Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de
Inteligencia de la revista británica The
Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica.
Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba
a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas. En algunas oportunidades estas cifras
y ubicaciones en rankings de calidad suelen estar influenciadas por intereses
turísticos y aluden sobre todo a la calidad de las zonas residenciales mejor
establecidas. Por ello, siempre surgen dudas sobre estos calificativos
numéricos. Sin ánimo de polemizar –pero llamando la atención sobre otras
lecturas urbanas– aparece la preocupación de urbanistas y personas trabajando
en los barrios populares respecto a la objetividad y dimensión real de estos
datos. De modo que algunos consideramos alarmante que se difundan cifras y
ubicaciones bastante optimistas que parecen dejar de lado realidades palpables
de miseria, marginalidad y baja calidad de vida en estas urbes.
Cada vez que vemos estas alentadoras cifras sobre la buena
ubicación de Lima como ciudad exitosa y de calidad, nos preguntamos bajo qué
criterios se hacen finalmente estas estimaciones y si en ellas se ha tomado en
consideración una evaluación ponderada que considere a todos sus estratos y
clases sociales, en particular a las grandes mayorías asentadas en las zonas
periféricas de la ciudad.
Si bien cabe discutir sobre la posición que obtiene una
ciudad dentro de una tabla y los criterios empleados para ello, nos parece cuestionable
que no se estén ligando estas cifras con otros aspectos importantes de la calidad
de vida cotidiana en nuestra ciudad capital. Mencionemos a propósito de ello problemas
recientes, como el del transporte masivo de pasajeros (que es uno los
indicadores evaluados en el ranking) y lo ocurrido con una grave falla en el sistema de transporte masivo del metro de Lima que
dejó a más de 170 000 personas afectadas en un tramo importante del servicio; o
la necesidad de poner en debate las inversiones que se realizan para atender la
problemática de los sistemas de transporte público en la ciudad, donde
encontramos que lo que se prioriza es la construcción de más pistas, privilegiando
el servicio del automóvil privado en la ciudad.
Otro caso –que no apunta a reforzar el ranking– ha sido el
inmenso daño ambiental en la zona norte de Lima ocasionado por el incendio de un depósito de llantas que funcionaba de manera clandestina. Situación que se
explica por la falta de planificación y criterios técnicos en la gestión del
suelo y zonificaciones, pero que también evidencia la poca capacidad y
eficiencia para desarrollar mecanismos de control adecuados. Esto queda
demostrado por el hecho de que los funcionarios municipales del distrito afectado
señalaron que ya habían solicitado la orden de desalojo del predio donde
se produjo el siniestro.
Es en ese contexto que desde desco y otros colectivos urbanos trabajando en la ciudad, se promueve
un proceso de discusión crítica y sostenida sobre lo que significa vivir en la
ciudad, la manera como se gestiona y la preocupación constante sobre la vulneración
o no de nuestros derechos. Así, por ejemplo, el pasado lunes 16 de abril se
convocó a especialistas internacionales a discutir sobre lo que significa el derecho a la ciudad, focalizando el centro del debate en el hecho de que una ciudad no puede ser designada como tal, si no es para todos. En ese sentido,
se hace un llamado a quienes se consideren ciudadanos de Lima a luchar por
ella, para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones y disfrutarla,
y no solo guiarnos por lo que algunos rankings evalúan.
desco Opina - Regional / 20 de
abril de 2018
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