Redistribuir el IGV, repensar el Impuesto a la Renta

 

El 21 de mayo último, el Congreso de la República aprobó una norma que modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV). Hasta ahora, de los 18 puntos porcentuales de este impuesto, sólo dos se destinaban directamente a los gobiernos locales. La nueva ley eleva esa proporción a cuatro. Detrás de esta cifra se esconde una promesa largamente acariciada por las más de dos mil municipalidades del país: contar con más recursos para atender las necesidades de sus comunidades. Y no es poca cosa, si se considera que muchas de ellas apenas logran cubrir sueldos básicos o servicios mínimos.

Sin embargo, la discusión pública no se ha centrado en esta problemática tan ajena a la tecnocracia limeña. El exministro Waldo Mendoza ha sentenciado que esta es “La ley fiscal más dañina del siglo”. Luis Miguel Castilla fue más drástico aún: “Voy a decir algo que jamás pensé decir: el manejo técnico en el MEF de Pedro Castillo fue mejor que el actual”. La reacción del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ha sido sorprendente: ha afirmado que la norma no “impactará en el gasto público” y que “están de acuerdo con ella”. Una postura que, lejos de expresar preocupación por el impacto fiscal, sugiere más bien una abdicación del rol rector que históricamente ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No se trata de una defensa técnica ni de un desacuerdo estratégico, sino de una convalidación política, sin mayor fundamento visible.

A este debate se suma otro ingrediente, político, pero no irrelevante. Se ha difundido la narrativa –con fuerza en medios y redes– que, el origen de la ley se encontraría en un proyecto impulsado por el actual presidente del Congreso, quien pertenece al partido de César Acuña. En tanto que, el mismo partido controla una porción considerable de gobiernos locales y regionales desde los últimos comicios, la norma recientemente aprobada no solo sería técnicamente cuestionable, sino también funcional a una estrategia de empoderamiento territorial partidario, a costa del erario nacional.

¿Hay algo de eso? Es posible. La política peruana hace rato que dejó de distinguir entre interés público e interés faccioso. Pero que el cálculo político esté presente no deslegitima una demanda estructural: los gobiernos locales están financieramente asfixiados y han sido postergados sistemáticamente por el centralismo limeño y, en no pocos casos, por el centralismo de sus propios gobiernos regionales. Reducir esta medida a una “movida de poder” ignora un problema real que ya no puede seguir siendo evadido. No por gusto la norma ha sido aprobada por unanimidad en ambas votaciones.

Este es, en el fondo, el dilema: ¿cómo financiamos el desarrollo de los territorios sin desarmar al Estado nacional? La nueva norma parece responder a ello con un atajo: quitarle al centro para darle a la periferia. Pero como ocurre con frecuencia en nuestra política fiscal, se decide alterar la distribución sin discutir de fondo la estructura del sistema. No sorprende que se haya tocado el IGV y no otro impuesto.

Porque ese es el verdadero elefante en la sala: el problema no es solo la redistribución del IGV, sino la excesiva dependencia del Estado peruano respecto de este tributo indirecto, profundamente regresivo. Según la última Nota Tributaria de la SUNAT, el IGV representa el 56.8% de toda la recaudación tributaria nacional del 2024, mientras que el Impuesto a la Renta apenas alcanza el 42%. En otras palabras, el sostenimiento del Estado recae principalmente sobre el consumo generalizado –incluyendo a los más pobres–, no sobre la capacidad real de pago de las personas y empresas.

Y aquí es donde el debate necesita mayor profundidad. ¿Por qué no hemos discutido seriamente una reforma del Impuesto a la Renta? ¿Por qué nos escandaliza tocar dos puntos del IGV antes que reconocer que el sistema tributario sigue premiando la evasión, la renta informal y las brechas estructurales de recaudación?

Una reforma del Impuesto a la Renta sería muy impopular, sin duda, pero también necesaria. Implicaría corregir exoneraciones, mejorar la fiscalización, revisar tramos, y, sobre todo, hacer que quienes más ganan aporten proporcionalmente más. Se necesitaría valentía política, una administración tributaria fortalecida, pero, sobre todo, voluntad de diálogo técnico y político.

El Congreso ha optado por una salida imperfecta, que atiende una demanda legítima, pero lo hace sin repensar la lógica tributaria. El mismo que premia, entre otros, a los principales agroexportadores con la prolongación de exoneraciones tributarias sin ninguna justificación. La tecnocracia ha respondido con alarma, con razón, pero muchas veces sin ofrecer alternativas que incorporen las urgencias de los territorios. Y el MEF, en lugar de liderar el debate, parece haber decidido simplemente no darlo.

Lo que se necesita ahora no es una marcha atrás, sino un debate más amplio. Que el IGV financie menos al gobierno central puede ser un problema, pero el verdadero error sería no aprovechar esta coyuntura para rediseñar el sistema tributario en su conjunto. No se trata solo de cuánto le toca a cada nivel de gobierno, sino de quién paga y cómo se recauda. Se trata de pensar en una lógica tributaria directa donde tienen que pagar más, quienes más ganan.

La redistribución del IGV no será la solución mágica para el desarrollo de los municipios, que por lo demás tienen problemas de ejecución porque no se hace nada para fortalecer y desarrollar sus capacidades, pero tampoco puede ser descalificada desde una mirada exclusivamente técnica o desde el cálculo político inmediato. Es una señal –confusa, sí, pero legítima– de que los territorios exigen un lugar en la mesa fiscal. Y eso, nos guste o no, obliga a mirar directamente al Impuesto a la Renta.

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2025

La coalición autoritaria acelera el modo “elecciones”

 Las encuestas recientes, que empiezan a multiplicarse como parte del modo “elecciones” que los políticos de la escena oficial y los medios empiezan a imponer, no traen mayores novedades sobre la aprobación de la señora Boluarte y el Congreso de la República. Reducida en ambos casos a prácticamente un error estadístico, su desaprobación alimenta el descrédito de la democracia en el país, que nos ubica entre los países con mayor desconfianza en ella en los distintos estudios regionales como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. La reciente medición del Instituto de Estudios Peruanos, muestra que un 37% declara no confiar para nada en las elecciones, sobre todo en las zonas rurales, entre los más pobres y en el norte, sur y oriente del país, frente al 8% que afirma confiar mucho en ellas, mayoritariamente en Lima y en los estratos altos. Usando una escala de confianza en elecciones que va de 1 a 7, dicha encuesta establece tres categorías de confianza –baja, intermedia y alta–, mostrando que 49% manifiesta escasa confianza en estos procesos

No obstante, éstos y otros datos en la misma dirección, la coalición autoritaria en el gobierno, Congreso y Ejecutivo, cada uno a su manera y en función a sus propios intereses, organizan sus acciones para hacer de las elecciones próximas el centro de sus decisiones y orientaciones, convencidos de que por esa vía tranquilizarán las aguas de los malestares permanentes que generan, terminarán de construir en muchos casos los blindajes legales que requieren para su impunidad y garantizarán su reproducción futura.

La mandataria, combina su enfrentamiento virulento con la Fiscal de la Nación que le ha presentado cinco denuncias constitucionales, con la multiplicación de sus innumerables mentiras –desde los Rolex y las cirugías hasta la supuesta invitación a Estados Unidos que le habría hecho el vicepresidente de ese país en su encuentro en El Vaticano–, con el apuro por aumentarse el sueldo, haciendo creer que no tiene vínculo con la descabellada iniciativa, así como con el estilo malcriado que dejó al presidente colombiano con la mano estirada en Quito, y el tormento al que somete a los escolares en sus inauguraciones con sus agresiones a los medios de comunicación y las agencias encuestadoras. Todo ello, acompañado de su subordinación y su negociación permanente con el Congreso de la República, en un escenario, según evidencia la encuesta del IEP, en el que 62% y 58% indican que las grandes empresas y el Congreso influyen mucho en el gobierno, mientras 37% identifica a Keiko Fujimori como la figura con mayor influencia en el gobierno, seguida por Cerrón y César Acuña.

El Congreso, por su lado, interesado en asegurar su control de las instituciones electorales y del conjunto del futuro proceso, elimina a sus competidores, busca reducir a sus críticos y garantizar todas las condiciones que les aseguren su futuro en la próxima representación, sin dudar en traspasar toda barrera que se los impida, como lo evidencian cotidianamente con sus decisiones. Claros en su poder político sobre Boluarte, hacen crecientemente del manejo populista de la economía, un arma adicional en la búsqueda de “simpatías” que esperan se traduzcan en votos futuros en sus pretensiones reeleccionistas.

Así, sin ningún estudio ni sustento técnico aprobaron un proyecto de ley que busca cambiar la composición del Impuesto General a las Ventas desde el 2026. La norma aprobada en el Congreso mantiene la tasa en 18% pero reduce a 14% la participación del gobierno nacional e incrementa al 4% la del Impuesto de Promoción Municipal que hace parte de aquél. 10 000 millones de soles menos para los gastos e inversiones del nivel central. La medida no significa necesariamente que el gobierno nacional disminuye las transferencias a los gobiernos locales por ese monto, lo que representa un riesgo fiscal significativo si eso no ocurre y el gasto aumenta. Máxime cuando el Ejecutivo de Boluarte comparte el mismo ánimo populista y buscando el apoyo de los gobiernos locales a su interés de supervivencia hasta el 2026, anuncia desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un incremento en la regla del déficit fiscal como parte del crecimiento del gasto, lo que, sumado a la incapacidad de generar ingresos sostenibles, está llevando paulatinamente a un mayor endeudamiento público.

En este estado de cosas, con una opinión pública desconfiada de las elecciones, con 71% de peruanas y peruanos que creen que es probable que la campaña electoral resulte financiada por la minería ilegal, con 82% convencida que el poder de aquella ha influido en el Congreso y en las autoridades regionales, en un país en el que según el último informe del Latinobarómetro, apenas 10% se decía satisfecho con la democracia, es evidente que el divorcio entre la percepción ciudadana y el accionar de la mandataria y los representantes, de los políticos de manera más general, está claramente presente.

Las futuras elecciones, que a todas luces no serán competitivas, enfrentan problemas más de fondo que la eventual participación de 43 listas, lo que ciertamente es un problema grave. La aceptación en el escenario electoral, que muestran figuras como Martín Vizcarra, Pedro Castillo o Antauro Humala, más allá de si pueden o no ser candidatos a alguna forma de representación o no, son un mensaje claro para una clase política que sigue mirándose el ombligo.

 

 

desco Opina / 30 de mayo de 2025 

Las agendas de la sociedad civil en las regiones

 

El pasado 8 de mayo se realizó el seminario “Voces desde las regiones en defensa de la democracia”, congregando a colectivos y coordinaciones de la sociedad civil de siete regiones del país, La libertad, Cajamarca, Áncash y Piura por la macrorregión Norte; y Apurímac, Cusco y Arequipa de la macrorregión Sur. A lo largo del 2024 realizaron foros para analizar y generar respuestas frente a la profundización de la crisis política y la precarización de la democracia en el país, logrando formular agendas regionales que se expusieron durante el seminario. Estas iniciativas fueron estimuladas por la ejecución del proyecto Perú Conversa promovido por Idea Internacional en alianza con ONG locales, implementándose en 15 regiones.

El deterioro de la democracia tiene como componente central la crisis de los partidos políticos y el sistema de representación que se expresa también en la debilidad de las organizaciones sociales y, particularmente, en las organizaciones gremiales sindicales, poblacionales y rurales.

Esfuerzos de articulación de la sociedad civil se han realizado en distintos momentos a través de convocatorias a reuniones descentralizadas como el Acuerdo Nacional las cuales resultaron irrelevantes por la ausencia de iniciativas o acciones frente a la crisis, mostrando una disminuida capacidad de convocatoria. De otro lado, se establecieron articulaciones como la Coalición Ciudadana, integrada por alrededor de 300 instituciones con el propósito de recuperar la política para la ciudadanía; y la Plataforma Democrática como espacio de concertación frente a la ofensiva autoritaria. Ambas instancias han emitido reiterados pronunciamientos con una muy limitada incidencia, pues el Congreso y el Ejecutivo mantienen invariable el curso de aprobación de leyes que modifican o vulneran la Constitución y nuestra democracia representativa. El actual Congreso tiene el claro objetivo de asegurar su consolidación en el poder en el proceso electoral convocado para el 2026.

En un contexto desfavorable para el país representan un esfuerzo valioso las iniciativas de articulación, concertación y encuentro realizadas desde la sociedad civil, con el propósito de formular alternativas y respuestas ante el agravamiento de la crisis política y la ofensiva conservadora que, a través de la alianza entre el Gobierno y el Congreso, está administrando el Estado con el fin de mantener sus intereses y el poder.

Las agendas formuladas tienen múltiples coincidencias en la demanda por una modificación del rol que tiene hoy el Estado, el cual ha fracasado en la prestación de los servicios básicos de salud y educación, o en la dotación de empleo digno para los miles de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Pero también comparten la exigencia por incorporar prácticas de transparencia en la gestión pública, que solo será posible con una auténtica participación ciudadana en la gestión del territorio, priorizando la sostenibilidad ambiental, una economía inclusiva y la superación de las brechas territoriales y sociales que afectan con especial énfasis a las mujeres y jóvenes. En suma, son un conjunto de planteamientos que podrían ser base de un programa de reformas a ser encaradas con urgencia por el próximo Parlamento. Decimos próximo, porque de este no se puede esperar nada.

Pese a estos esfuerzos, aflora aún un vacío de liderazgos políticos capaces de articular el descontento y la frustración ciudadana, y movilizar a la población más allá del espontaneísmo y las buenas intenciones de sectores que frente a la precarización de la vida, muestran su rechazo permanente a la coalición autoritaria que ejercer el poder. Así, el escenario de fractura y la crisis de representación con la atomización y abundancia de “partidos políticos”, representan el gran reto para las fuerzas democráticas que buscan revertir el rumbo hacia la inviabilidad del país.

 

desco Opina – Regional / 23 de mayo del 2025

descosur

Los otros peruanos en el Vaticano

 Únicamente los conocedores de los intríngulis del Vaticano, podían deducir lo que realmente expresaban las fotos de Cipriani ante el féretro de Francisco. Ahora lo sabemos, incluso los que no tenemos siquiera ideas básicas sobre la organización y funcionamiento de la institucionalidad católica.

Era lobby, del malsano. Algo intrínseco, no sólo a la personalidad del exarzobispo de Lima, sino a su grupo. El Opus Dei fue señalado en diversas ocasiones como una organización con influencia dentro del Vaticano, especialmente por su estructura y la presencia de algunos de sus miembros en posiciones clave dentro de la Iglesia. No es casual que Cipriani fuera el primer cardenal de dicha organización. Sin embargo, el Papa Francisco tomó medidas para reducir su autonomía y poder, como impedir que su líder sea obispo y la obligación de rendir cuentas anualmente.

En el 2019, el Vaticano impuso sanciones a Cipriani debido a acusaciones de abuso sexual, las que llevaron a su retiro como arzobispo de Lima y a restricciones que le prohibían participar en actos públicos y usar vestimenta cardenalicia. A pesar de estas sanciones, Cipriani se lució en eventos eclesiásticos en el Vaticano, generando críticas sobre el cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas por la Santa Sede y viajó a Lima, para ser condecorado por su cófrade López Aliaga.

En esa línea, también tenemos al Sodalicio de Vida Cristiana, envuelto en controversias dentro del Vaticano, especialmente debido a las denuncias de abusos y corrupción financiera que llevaron a su disolución oficial por parte del Papa Francisco.

Como el Opus Dei, hasta hace poco, algunos de sus miembros buscaron influir en las decisiones eclesiásticas, pero con la reciente supresión de la organización, su presencia en el Vaticano disminuyó significativamente sin, todo parece indicar, desaparecer del todo. Por eso, personas como José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del grupo, han seguido de cerca los acontecimientos y han expresado su preocupación sobre posibles intentos de mantener influencia dentro de la Iglesia.

Así podemos ir entendiendo los corrillos que se organizaron durante y luego del proceso que eligió al cardenal Prevost como nuevo Papa. Resulta que no encubrió a ningún abusador sino, por el contrario, fue un agente activo para que estos actos sean denunciados.

¿A qué temen estos católicos ultrarreaccionarios? La obvia continuidad reformista entre Francisco y León XIV. Se sienten amenazados, entre otros aspectos, porque Francisco promovió la sinodalidad como un principio clave para la Iglesia, enfatizando la importancia de la escucha, el diálogo y la participación de todos los fieles.

Además, ha sido un fuerte crítico del clericalismo, considerándolo un "cáncer de la Iglesia". Para él, es una forma de mundanidad que ensucia y daña su rostro, alejándola de su verdadera misión. Ha insistido en que la Iglesia debe ser un pueblo fiel de Dios, santo y pecador, sin estructuras que coloquen a los sacerdotes por encima de los fieles.

Asimismo, subrayó la importancia de una acción pastoral auténtica, basada en la cercanía y el testimonio. En ese sentido, algo que comparten nítidamente Francisco y León XIV, es el compromiso que profesan con la pastoral amazónica, promoviendo una Iglesia cercana a los pueblos indígenas y defensora del medio ambiente, expresado en la Exhortación Apostólica Querida Amazonia.

También coinciden en las acciones que deben tomarse alrededor del cambio climático, promoviendo una visión en la que la crisis ambiental es también una crisis social y moral. En la encíclica Laudato Si´ y luego, de manera más enfática, en la exhortación apostólica Laudate Deum, se insta a la humanidad a asumir la responsabilidad de cuidar la "casa común", denunciando el impacto de la contaminación y el consumismo desenfrenado.

Sin embargo, parece que también hay aspectos en los que no hay total sintonía entre ambos. Por ejemplo, Francisco abordó la equidad de género desde una perspectiva de inclusión y reconocimiento, promoviendo una mayor participación de las mujeres en la Iglesia; aunque también expresó sus críticas hacia la ideología de género, considerándola una colonización ideológica que borra las diferencias entre hombres y mujeres.

En estos temas, León XIV muestra una postura moderada y tradicional, más conservadora que la de Francisco. Como su antecesor, también se muestra crítico con la perspectiva de género, afirmando que busca "crear géneros que no existen". Sin embargo, ha respaldado algunas reformas introducidas por Francisco, como el acceso a la comunión para católicos divorciados y vueltos a casar.

De esta manera, si bien queda por constatar cuál es el grado de coincidencia entre Francisco y León XIV, algo que está más allá de las voluntades declaradas, lo cierto hasta este momento, es la dura derrota que han sufrido los archirreaccionarios que se enquistaron en la Iglesia Católica. Esperemos que para siempre.

 

desco Opina / 16 de mayo de 2025 

A propósito de la censura

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos décadas atrás.

El caso ha saltado como el disparador de una reacción política de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que fácilmente superaron las requeridas– en cuatromociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidentedel Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.

En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser posible, extenderlo.

El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.

Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. En esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.

Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes nefastos.

Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.

Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que, una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y sociedades.

El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.

desco Opina - Regional / 9 de mayo de 2025

descoCiudadano

La coyuntura en curso

 

El propósito del Congreso de prolongar la permanencia de sus actuales componentes en el poder, se expresa en estos días, una vez más, en las medidas que se toman. Apenas un par de semanas atrás la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar las investigaciones sobre los Rolex de la mandataria, mientras a diario se aprueban leyes absurdas, solamente populistas y electoreras, como la creación simultánea –en el papel– de veinte nuevas universidades en el país.

De un lado, los congresistas se esfuerzan ¿ingenuamente? por blindar a futuro la posibilidad de ser sancionados más allá del año 2026, del otro, intentan ajustar el proceso electoral en curso buscando evitar que posibles rivales, salidos desde la oposición existente en el escenario público, puedan postular en las próximas elecciones. Ello, a pesar de que su aprobación es apenas un error estadístico.

En ese propósito buscan suspender a jueces y fiscales supremos que, –particularmente el fujimorismo– consideran indispensable cambiar, por ejemplo, modificando el Reglamento del Congreso para disminuir el número de votos necesarios para sancionarlos y reemplazarlos. Se trata una vez más de dificultar la persecución del delito y mantener o ampliar las cuotas de poder que han conseguido, limitando el poder Ejecutivo y controlando progresivamente otras instituciones importantes como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.

La lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. Incluye las recientes modificaciones a la ley APCI y su estrategia de debilitamiento de las investigaciones y sanciones por la violación de los derechos humanos cometida recurrentemente por el Gobierno, así como diversas exoneraciones tributarias a los grupos de poder, en desmedro de los recursos que requiere el presupuesto público. Eso mismo ocurre cuando plantean modificaciones puntuales a la legislación electoral para, entre otras decisiones de última hora, facilitar la reelección de autoridades municipales y regionales.

En esa línea, sin embargo, no han podido inhabilitar por ahora a figuras que un sector de la ciudadanía ve con buenos ojos como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el expresidente Francisco Sagasti y en una tercera inhabilitación, Martín Vizcarra. Muchos de ellos, hay que recalcarlo, no salen limpios de la revisión y consecuente observación hecha por RENIEC del registro de firmas falsificadas de afiliados que incluyen a los fujimoristas de Fuerza Popular, con amplia experiencia en ese delito.

Lo que parece buscar la costra gobernante, además de favorecer los intereses de los grupos ricos de creciente poder económico, es seguir adelante con la corrupción en marcha, tan galopante como la violencia delincuencial que ya suma más de 4300 homicidios, víctimas de las condiciones en las que nos han sumido quienes ejercen las facultades legislativas y ejecutivas del Estado.

Nunca antes que se recuerde, lo dicen varios de nuestros más destacados historiadores e historiadoras, nuestro país estuvo inmerso simultáneamente en tanta violencia, corrupción y desmanejo público. El listado de los peores ministros, ponderado por especialistas nacionales y extranjeros, así como la ciudadanía expresándose en encuestas de opinión, muestran porcentajes de desaprobación superiores al 95%. El repudio ciudadano es abrumador en medio del contubernio y respaldo mutuo que una mayoría congresal autoritaria comparte con el Ejecutivo desde las protestas y muertes iniciadas en diciembre del 2022.

Son ya más de dos años de destrucción de la institucionalidad pública y privada en el país, que con el aliento a la informalidad delincuencial, en un escenario de pésima gobernanza, en el que brillan por su opacidad sujetos como el actual asesor de la presidencia y exministro del Interior Santivañez, el inaceptable ministro de Educación y la mención aparte que merecen las inauditas declaraciones del ministro de Agricultura, en esta ocasión desconociendo el papel de la agricultura familiar y su invalorable aporte a la construcción de la seguridad alimentaria, para favorecer a la minería contaminante.

Soportamos una mala gobernanza nacional, que implica un retroceso en nuestro proceso de desarrollo, y más grave aún, nos enfrenta al riesgo de un quebrantamiento serio del país, a la imposibilidad de contar con un proyecto nacional mínimo que se sustente en la democracia, la justicia y la conjunción de una concertación solidaria indispensable que permita al Perú ubicarse en medio de un escenario internacional turbio, plagado de amenazas, enfrentamientos y guerras que nos tocan cada vez más de cerca.

La disputa por heredar el poder y el interés de organizaciones como el cerronismo, el fujimorismo y Alianza para el Progreso por ampliarlo, entre grupos que soportan al gobierno actual, se produce en un escenario en el que la mayoría ciudadana expresa en las encuestas su desinterés por tentar el control de Estado y solamente demanda el cese de la violencia delincuencial en una lógica de supervivencia, incapaces de ver por ahora un futuro de desarrollo mínimamente armonioso y de prosperidad compartida.

 

desco Opina / 2 de mayo de 2025

Nuevo aeropuerto: ¿Necesidad pública o movida política?

 

En las últimas semanas, la discusión sobre la construcción, modernización y ampliación de aeropuertos en el Perú ha regresado con fuerza, particularmente en la región Junín. El cierre temporal del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja y la propuesta de levantar una nueva infraestructura del aeropuerto en Orcotuna han polarizado a la opinión pública. La pregunta que ronda en el ambiente es clara: ¿se trata de una verdadera necesidad regional o de una movida política con otros fines?

Desde marzo de 2025, el Aeródromo Francisco Carlé permanece cerrado debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, según comunicó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). La medida que se extiende hasta mayo, afectó notablemente la conectividad en plena temporada de Semana Santa provocando una disminución importante en el turismo local. Sin embargo, más que una solución planificada, el cierre ha reavivado el debate sobre la necesidad de un nuevo aeropuerto en Junín.

Uno de los argumentos principales de quienes promueven el nuevo aeropuerto es la saturación y obsolescencia del actual terminal. No obstante, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido un informe concluyente: el proyecto de un nuevo aeropuerto, tal como se ha planteado, no cuenta con viabilidad técnica ni económica. Además, se cuestiona la falta de coordinación con los planes nacionales de transporte y desarrollo.

A pesar de estas observaciones, el impulso detrás del proyecto sigue adelante, liderado por la bancada del exgobernador regional y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según informó Infobae (abril, 2025), Cerrón ha convertido el aeropuerto en una promesa clave de su discurso político, aprovechando el malestar regional para posicionarse nuevamente en el escenario nacional en medio de un contexto preelectoral. En ese sentido, la obra parece más un símbolo de reivindicación política que una solución planificada.

El periodista Marco Sifuentes abordó esta controversia en su programa La Encerrona del 28 de marzo en el que cuestionó la viabilidad del nuevo proyecto, recordando que ni las aerolíneas han mostrado interés en operar, ni hay estudios técnicos serios que sustenten la inversión. “Hay una narrativa de progreso, pero sin pasajeros, sin demanda y sin sostenibilidad, el aeropuerto podría terminar como otro elefante blanco”, afirmó el periodista.

El clima en Jauja es de frustración y escepticismo. Si bien algunos grupos han convocado a protestas y paros contra el cierre del aeropuerto, estos no han tenido gran convocatoria. Wayka y otros medios locales y alternativos, han advertido que la población no está siendo adecuadamente informada sobre los alcances reales del nuevo proyecto. El sentimiento predominante no es necesariamente de oposición, sino de sospecha frente a una propuesta impuesta desde arriba, sin consulta y con intereses electorales de por medio.

La discusión en torno a los aeropuertos no debe ser monopolizada por intereses políticos o discursos populistas. La necesidad de mejorar la infraestructura de transporte en regiones como Junín es real, pero esto no justifica que se tomen decisiones improvisadas ni se opte por megaproyectos sin sustento. Se necesita una visión integral de desarrollo territorial que considere las particularidades geográficas, económicas y sociales de cada región.

Es fundamental que las decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria en la región se basen en criterios técnicos, económicos y sociales bien fundamentados. Más allá de apoyar o rechazar una propuesta específica, es importante preguntarnos si existe una verdadera necesidad que justifique la inversión de recursos públicos y si esta cuenta con los estudios adecuados que respalden su viabilidad. La planificación a largo plazo debe estar guiada por el interés colectivo y no por presiones políticas o coyunturales.

 

desco Opina – Regional / 25 de abril de 2025

descocentro

Estamos advertidos

 Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.

En septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a más del 60% de las empresas del ramo.

La medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia; uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro, sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y usar una lámina antibalas.

Más allá de la fanfarria autoritaria que comparten –estado de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes–, Ejecutivo y Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos días, dio cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la policía o la realización de 291 516 operativos..

En el caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera más.

Estamos advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días. La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian el juego en curso. Estamos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones del 2026 sirvan para cambiar algo.

 

 

desco Opina / 16 de abril de 2025

Estado chico, infierno grande

 

El 24 de marzo de 2025 se hizo pública una grave denuncia que puso en vilo a la población y dejó en evidencia, una vez más, los malos manejos a los que la gran empresa privada suele recurrir en complicidad con el Estado. El anuncio trágico de la muerte de una joven en Cusco, luego de recibir la dosis de un suero fisiológico defectuoso elaborado por Medifarma, encendió las alarmas sobre posibles anomalías en la concentración de cloruro de sodio que debe contener este medicamento, de la cual la Dirección General de Medicamentos y Drogas (Digemid), ya había sido alertada días antes.

Medifarma, una empresa con operaciones desde 1964, presente en cuatro países de América Latina, pertenece al Grupo Picasso Candamo, un conglomerado cuyas inversiones están distribuidas en varios sectores de la industria peruana como los sectores inmobiliario, alimentario, minero y otros. Su fuerte presencia en el rubro de la salud le ha valido para mantenerse como una de las empresas favoritas del Estado peruano desde tiempo atrás. Entre 1999 y 2024 registraron contratos con el Estado por un monto que bordea los 979 millones de soles. Además, según un informe de Ojo Público, entre 2015 y 2018, Medifarma se constituyó como la segunda empresa con mayor contratación de fármacos  por establecimientos de salud pública en cinco regiones del país (Áncash, Huánuco, Junín, Puno y Cusco), pese a haber sido observada catorce veces en 2011 por haber incumplido los plazos establecidos para la entrega de los productos, según registros del propio Ministerio de Salud. Su incumplimiento de contratos o compromisos no es novedad, es una práctica recurrente que ha sido penalizada con más de 1 millón de soles por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, por el retraso ocasionado en el abastecimiento de medicamentos necesarios para la atención médica entre 2015 y 2017.

Cabe señalar que Medifarma, junto a otras dos empresas del mismo rubro, IQ Farma y AC Farma, son parte de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), un gremio empresarial que concentra la producción de medicamentos en el país y que se opuso a la compra centralizada de medicamentos genéricos por parte del Estado, que fuera aprobada mediante un Decreto Supremo de Urgencia en 2019. La negativa argumentaba que el Estado estaría infringiendo la Constitución al intervenir en la economía y pretender regular una actividad que se desarrolla por libre competencia. En realidad, estas empresas buscaban frenar la acción estatal que les exigía tener en su stock treinta y cuatro medicamentos genéricos comunes, si no podrían ser sancionadas con hasta con 2 UIT. El malestar real de estas grandes empresas quedó en evidencia a través de las declaraciones que en su momento brindó el entonces presidente de Adifan, José Silva, “El Estado no puede obligarte a tener en tu inventario productos que quiera que tengas con tu dinero…”. Sin duda, una clara muestra del espíritu empresarial. Luego de idas y vueltas, en febrero de 2024, dicho Decreto quedó sin efecto a raíz de la decisión del Ministerio de Salud de no prorrogar su vigencia. Si bien el mismo tuvo deficiencias y no logró garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales de bajo costo, hoy no contamos con una normativa expresa o la voluntad política que busque subsanar tales vacíos. No se conoce lo que el ministro de Salud, César Vásquez, pretende en esta materia para no seguir dependiendo de medidas cortoplacistas, pese a haber señalado, un año atrás, que estaban preparando un proyecto de ley.

En 2024, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, inició un proceso sancionador de oficio contra quince empresas debido a una presunta colusión en procesos de compra de medicamentos esenciales, convocados por el Estado entre el 2006 y 2020 por un monto de 6000 millones de soles. En dicho negocio alrededor de la concentración y distorsión de precios y prácticas anticompetitivas que perjudicó a miles de pacientes que se atienden a diario en los establecimientos de salud pública, está involucrada como principal empresa, Medifarma. En un reciente anuncio del ministro de Salud, se informó que el Ministerio Público archivó dicha investigación.

Si bien el hoy ministro acuñista rechaza dicha decisión y denuncia la existencia de una red criminal en la que involucra a la cuestionada Medifarma, su administración no ha sido capaz de prever las medidas preventivas y correctivas para que organismos como Digemid garanticen la calidad del suero de Medifarma, pese a que en 2024 realizaron cuatro inspecciones a dicha empresa. Tampoco logró activar de manera oportuna su sistema de fármaco vigilancia a fin de impedir que se siga distribuyendo el lote afectado. Tarde llegó la orden de inmovilización del Ministerio, junto a la suspensión del registro sanitario del suero en cuestión. Lo que no calcularon Vásquez, ni ningún otro funcionario, fue que dichas acciones ocasionarían un desabastecimiento de este producto esencial en los establecimientos de salud, ya que Medifarma es hoy la principal compañía farmacéutica en vender sueros fisiológicos al Estado peruano. Tal y como lo evidenció un estudio de Salud con Lupa, sólo en 2024 y 2025, las compras hechas a Medifarma representaron el 47% del total del suero en el país, es decir, más de 22 millones de frascos. El nivel de dependencia que tenemos con Medifarma hace imposible que el sector Salud logre paralizar su administración, optando por habilitar su uso bajo medidas que garanticen la calidad del suero.

Genera duda la capacidad de Digemid para comprobar la seguridad del producto, más aún cuando la institución quedó al mando de Sonia Delgado, una exacuñista cercana al hoy ministro, cuya permanencia en el Ministerio de Salud representa la vigencia del pacto entre el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña y el gobierno de Boluarte. Si bien la designación de Delgado duró solo un día luego de conocerse un conflicto de interés pues también es accionista de dos empresas farmacéuticas que asesoran a laboratorios en temas de regulación, los malos manejos persisten en el sector Salud y en las entidades regulatorias, favoreciendo a los intereses privados y en desmedro del derecho a la salud de la población.

A la fecha, Digemid no ha logrado confirmar la calidad de treinta y cinco medicamentos en circulación, representando un riesgo para la salud de quienes siguen consumiendo productos de los que no se conoce si efectivamente contienen componentes adecuados para la salud y no ocasionan muertes como el nefasto producto de Medifarma. La debilidad de Digemid es impulsada desde el Congreso, que acaba de aprobar una ley que permite el ingreso automático de medicamentos si la encargada de su regulación en Perú no responde a las solicitudes de registro en un plazo de cuarenta y cinco días,  pudiendo ocasionar que no se corrobore adecuadamente la calidad de medicamentos procedentes de otros países y limitando la capacidad de control del Estado para garantizar la salud de todas y todos los peruanos.

 

desco Opina – Regional / 11 de abril de 2025