Desde hace un
par de semanas la prensa ha informado sobre cómo se han intensificado las invasiones de terrenos en varios distritos de la ciudad de Lima. En la mayoría de casos son promovidas por traficantes amparados en
la necesidad de personas que no cuentan con los recursos para comprar un
terreno y, menos aún, una vivienda a través del mercado formal o de alguno de
los programas estatales como “Mi Vivienda”. Estas invasiones se producen también en otras ciudades del país. Son la política real del Estado ante la demanda de los sectores de los «sin techo».
La referencia
de las invasiones de terrenos y la demanda no satisfecha de las nuevas familias
nos exige imaginar soluciones mediante formas alternativas de producir la
ciudad. No podemos seguir creciendo en ciudades sin planificación y peor aún, sobre
zonas en las cuales no se debería asentar la población, generando procesos
urbanos con altos niveles de vulnerabilidad, los cuales lamentablemente son
amparados y en algunos casos hasta promovidos por el propio gobierno para
asegurar votos en los procesos electorales.
Según datos del Programa Mi Vivienda, el déficit habitacional en la provincia de Lima
es de 444 002 viviendas, lo que representa el 24% del total nacional, concentrándose
en el área de Lima Metropolitana el 87% del mismo. Esto significa una clamorosa
falta de 385 411 viviendas en la
ciudad, 59 979 de las cuales corresponden a la población instalada precariamente
en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Nuestras propuestas –desde los años ochenta– de generar procesos de densificación habitacional,
promoviendo una manera diferente de producir las viviendas (de manera gradual y
con la asistencia técnica debida), hasta ahora no se aplican a los sectores
populares. Esto permitiría asegurar la calidad constructiva de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de uso, apostando a la construcción de una ciudad
compacta. Lamentablemente, nuestras autoridades del sector Vivienda han preferido enfocarse en la atención de otros sectores que son los que generan grandes ganancias para sus amigos empresarios de la construcción, antes que priorizar el apoyo a miles de familias
autoconstructoras, que son las que han hecho la mayor parte de las ciudades que
tenemos.
Periódicamente tenemos en el país la visita de una misión de trabajo de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua FUCVAM, quienes poseen una propuesta exitosa y comprobada de
acceso a tierra y producción de vivienda a través de mecanismos de propiedad
colectiva, la cual han diseminando y compartido ya en países centroamericanos y
Bolivia. Este tipo de propuestas debieran ser analizadas y estudiadas para su posible
implementación en el Perú, rescatando elementos que nos permitan desarrollar alternativas
más adecuadas que las realizadas a través de invasiones para los sectores de
bajos ingresos.
La demanda
existente en varias de nuestras ciudades, empezando por Lima, debería llevar al
gobierno y a las autoridades del sector Vivienda a ofrecer programas y
proyectos para un gran número de familias, hoy sin ninguna atención y presa
fácil de traficantes y especuladores irresponsables, que les permitan acceder a
suelo urbanizable y no seguir procediendo a formalizar la ocupación en zonas de
laderas y cerros altamente vulnerables.
Constituye un
proceder esquizofrénico del Estado alentar campañas de prevención por parte de
Defensa Civil con simulacros de terremotos, y al mismo tiempo, tolerar
invasiones de terrenos que solo se evitan cuando se trata de ubicaciones con valor arqueológico o de zonas
reservadas. Si pretendemos ser modernos y alcanzar el desarrollo, ya es hora de
empezar a modificar las políticas de vivienda con dos caras, una que desde hace más de medio siglo tolera y
reconoce invasiones de terrenos eriazos y cerros para los más pobres, y otra
que plantea propuestas financieras y de construcción solo para los sectores con
mayor solvencia.
desco Opina
- Regional / 29 de mayo de 2015
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