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viernes

A seis semanas de las elecciones, así son las cosas

 

El escándalo de las vacunas es un nuevo golpe a la desconfianza que se ha instalado en nuestra sociedad y que está significativamente en la política, pero va mucho más allá de ella, es muy profunda y de larga duración. Si la última versión del Barómetro de las Américas nos mostraba como el país de la región con menor apoyo al sistema político (41.7%) y aquél donde el 95% de los encuestados creía que la mitad o más de los políticos son corruptos; el Latinobarómetro evidenciaba para el mismo período que el 85% de encuestados consideraba que la democracia era el gobierno de los poderosos para su beneficio y, lo que es más grave, apenas el 11% creía en la confianza interpersonal. Para que no queden dudas, a inicios de la pandemia (marzo 2020), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), nos indicaba que los partidos políticos eran la institución que generaba menor confianza en la gente (3%), superados apenas por el Congreso de la República (4.3%).

En este marco en el que se desconfía de instituciones públicas y privadas, pero tampoco se cree en la gente, los sucesos de los últimos días abundan en argumentos en esa dirección. Más allá de cargos, trayectorias, ocupaciones y responsabilidades, e independientemente de prestigios y reconocimientos previos, resulta muy difícil encontrar razones para la fe en el otro, menos aún en instituciones públicas que a lo largo de décadas nos acostumbraron al desengaño, o de importantes sectores privados que, en la pandemia –por si hiciera falta– revelaron su entraña.

Si la revelación de lo hecho por Martín Vizcarra, dos exministras, varios viceministros y muchos altos funcionarios era escandalosa, pero no una sorpresa total, la irresponsabilidad de los científicos a cargo de los ensayos de Sinopharm y de algunas de las principales autoridades de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, dos de las más importantes y prestigiadas del país, es un golpe particularmente duro, como lo es encontrarse con el Vicepresidente del propio Colegio Médico. Por cierto, más duro que descubrir en la lista de privilegiados por sus contactos y vínculos con el poder a una conocida lobbista, a la plana mayor de un prestigioso laboratorio clínico o a los parientes y amigos de los funcionarios más visibles e importantes de la lista.

Más allá de la total falta de ética y de la responsabilidad más elemental, aunada en varios casos al probable delito y a la traición a distintos juramentos –desde el político hasta el hipocrático–, lo que llama la atención e indigna más, son las explicaciones y justificaciones que han dado varios de los distintos involucrados e involucradas. Desde el miedo hasta el ya tristemente célebre «así funcionan las cosas», asistimos a una dramática normalización del todo vale y el sálvese quien pueda, –presentes a lo largo de nuestra historia republicana e incentivada por el discurso individualista y exitista del neoliberalismo peruano, sustentado en los intereses particulares y de corto plazo tanto como en el amiguismo y el compadrazgo–, que cada día hace más difícil imaginar y construir un futuro político común y un sentido mínimo de país.

Así las cosas, a seis semanas de las elecciones, el desánimo y el desinterés en ellas que registran las últimas encuestas realizadas antes del escándalo –Datum muestra que apenas el 18% tiene su voto decidido, CPI encuentra que el 48.9% votará en blanco o no sabe por quien hacerlo–, puede agravarse en los próximos días. Ipsos Apoyo encontraba que la desaprobación del presidente Sagasti (51%) ya era mayor que su aprobación, que el porcentaje de gente que no sabe por quién votará o lo hará en blanco o viciado creció cuatro puntos en relación a enero, donde 38% en el medio rural, 37% en el norte del país y 42% en el estrato E, se encuentran en esa situación.

En este escenario, el aprovechamiento político y mediático del escándalo, que no niega la urgencia de una investigación inmediata y de las sanciones más duras posibles de acuerdo a la responsabilidad de cada quien, no alcanza a esconder las profundas raíces del patrimonialismo, enquistado en todos los sectores y espacios de nuestra vida, no sólo en la política; menos aún, las debilidades de nuestro tejido social que no termina de salir de su mezcla de sorpresa, indignación y pesar por comportamientos que se expresan diariamente en el funcionamiento de la sociedad, la economía y la política. En un contexto de esta naturaleza, frente a límites y desafíos de este calado, no debe sorprendernos la distancia que la gente muestra de unas elecciones que no parecen encaminadas a atender nuestros problemas de fondo.

 

desco Opina / 26 de febrero de 2021

Las dos caras de la indignación en el Sur

 

El 15 de febrero, diez provincias del sur entraron en una cuarentena estricta, y con ella continuaron las protestas, que se iniciaron una semana antes en Puno al ser considerada por el Ejecutivo en nivel de riesgo extremo.

Tanto en Puno como en Arequipa, las protestas fueron encabezadas por comerciantes de pequeños centros comerciales, pues el cierre de sus establecimientos supondría la última estocada a sus negocios, sobre todo porque los malls no han sido medidos con la misma vara, pues allí se ha ordenado reducir el aforo, pero no el cierre como a ellos. En las provincias como Caylloma, los más afectados con la medida son los emprendedores, pues en sectores como el turismo comunitario no lograron reactivarse durante la pequeña ventana que se abrió entre la primera y segunda ola.

Lo cierto es que, el gobierno se ha visto precisado a tomar esta dura decisión ante el incremento de contagios y muertes que se registran en esta parte del país, pero, sobre todo, para que no vuelvan a colapsar los sistemas de salud, teniendo en cuenta que los hospitales no llegaron a ponerse a punto y el oxígeno también se ha convertido en un bien escaso por estos lares.

La nefasta gestión de Elmer Cáceres Llica no cumplió con el plazo –que culminaba en diciembre– para mejorar e implementar diversos ambientes del principal hospital covid de Arequipa, el Honorio Delgado. Cabe precisar que durante el 2020 Arequipa recibió el presupuesto más elevado –a excepción de Lima– para luchar contra el Coronavirus, la suma de S/ 9 360 826. Por otro lado, Cáceres continúa con la cantaleta para que le permitan adquirir la vacuna rusa para los arequipeños, sin importar que hace poco se descubriese un intento de estafa, en el que una clínica y una empresa están comprometidos, y pese a su comprobada incapacidad ejecutiva. La cereza del pastel fue convocar a la población para la inauguración de una obra pública el fin de semana previo a la cuarentena rígida, hecho que provocó aglomeraciones.

En Puno, podrá haber protesta; pero sabemos de buenas fuentes que la población no ha estado actuando precisamente con cautela frente al Covid. Si bien la fiesta de La Candelaria no estuvo en las calles, se ha festejado en barrios y casas. De igual forma, en los pueblos no han cesado los festejos por los carnavales. Esta situación probablemente desencadene que, a finales de mes, Puno iguale su pico de muertos por día de la primera ola. Los médicos de la región también están preocupados, pues la situación ya se les está escapando de las manos.

Los indignados, empresarios y médicos, están enfrentados en esta segunda ola. Ya a finales de enero, los médicos en Arequipa estuvieron pidiendo cuarentena estricta los fines de semana por miedo a contagiarse y que el sistema colapse, y las cifras de estas últimas semanas le han dado contenido a su pedido. Los empresarios de Arequipa, por otro lado, han pedido sólo bajar los aforos para no perjudicar al sector; pero también están presionando para que se les autorice a conseguir vacunas para ofrecerlas al mejor postor, solicitud que a la vista de los últimos acontecimientos, puede conseguir adeptos, quitándole más piso al Estado.

Nuevamente estamos con pronóstico reservado. Veamos cómo nos recibirá marzo, y cuál indignación pesará más a la hora de tomar decisiones.

 

 

desco Opina - Regional / 19 de febrero de 2021

descosur

La huelga de los derechos



En las últimas semanas los hechos vinculados a las manifestaciones de los maestros en huelga han generado una serie de tensiones con los ministerios, pero a la vez también, con varios sectores de la población. Esta protesta iniciada en Cusco en el mes de junio pasado, se extendió a varias regiones y no tiene visos de solución en el corto plazo, debido a que la representatividad no está centralizada y los interlocutores originalmente reconocidos por el Estado no tienen capacidad de decisión para levantar esta medida de protesta. A esta conflictiva situación, se han agregado las demandas de la Federación Médica, la cual ha ocasionado serios malestares en amplios sectores de la población.
En las ciudades del interior las manifestaciones cotidianas ya han alterado la vida cotidiana y han logrado –como en el caso de Huancayo y Huancavelica– que grupos de padres de familia se sumen a las protestas. En el VRAEM las movilizaciones de los docentes se han hecho sentir con arengas en contra del gobierno y también de Patria Roja, organización política que desde hace varios años ostenta la dirigencia central del SUTEP pero que es desconocida en su legitimidad por una parte de los huelguistas.
El gobierno, la dirigencia central del SUTEP y un amplio sector de la prensa no han tenido reparos en señalar que las verdaderas motivaciones de la huelga de los docentes, obedecen a intereses de carácter desestabilizador promovidos por dirigentes vinculados al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso); situación que no ha podido ser desmentida por sus dirigentes. De ser real esta manipulación política de los docentes, la sensibilidad del VRAEM hace temer un recrudecimiento de las acciones armadas en esta zona ya que estos maestros tienen trato directo con los pobladores de los caseríos más aislados en donde los servicios y alcances del Estado son limitados o inexistentes.
Cuando se agotan los canales de negociación, la huelga es un derecho de los trabajadores del sector público y privado constitucionalmente reconocido por el Estado peruano. Sin embargo, estas mismas normas reconocen que las huelgas deben mantener ciertos criterios para que no se afecten los derechos de terceros; situación que ha ocurrido cuando los docentes manifestantes han bloqueado carreteras e inclusive las pistas de aterrizaje de varios aeropuertos del interior poniendo en peligro la integridad física de los usuarios. El bloqueo de carreteras también ha afectado la economía de las localidades que buscaron aprovechar los feriados largos para generar recursos para sus familias a través del turismo.
La dirigencia del SUTEP señaló que ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para el aumento de los salarios y en esa misma lógica se firmó un acuerdo con los gobernadores regionales y el Ministerio de Educación; acta de entendimiento que no es reconocida por muchos de los profesores en protesta. La lectura inmediata es que el gobierno no ha sido capaz de afrontar la situación, porque no ha logrado establecer canales de diálogo y negociación con representantes de los huelguistas que tengan capacidad de decisión para levantar la medida de fuerza. El pliego de reclamos que se esgrime desde el interior es distinto al que entienden los dirigentes limeños a quienes se les acusa de haberles dado la espalda a las verdaderas necesidades laborales de los docentes rurales.
Si de derechos hablamos: ¿dónde queda el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes? En diversas zonas del Perú este cese de las actividades escolares se suma a la suspensión de clases por los fenómenos climatológicos de inicios de año. Existen proyecciones que ya auguran que sería imposible recuperar las horas lectivas, lo que indefectiblemente derivará en la pérdida del año escolar a pesar de que desde el MINEDU se establecen y diseñan propuestas para que esto no ocurra. La concentración de docentes que desde distintos puntos se trasladaron hacia la capital avizora que la solución está lejos del alcance en el corto plazo, y que el incumplimiento oportuno de la promesa de aumentos que hizo PPK en campaña le pasará factura a los estudiantes.

desco Opina - Regional / 11 de agosto de 2017
Programa Regional Centro