinculados a las manifestaciones de los maestros en huelga han generado una serie de tensiones con los ministerios, pero a la vez también, con varios sectores de la población. Esta protesta iniciada en Cusco en el mes de junio pasado, se extendió a varias regiones y no tiene visos de solución en el corto plazo, debido a que la representatividad no está centralizada y los interlocutores originalmente reconocidos por el Estado no tienen capacidad de decisión para levantar esta medida de protesta. A esta conflictiva situación, se han agregado las demandas de la Federación Médica, la cual ha ocasionado serios malestares en amplios sectores de la población.

En las ciudades del interior las manifestaciones cotidianas ya han alterado la vida cotidiana y han logrado –como en el caso de Huancayo y Huancavelica– que grupos de padres de familia se sumen a las protestas. En el VRAEM las movilizaciones de los docentes se han hecho sentir con arengas en contra del gobierno y también de Patria Roja, organización política que desde hace varios años ostenta la dirigencia central del SUTEP pero que es desconocida en su legitimidad por una parte de los huelguistas.

El gobierno, la dirigencia central del SUTEP y un amplio sector de la prensa no han tenido reparos en señalar que las verdaderas motivaciones de la huelga de los docentes, obedecen a intereses de carácter desestabilizador promovidos por dirigentes vinculados al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso); situación que no ha podido ser desmentida por sus dirigentes. De ser real esta manipulación política de los docentes, la sensibilidad del VRAEM hace temer un recrudecimiento de las acciones armadas en esta zona ya que estos maestros tienen trato directo con los pobladores de los caseríos más aislados en donde los servicios y alcances del Estado son limitados o inexistentes.

Cuando se agotan los canales de negociación, la huelga es un derecho de los trabajadores del sector público y privado constitucionalmente reconocido por el Estado peruano. Sin embargo, estas mismas normas reconocen que las huelgas deben mantener ciertos criterios para que no se afecten los derechos de terceros; situación que ha ocurrido cuando los docentes manifestantes han bloqueado carreteras e inclusive las pistas de aterrizaje de varios aeropuertos del interior poniendo en peligro la integridad física de los usuarios. El bloqueo de carreteras también ha afectado la economía de las localidades que buscaron aprovechar los feriados largos para generar recursos para sus familias a través del turismo.

La dirigencia del SUTEP señaló que ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para el aumento de los salarios y en esa misma lógica se firmó un acuerdo con los gobernadores regionales y el Ministerio de Educación; acta de entendimiento que no es reconocida por muchos de los profesores en protesta. La lectura inmediata es que el gobierno no ha sido capaz de afrontar la situación, porque no ha logrado establecer canales de diálogo y negociación con representantes de los huelguistas que tengan capacidad de decisión para levantar la medida de fuerza. El pliego de reclamos que se esgrime desde el interior es distinto al que entienden los dirigentes limeños a quienes se les acusa de haberles dado la espalda a las verdaderas necesidades laborales de los docentes rurales.

Si de derechos hablamos: ¿dónde queda el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes? En diversas zonas del Perú este cese de las actividades escolares se suma a la suspensión de clases por los fenómenos climatológicos de inicios de año. Existen proyecciones que ya auguran que sería imposible recuperar las horas lectivas, lo que indefectiblemente derivará en la pérdida del año escolar a pesar de que desde el MINEDU se establecen y diseñan propuestas para que esto no ocurra. La concentración de docentes que desde distintos puntos se trasladaron hacia la capital avizora que la solución está lejos del alcance en el corto plazo, y que el incumplimiento oportuno de la promesa de aumentos que hizo PPK en campaña le pasará factura a los estudiantes.

desco Opina - Regional / 11 de agosto de 2017

Programa Regional Centro

Tía María III: los desafíos de lograr un acuerdo

En estos últimos días se ha comenzado a hablar de posibles salidas a la huelga que ha paralizado al valle de Tambo por más de seis semanas, a raíz de la oposición de un importante sector de población al proyecto Tía María de Southern. Por un lado, las principales cabezas de las movilizaciones han pedido ya la mediación de la Defensoría del Pueblo y, por otro lado, el gobierno, se estaría allanando a la fórmula que antes rechazó: someter el EIA de Southern a la revisión de una entidad independiente.

Más de cuarenta días de paro y movilizaciones ejercen un evidente efecto de desgaste en la población, con innegables pérdidas económicas y paralización de clases. La próxima temporada de cosechas en un valle altamente integrado al mercado nacional y regional debe preocupar también a los productores de la zona; la pérdida de estas sería insostenible para la economía local. El gobierno nacional, por su parte, parece ir admitiendo ya la inviabilidad del proyecto sin un alto costo político y social que, entrando a su último año de gestión, no estaría dispuesto a afrontar.

Se vislumbra así una primera salida al escalamiento del conflicto durante estas semanas, pero las cosas parecen más complicadas que buscar un mediador y sentarse a pactar condiciones para el levantamiento de la huelga, el cese de la violencia y el retiro de las fuerzas policiales del valle. Un problema fundamental sería, actualmente, la real capacidad que tienen los líderes visibles de la movilización (alcaldes distritales y dirigentes sociales) para hacer un arreglo aceptable por sus bases, especialmente, por las más activas y radicales.

Como se evidenció desde el primer día, el conflicto de Tía María no cuenta con un liderazgo indiscutible; con el transcurrir de las semanas, se habrían ido sumando nuevos actores al conflicto: grupo de aymaras de Puno, de la línea de Walter Aduviri; afiliados a sindicatos de construcción civil, supuestos militantes del MOVADEF; entre otros. Una mención especial merecen los denominados «espartambos», jóvenes aparentemente locales, presuntamente licenciados de las fuerzas armadas, cuya participación en las movilizaciones evidencia un innegable grado de organización propia, que con frecuencia se enfrentan violentamente a la policía, habiéndose convertido hoy en una suerte de «barra brava» a la que nadie parece controlar.

El escenario de negociaciones se presenta entonces complejo y difícil; por un lado, va a ser complicado lograr un arreglo entre el gobierno nacional y los líderes de la protesta en el cual debería sin duda participar la gobernadora regional de Arequipa y otros sectores del departamento, para poner en marcha un proceso que desembocaría en un acuerdo definitivo aunque incierto y sin fecha preestablecida.

Por otro lado, y considerando cómo se ha puesto la situación en el valle, otro punto en cuestión, la premisa para un arreglo más efectivo, es el acuerdo al que lleguen los distintos actores y fuerzas que actúan hoy allí en oposición a Tía María. Una pregunta de respuesta por ahora incierta es cómo los liderazgos visibles de la zona pueden hacerles aceptar a todos, o la mayoría de los grupos, una salida que implique el fin de la violencia y de la huelga.

Se abren entonces al menos tres escenarios posibles en este campo: uno primero, más bien optimista, en el cual los alcaldes y dirigentes sociales logran que el grueso de los actores sociales acepten unas condiciones mínimas para llegar a un acuerdo con el gobierno y cesar la huelga y la violencia. Un escenario intermedio, en donde aquéllos logran una alianza con la mayoría de actores y aíslan o se desmarcan de los grupos más intransigentes que quieren continuar las movilizaciones a toda costa; y un escenario pesimista, en el que las autoridades y dirigentes sociales pierden el liderazgo del movimiento y se abre paso a una situación de enfrentamiento con consecuencias imprevisibles.

Estas opciones hacen más que nunca necesarias la cautela y la prudencia que todos los actores de la negociación en ciernes deben tener, particularmente del gobierno nacional, que es en última instancia quien detenta el control de las fuerzas policiales y de las entidades del sector encargadas del complejo problema (Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, Agricultura, Interior). Es un momento de tender puentes y «enfriar el partido», evitando hacerle el juego a opciones radicales.

No deja de ser paradójico que el liderazgo del gobierno nacional en este proceso haya recaído en el Ministro de Agricultura, cuyo sector es el menos involucrado en el asunto. Energía y Minas, muy celoso de sus competencias en etapas anteriores del proceso, cuando triunfalmente se creía haber logrado la aprobación del EIA y aislado a los opositores, se opuso a la participación de una entidad especializada en prevención de conflictos como la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora aparenta bajar el perfil, justo cuando la situación se puso al rojo vivo, principalmente por sus propios errores. En el fondo, estamos lamentablemente, ante un Estado que no se encuentra preparado para lidiar con estas situaciones.

desco Opina / 8 de mayo de 2015
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La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.

El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.

La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.

No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.

El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.

La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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