El gobierno de PPK cumplió sus 100 primeros
días. Días antes, la última encuesta de IPSOS registraba la caída de la aprobación del Presidente y del Primer Ministro; de 63% a 55% en el
primer caso y de 44% a 37% en el segundo. La explicación más inmediata parece
encontrarse en el impacto del denominado «negociazo» con el Seguro Integral de
Salud (SIS), descubierto con la aparición de un audio del entonces consejero
presidencial, Carlos Moreno, que aparentemente involucraría al Arzobispado de
Lima.
La reacción del gobierno, aunque
relativamente rápida, fue contradictoria. Denunciado el escándalo, aceptaron su
renuncia, agradeciendo sus servicios, mientras el mandatario negaba su condición
de funcionario público, no obstante haberlo nombrado mediante una resolución,
por lo menos curiosa; finalmente fue destituido del cargo que mantenía en el
hospital Loayza, su centro de operaciones, arrastrando en su caída al director
del mismo.
La corrupción imperante en el país tocó
rápido las puertas del nuevo gobierno y reveló, entre otras cosas, la falta de
celo que tuvieron en la designación de muchos de sus funcionarios. En esa falta
de control y pulcritud se les escapó Moreno, que como muchos funcionarios
públicos, armó a lo largo de los años y de distintos gobiernos, sus propias redes de corrupción, de las que ya existían «huellas» que se podían encontrar en espacios abiertos como google, aún antes de la instalación de un nuevo gobierno, que no se
preocupó en revisar su historial, como lo demuestra este caso, que afecta al
gobierno estos días.
Desde el inicio de la nueva gestión, varios
de los nuevos funcionarios designados fueron cuestionados porque aparecían como
parte del instalado mecanismo de la puerta giratoria, por la que distintos profesionales pasan
del sector privado al público, produciendo eventuales conflictos de interés.
Así, a la presidencia de INDECOPI se nombró a un conocido crítico del Código de
Consumo, el director de SENACE fue gerente de Permisos Ambientales de Yanacocha,
mientras el Jefe de la DINI había sido directivo de
Tía María.
Otros, como los ya renunciantes asesores
Jorge Villacorta y José Labán, sin mayores calificaciones para los cargos en
los que fueron designados, cayeron en medio de confusas acusaciones de cobro de
cupos en las listas parlamentarias; más recientemente, un viceministro se vio forzado
a renunciar al aparecer señalado por el Ministerio Público de beneficiar a una
empresa con licitaciones, cuando fue funcionario de una municipalidad
provincial. Aunque se trata de situaciones diferentes, porque en el caso de
Carlos Moreno, todo indicaría que estamos frente a una lamentable y frecuente
situación incubada en el Estado, de las que seguramente hay decenas, mientras en
los otros lo que se intuye son pagos y negociaciones políticas, lo evidente es
que el gobierno no hizo bien su tarea inicial, que exigía de filtros y
controles previos.
Ahora paga esa factura, de la que se
aprovechan tanto fujimoristas y apristas, para lavarse las manos de una larga
historia que los ha tenido en el tiempo como responsables activos, cuanto la
mayoría de medios de comunicación que guardan vergonzoso silencio con las declaraciones de un directivo de OAS que alcanzarían al alcalde Castañeda.
La muerte civil de los corruptos planteada
por el Ejecutivo, por la que hemos abogado varias veces, no resuelve cuestiones
de fondo que requieren enfrentar los distintos problemas que afectan a un
Estado débil, precario y con una institucionalidad pobre. La creación de una
Comisión presidida por el ex Defensor del Pueblo e integrada por ciudadanos y
ciudadanas notables y fuera de toda sospecha, seguramente mejorará los
diagnósticos de los que hoy disponemos y avanzará propuestas, que en algo
pueden contribuir a enfrentar la situación; sin embargo, se trata de una improvisación porque el gobierno debió contar con un Plan propio y tendría
que mostrarnos los primeros resultados a 100 días de su instalación.
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