Junín y su gobernador electo

 

Al segundo intento, Zósimo Cárdenas Muje, finalmente obtuvo la Gobernación Regional de Junín para los próximos cuatro años. Elegido gobernador con el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, fue gerente municipal en la provincia de Chanchamayo (2011-2012) y gerente general en el Gobierno Regional de Pasco (2019-2021), habiendo sido alcalde distrital de Pichanaki (2007-2010 y 2015-2018). Su victoria, celebrada por sus partidarios, aunque ha generado alguna expectativa entre la población juninense, se ve ensombrecida por las 30 investigaciones que tiene a nivel fiscal, 21 sobre presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.

Lamentablemente, no fue el único candidato en la región con antecedentes que lo involucran en procesos penales, lo que es un indicador de los problemas de corrupción en la región, como en todo el país.

Según la Contraloría General de la República (2021,2022), la Región Junín se convirtió en una de las diez más corruptas, registrando un perjuicio económico estimado que superó los 696 millones de soles. En este escenario, de determinarse la culpabilidad del nuevo gobernador en alguno de los procesos que se le siguen, la institucionalidad regional se verá afectada una vez más. Recordemos que la última gestión liderada por Vladimir Cerrón Rojas fue interrumpida a los siete meses de iniciada debido a que el exgobernador fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible, siendo reemplazado por Fernando Orihuela Rojas.

En este escenario regional donde se reiteran presuntos casos de corrupción, es claro que la percepción que se genera sobre aquella, afecta la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad en Junín. El último informe del INEI, “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, octubre 2021 - marzo 2022”, registraba que 71.1% de los juninenses consideraba que la gestión regional era mala o muy mala, uno de los porcentajes más altos entre todas las regiones.

En este marco se requiere una movilización de cara a reformar la ley general de elecciones y la ley de Partidos Políticos como condición indispensable aunque no suficiente, para tener candidatos probos con capacidades y antecedentes claros, evitando experiencias como las más recientes que ha tenido la región, incluyendo la de Vladimir Cerrón.

La Ley de Reforma Constitucional N° 31042 establece el impedimento para la postulación a cargos de elección popular de las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. En este marco, no es anecdótico recordar que en una entrevista reciente en la ciudad de Huancayo, el próximo gobernador dijo: “No tengo 37 denuncias, tengo 27; los otros candidatos tienen más”.

Es claro que la presunción de inocencia implica que uno tiene que ser tratado como inocente, conservando todos sus derechos, entre ellos el de ser elegido, mientras no exista una sentencia en instancia judicial definitiva. Sin embargo, la lentitud de los procesos en los que frecuentemente están involucrados muchos candidatos y la posibilidad de modificación de un fallo en instancia superior, siguen siendo potenciales bombas de tiempo que pueden afectar la gobernabilidad y ensombrecer aún más la democracia.

En lo inmediato, toca a los juninenses asegurar su participación en la gestión que se inicia en enero, garantizando la vigilancia y el control de las autoridades que resultaron elegidas. Pero toca también demandar y presionar por los cambios legales necesarios para fortalecer a los partidos y atender la pobreza de nuestra representación política.

 

 

desco Opina – Regional / 11 de noviembre del 2022

descocentro

 

El peligro del gatopardismo

Cuando a fines de los años 50 del siglo XX, Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió su única novela, El Gatopardo, que narra desde Sicilia el fin de una época y el inicio de otra, marcada por la unificación italiana; Tancredi –uno de los personajes– le dice a su tío Fabrizio la conocida frase: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Casi desde entonces, muchos cientistas políticos califican de gatopardista a quien inicia o alienta una transformación política de cambio importante, que en la práctica sólo altera la cáscara de las estructuras de poder, conservando los elementos centrales de las mismas.

La convocatoria al referéndum que lanzara el presidente Martín Vizcarra en su presentación al Congreso de la República, sorprendió a tirios y troyanos. Los más, aplaudiendo el gesto que significaba confrontar el poder de la mayoría fujimorista que en la práctica viene desgobernando el país desde julio del 2016. Aprovechando la indignación ciudadana ocasionada por los audios que evidencian la corrupción campante en la administración de justicia en el país, que involucra al Ministerio Público, políticos de varios partidos, figuras del deporte y diversos empresarios emergentes y exitosos; el Ejecutivo, cuyo interés inmediato mayor es llegar como gobierno al 2021, decidió aprovechar el capital que ya iba perdiendo, y apeló a la opinión pública y la calle, para dar un paso significativo.

Su pedido al Congreso para convocar a una consulta ciudadana para iniciar la reforma judicial e introducir algunos cambios en el sistema político, así como su mención a temas tan «peligrosos» como equidad de género y feminicidio, fueron inmediatamente aplaudidos; los que no lo hicieron guardaron prudente silencio algunos días para no enfrentarse al sentido común mayoritario. La reciente visita del Presidente y el Premier al Congreso para presentar los cuatro proyectos que serían consultados –una Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) conformada por concurso, la bicameralidad, la no reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos– ratificó su voluntad política y su decisión aparente de llegar hasta el final. Su malestar con las decisiones recientes del fiscal Chávarry, decidido a controlar «los daños» causados por los audios, mostró desde Arequipa su aparente decisión de defender su postura en todos los terrenos.

Como no podía ser de otra manera, la discusión –más aún conocidas las propuestas– ya está instalada y las críticas van desde aquellas que acusan de «populismo» a la medida propuesta por el Ejecutivo, hasta aquellas otras que discuten, frecuentemente con razón, especialmente las reformas planteadas para transformar el sistema político. Lo hacen con distintas razones reales, debatiendo principalmente la polémica ingeniería electoral propuesta, el sentido de la bicameralidad y la no reelección; todas ellas, sin duda, debatibles. El problema de fondo es que ni parecen claros los problemas que el gobierno identifica y quiere enfrentar con su propuesta, ni es evidente que quienes critican, establezcan con claridad cuáles son éstos. En lo que hace a la administración de justicia, los lineamientos para su reforma integral, producidos aceleradamente por una Comisión especial, parecen tener objetivos y un camino más claro, aunque también son debatibles en su contenido.

Así las cosas, es claro que corremos el riesgo del gatopardismo. El debate en el Congreso, de medidas que además de ser parciales y no resolver la crisis que vive el país, corre el riesgo de alargarse indefinidamente; tanto como el de derivar el contenido del referéndum hasta su inocuidad. Son, sin embargo, los riesgos que hay que correr en una sociedad con múltiples malestares, pero fragmentada, sin actores políticos y sociales fuertes. La gran virtud del referéndum es que abre espacio para el debate de algunos de nuestros temas de fondo, pero también la posibilidad de plantear otros, que seguramente no se resolverán en el referéndum –resulta imposible pretenderlo–, pero que pueden permitir establecer una nueva relación entre los actores políticos que comparten los malestares y la gente que, desde su cotidianeidad, ubica los árboles y no mira el bosque. Por esa vía, por ejemplo, se puede obligar al Congreso a discutir en otros términos la reforma tributaria, que hasta ahora es un parto de los montes; el significado de los monopolios en el precio de los medicamentos; dejar de lado el carácter subsidiario del Estado; la propiedad de los recursos naturales, y las cuestiones de fondo de nuestro sistema político y de representación, por señalar algunas de las cuestiones que nuestros políticos orillan.

El mandatario hace bien en defender la consulta a la gente y el camino que ha empezado desde su legítima indignación y su voluntad de «durar». La gente y quienes creemos que requerimos de cambios más profundos y complejos que los inicialmente propuestos, debemos impedir el riesgo del gatopardismo de un Ejecutivo que sigue siendo débil. Se trata, creemos, de ampliar una ruta que se ha abierto confusamente y que podría permitirnos llegar a nuestro segundo centenario como República, avanzando a serlo efectivamente y enfrentando a quienes en nombre de «la razón», creen que todo debe seguir igual.

desco Opina / 17 de agosto de 2018

El gobierno Vizcarra ¿segunda etapa del gobierno PPK?

Recientemente, la expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser vacada.

Puede discutirse interminablemente sobre la necesidad de que el gobierno se convierta en una segunda fase del anterior o no, pero a la luz de los resultados de los últimos veinte meses, el pedido de la señora Araoz de continuar su trabajo no deja de ser una suerte de autoironía, ya que los frutos de su gestión de seis meses son en realidad bastante magros y la idea de convertir los próximos tres años en una segunda etapa del gobierno de PPK, más allá de la formalidad legal, le haría un flaco favor a la nueva administración.

En el plano económico, lo más visible de la era Kuckzynski fue el bajo crecimiento de la economía, producto de medidas desacertadas como el ajuste fiscal introducido por el exministro Thorne; el «destrabe» mediático, pero no real de los grandes proyectos de inversión pública, incluyendo el simbólico caso del aeropuerto de Chinchero, así como los pobres resultados de la «Reconstrucción con Cambios», entre otros. Todo ello, en un contexto internacional relativamente favorable por el aumento de los precios de los minerales.

Las recientes noticias sobre el incremento de la pobreza en el país parecen ser también, en alguna medida, resultado del trabajo que se reclama continuar. Añadamos a este pobre desempeño, el interés mostrado en promover las Asociaciones Público Privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos (OxI), favoreciendo a algunas empresas; instrumentos ambos llenos de cuestionamientos, comprensibles entre otras cosas por las famosas adendas.

En el plano institucional, los veinte meses del renunciante presidente no representaron tampoco avances mayores. En este lapso, no hubo ninguna iniciativa para fortalecer la institucionalidad democrática, fomentar la transparencia en el Estado o desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales. Sus tendencias centralistas afectaron a los gobiernos regionales y a las poblaciones del interior. En esa línea se entienden, por ejemplo, el manejo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la decisión de nombrar desde el Ministerio de Salud (MINSA) a los directores regionales de salud, la famosa ley del adelanto social, que contemplaba inversiones en zonas de proyectos extractivos directamente desde el gobierno nacional, entre otros.

Son muy pocos entonces los resultados que el anterior gobierno tiene que exhibir como para que su exnúcleo de poder le reclame a la nueva administración continuidad al trabajo y respeto a un plan de gobierno sin logros de los que enorgullecerse y con pecados mortales como el indulto a Alberto Fujimori y el procedimiento seguido para éste. Las probabilidades de una gestión exitosa los próximos tres años pasan por dejar de lado muchos planteamientos y medidas que el «gabinete de lujo» aplicó. La administración del Presidente Vizcarra debe afrontar varios retos, y las dos prioridades recientemente anunciadas (descentralización y Reconstrucción con Cambios) son un paso en una dirección distinta.

Impulsar el crecimiento de la economía y crear empleo decente supone, entre otras medidas, destrabar los grandes proyectos públicos de manera efectiva y no mediática, con agilidad y transparencia. Retomar la propuesta de diversificación productiva –de hecho cancelada bajo el gobierno de PPK– sería un paso interesante para generar empleo y dinamizar otros sectores económicos y no sólo al exportador de materias primas. Un desafío importante es el de la reforma tributaria; el nuevo ministro de Economía ha señalado que la elusión y evasión tributarias son un gran problema para el país, lo que explica la baja recaudación fiscal y limita las posibilidades de financiar servicios públicos con cobertura y calidad adecuadas. Es por ello clave observar lo que se hará para revertir la situación.

En el plano institucional, la reciente propuesta del Presidente Vizcarra para una reforma política basada en introducir cambios en el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad, más allá de las posibilidades de negociar su aprobación y de su contribución a una real democratización del sistema político, evidencia importante iniciativa.

El desafío mayor es entonces claro; la gestión del presidente Vizcarra va más allá de su antecesor en temas como la reactivación de la economía y la creación de empleo decente, una reforma tributaria para reducir la evasión y elusión mencionadas, la disminución de los niveles de pobreza, la introducción de reformas políticas democratizadoras y descentralizadoras, y el combate contra la corrupción con medidas efectivas e institucionalizadas; o, por el contrario, se resigna a ser la segunda etapa del gobierno de PPK. Falta saber si existirá la voluntad política y la claridad para lograrlo.

desco Opina / 27 de abril de 2018