Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.
En
septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el
primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades
acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen
aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A
ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían
parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes
se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos
estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una
nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades
de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los
habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido
asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a
más del 60% de las empresas del ramo.
La
medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el
centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la
responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la
situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con
la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el
Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos
poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la
seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no
preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba
porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el
jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas
de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos
congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia;
uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro,
sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y
usar una lámina antibalas.
Más
allá de la fanfarria autoritaria que comparten –estado de emergencia, pena de
muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de
protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes–, Ejecutivo y
Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un
gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única
novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética
parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora
Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como
con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las
distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio,
responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y
dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el
gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la
mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su
Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco
horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos
días, dio
cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la
policía o la realización de 291 516 operativos..
En el
caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las
modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa
en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una
responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con
un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del
allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del
abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal
en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de
lesa humanidad y un
largo etcétera más.
Estamos
advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa
especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la
institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su
impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días.
La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de
Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces
supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta
Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del
artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la
posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian
el juego en curso. Estamos
frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para
asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con
firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones
del 2026 sirvan para cambiar algo.
desco Opina / 16 de abril de 2025
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