A pocas semanas de haberse realizado en la
ciudad de Quito la tercera conferencia mundial Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible Hábitat III, nuevamente
apreciamos que esta importante cita mundial nos deja insatisfechos (como ocurre
con otras conferencias mundiales similares). Particularmente en este caso en el
que en las cumbres mundiales anteriores, el grado de consenso y de acuerdo propiciados
por las Naciones Unidas entre los gobiernos y la sociedad civil llegaron a
mejor puerto.
ONU HÁBITAT convocó hace dos años a todos
los gobiernos miembros de la Naciones Unidas, incluido el gobierno peruano, al
proceso hacia Hábitat III, a prepararse para este importante foro para dar cara
al proceso de urbanización y expansión de las ciudades a nivel global, destacando
algunos datos que evidencian la emergencia del crecimiento y el desborde de las
ciudades que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como dan
cuenta de las precarias condiciones de habitabilidad que soportan las mayorías
pobres del mundo.
En nuestro caso los retos están por el lado de
la ocupación precaria, excluyente y desordenada de las ciudades, marcadas por
procesos de migración del campo a la ciudad en contextos de crisis económica,
ambiental y de desplazamiento forzoso, entre otros. Son problemas que el Perú afronta por décadas, incluso mucho antes de que se iniciaran las conferencias mundiales sobre Hábitat en 1976, (Hábitat I en la ciudad de Vancouver – Canadá). De acuerdo al INEI en
1975 la población nacional era 15 161 200 habitantes, se distribuía en un 62%
urbana y 38% rural. En cuarenta años hemos duplicado la población, pues de acuerdo a cifras del Banco Mundial el 79% de la población nacional vive en zonas urbanas frente a un 21% habitando en zonas rurales. Esta situación de nuestros
habitantes plantea grandes desafíos para atender las necesidades tanto en
vivienda, como en infraestructura, transporte y la provisión de servicios
básicos por mencionar algunas demandas de las ciudades peruanas para alcanzar
un estándar de vida adecuado para sus residentes.
El informe presentado por el gobierno peruano al Hábitat III escasamente difundido y menos publicitado, es un documento técnico que penosamente
no aporta novedad ante una realidad conocida y sufrida por los peruanos en
nuestras ciudades grandes medianas o pequeñas. Hemos sido testigos de cómo han participado en
el Hábitat III algunos de sus autores y allí representantes del gobierno
peruano. Han mostrado al mundo un Perú en el que la atención de la problemática
urbana y territorial señalada solo existe en sus informes o en una dimensión
desconocida que no hemos podido encontrar para la elaboración de esta nota.
Para graficar nuestra inquietud quisiéramos
una vez más que se responda desde el Estado si es que se brinda realmente atención
a las demandas de vivienda de los sectores pobres del país o de los niveles C y
D, como recurrentemente denominan los funcionarios del gobierno a este mayoritario
grupo poblacional peruano. Cómo sabiéndose de las constantes invasiones y ocupaciones
de terrenos en zonas de alto riesgo que diariamente ocurren en nuestras
ciudades, ese sector de población –de familias pobres y en extrema pobreza– no
es atendido por la política pública, y que en algunos pocos casos recibe escasos
recursos públicos, tan pocos que además se acaban antes de finalizar el año
fiscal correspondiente. Esto ocurre, por ejemplo, con el Bono Familiar
Habitacional, que constituye migajas comparado con los recursos que se destinan
al Fondo Mi Vivienda para atender a otros sectores, que hasta han podido hacer
un enroque en medio de la crisis de las AFP para que sus aportantes que no
poseen viviendas puedan iniciar los pagos para adquirirla. Al leer el informe
nacional también nos preguntamos, ¿por qué razones el Estado insiste en la política
de entrega de títulos de propiedad individual, cuando lo que se requiere en
nuestras ciudades es promover habilitaciones urbanas de calidad y trabajar en
la planificación territorial para organizar el acceso y gestión del uso del
suelo, de modo que algún día pueda aspirarse a ser un país del primer mundo e
ingresar a la OCDE.
El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski parece no haber tomado nota de la ocurrencia de Hábitat III, ninguno
de sus voceros principales ha informado que los gobiernos del mundo (incluido
el del Perú) acaban de aprobar la Nueva Agenda Urbana que contiene lineamientos para desarrollar herramientas que podrían ser la clave para enfrentar los retos del desarrollo urbano y maximizar las oportunidades que las ciudades ofrecen. Esto
es, un nuevo marco internacional para promover un modelo de desarrollo urbano
capaz de integrar los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y
ambiental. Sordo y ciego a este llamado
de la comunidad internacional, el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento expresó la semana pasada que su prioridad es dar agua al 100% de la población y que para ello se reducirá el presupuesto para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Es
innegable, por cierto, la importancia de dotar de servicios básicos a la
población, pero también es estratégico y sumamente importante contar con
políticas publicas financiadas e integrales que permitan atender la amplia problemática
de las ciudades, la gestión territorial y el acceso a un hábitat urbano y rural
adecuados. Incluso consideramos que sería oportuno colocar en agenda pública la
necesidad de contar con un Ministerio de las ciudades que apunte a que la
gestión territorial nacional supere las visiones fragmentadas de la acción
estatal.
El Perú requiere una gestión eficiente de nuestras ciudades y el
territorio, y en ese propósito promover y asegurar un modelo que proteja los
derechos humanos al hábitat, es decir el acceso a suelo y vivienda en lugares
adecuados para la demanda de las nuevas familias en terrenos habilitados y
preparados para el desarrollo humano. Corresponde
al Estado (central, regional y/o metropolitano) jugar un rol fundamental para
implementar dichas políticas y programas que garanticen el acceso a un hábitat
seguro y saludable para las mayorías. ¿Cómo
podremos ser competitivos y afrontar los constantes y diversos retos que nos
plantea la globalización si somos incapaces de garantizar un crecimiento inclusivo
de las ciudades que amengüe las desigualdades entre nuestros ciudadanos en el
acceso a beneficios del desarrollo urbano diferenciado que tenemos?
Sin políticas públicas claras y decididas será imposible evitar la
segregación espacial (económica, social y cultural incluidas) que soportamos en
nuestras ciudades costeras, andinas y amazónicas cargadas de la riqueza
desperdiciada de nuestra diversidad cultural, en tanto no se promuevan procesos
de integración y articulación social, económica y cultural que progresivamente
corrijan, para empezar, el hipercentralismo histórico de Lima.
desco Opina -
Regional / 4 de noviembre de 2016
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