Del comportamiento de las principales fuerzas políticas y partidos en
el Congreso de la República en relación a la ratificación del gabinete
Cateriano, sea cual sea el resultado, no cabe esperar sino un pragmatismo que
puede llegar a niveles inimaginables de cinismo. Es el tono general de los
políticos peruanos hoy. El «realismo político» o la Realpolitik, como se sabe
bien, no basa sus decisiones en principios o en alguna ideología, sino que se
impone con el puro pragmático en la búsqueda de sus objetivos.
El proceso de negociación llevado a cabo por el nuevo primer ministro –séptimo
en cuatro años de gobierno y sucesor de tres verdaderos «fusibles»– para
obtener su voto de investidura es un buen ejemplo de la distancia entre los temas que definen formalmente la política institucional –reducida
a un permanente pulseo de fuerza entre oficialismo, Apra y fujimorismo– y al
interior de esas mismas fuerzas (los conflictos del fujimorismo son una muestra);
y aquellos ejes en los que se ubica la inquietud social en el país: la
inseguridad que genera la delincuencia y la contradicción entre promover
inversiones y respetar la ciudadanía y los estándares ambientales, por citar
los dos más evidentes.
Con una agenda vacía en la búsqueda de «luz verde» para Cateriano, las
posibilidades de concertar intereses y estabilizar el último tramo de gobierno
no ha logrado ir más allá de alinearse a un desgastado propósito: garantizar un
mínimo de crecimiento de la economía –que va a un magro 3.8% y desacelerando–.
Y eso «en peruano» significa la imposición de orden allí donde se manifieste
descontento o resistencia a la inversión.
Y es esta carta de concertación con la que llegó Cateriano, la que paradójicamente, podría suponer el fin de su corta reaparición en el gabinete ministerial. Cumplido un mes de huelga contra el proyecto
minero Tía María, el operativo policial para reprimir a los manifestantes
resultó un verdadero desastre. Varios heridos de gravedad y un muerto por bala
no son en definitiva la mejor presentación, ni siquiera ante el gran empresariado y sus aliados políticos, que reclaman orden.
Así, no sólo parte de la bancada FA-AP ha adelantado su negativa a
respaldar a Cateriano, sino que se van sumando, también, sectores identificados
por su apoyo a la causa minera, empezando por congresistas como Juan Carlos
Eguren del PPC. A la par, la propia Southern, al anunciar que aguardará hasta 2017, ha aceptado que un nuevo intento de
imponer Tía María a los agricultores de Valle de Tambo requiere un recambio
radical de interlocutores. Los que tiene ahora «no le sirven».
Vemos así que la defensa del modelo de crecimiento económico vía
inversiones continúa como único punto estable del diálogo político, por más que
las formas o el discurso se alinee con el «centro político», habitual campo de
fuerza en momentos pre-electorales. Y mientras de este diálogo sigan excluidos
los descontentos, los frutos serán pocos.
Como en la agenda pos conflicto y la justicia pendiente en casos de
impunidad de las Fuerzas Armadas, el consenso es «patear» un debate en serio, motejando a una de las partes como «terrorista».
No perdamos de vista, tampoco, la probada brutalidad policial en Arequipa,
además de la burda maniobra policial-mediática para incriminar a los manifestantes anti Tía María
–sembrando armas en sus manos–, que se enmarca en una permanente campaña de
desprestigio. Funcionarios de la minera, congresistas,
analistas políticos, periodistas, uno tras otro en las últimas semanas emplearon el
pernicioso calificativo de «terrorista» para referirse a los opositores a Tía
María, apelando al fantasma de Sendero Luminoso y a los miedos de las mayorías, de otro modo indiferentes a la conflictividad social del país.
De emplear el Presidente su
facultad de cerrar el Legislativo, es evidente que no podrá conducir al país en
medio de un adelanto abrupto del escenario electoral y de la presión interna y
externa por la vulneración de la institucionalidad democrática. En este punto,
incluso, podría resentirse su garante, MVLL, solitario proveedor de los pocos
cuadros liberales que quedan para el bolo de los premieratos por venir.
Cualquiera sea el resultado para su gabinete, decíamos, el gobierno de Humala –como
ha demostrado hasta hoy respecto a cada una de sus decisiones– será incapaz de
lidiar con las consecuencias de modo que no genere sino una (¡otra!) prolongación
de la crisis política que el país soporta desde hace años.
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