Recientemente, la
expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el
congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la
segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de
seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del
país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que
además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser
vacada.
Puede discutirse
interminablemente sobre la necesidad de que el gobierno se convierta en una
segunda fase del anterior o no, pero a la luz de los resultados de los últimos veinte
meses, el pedido de la señora Araoz de continuar su trabajo no deja de ser una suerte
de autoironía, ya que los frutos de su gestión de seis meses son en realidad bastante
magros y la idea de convertir los próximos tres años en una segunda etapa del
gobierno de PPK, más allá de la formalidad legal, le haría un flaco favor a la
nueva administración.
En el plano
económico, lo más visible de la era Kuckzynski fue el bajo crecimiento de la
economía, producto de medidas desacertadas como el ajuste fiscal introducido
por el exministro Thorne; el «destrabe» mediático, pero no real de los grandes
proyectos de inversión pública, incluyendo el simbólico caso del aeropuerto de
Chinchero, así como los pobres resultados de la «Reconstrucción con Cambios»,
entre otros. Todo ello, en un contexto internacional relativamente favorable
por el aumento de los precios de los minerales.
Las recientes
noticias sobre el incremento de la pobreza en el país parecen ser también, en alguna medida,
resultado del trabajo que se reclama continuar. Añadamos a este pobre desempeño,
el interés mostrado en promover las Asociaciones Público Privadas (APP) y el
mecanismo de obras por impuestos (OxI), favoreciendo a algunas empresas;
instrumentos ambos llenos de cuestionamientos, comprensibles entre otras cosas por
las famosas adendas.
En el plano
institucional, los veinte meses del renunciante presidente no representaron tampoco
avances mayores. En este lapso, no hubo ninguna iniciativa para fortalecer la
institucionalidad democrática, fomentar la transparencia en el Estado o
desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales. Sus tendencias
centralistas afectaron a los gobiernos regionales y a las poblaciones del interior.
En esa línea se entienden, por ejemplo, el manejo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, la decisión de nombrar desde el Ministerio de Salud (MINSA) a los
directores regionales de salud, la famosa ley del adelanto social, que contemplaba
inversiones en zonas de proyectos extractivos directamente desde el gobierno
nacional, entre otros.
Son muy pocos
entonces los resultados que el anterior gobierno tiene que exhibir como para
que su exnúcleo de poder le reclame a la nueva administración continuidad al
trabajo y respeto a un plan de gobierno sin logros de los que enorgullecerse y
con pecados mortales como el indulto a Alberto Fujimori y el procedimiento
seguido para éste. Las probabilidades de una gestión exitosa los próximos tres
años pasan por dejar de lado muchos planteamientos y medidas que el «gabinete
de lujo» aplicó. La administración del Presidente Vizcarra debe afrontar varios
retos, y las dos prioridades recientemente anunciadas (descentralización y Reconstrucción con
Cambios) son un paso en una dirección distinta.
Impulsar el
crecimiento de la economía y crear empleo decente supone, entre otras medidas,
destrabar los grandes proyectos públicos de manera efectiva y no mediática, con
agilidad y transparencia. Retomar la propuesta de diversificación productiva –de
hecho cancelada bajo el gobierno de PPK– sería un paso interesante para generar
empleo y dinamizar otros sectores económicos y no sólo al exportador de
materias primas. Un desafío importante es el de la reforma tributaria; el nuevo
ministro de Economía ha señalado que la elusión y evasión tributarias son un gran problema para el país, lo que
explica la baja recaudación fiscal y limita las posibilidades de financiar
servicios públicos con cobertura y calidad adecuadas. Es por ello clave
observar lo que se hará para revertir la situación.
En
el plano institucional, la reciente propuesta del Presidente Vizcarra para una reforma política basada en introducir cambios en el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad, más allá de las posibilidades de
negociar su aprobación y de su contribución a una real democratización del
sistema político, evidencia importante iniciativa.
El desafío
mayor es entonces claro; la gestión del presidente Vizcarra va más allá de su
antecesor en temas como la reactivación de la economía y la creación de empleo
decente, una reforma tributaria para reducir la evasión y elusión mencionadas, la
disminución de los niveles de pobreza, la introducción de reformas políticas democratizadoras
y descentralizadoras, y el combate contra la corrupción con medidas efectivas e
institucionalizadas; o, por el contrario, se resigna a ser la segunda etapa del
gobierno de PPK. Falta saber si existirá la voluntad política y la claridad para
lograrlo.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario