Tres años después de las
movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una
nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante
sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán
Valdivia y Punta de Bombón, se oponen al desarrollo del proyecto Tía María de la empresa
Southern Perú Copper.
Estas movilizaciones
dejan la sensación de un déjà vu, y es
inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del
conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han
sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos,
hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las
ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos
recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la
incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.
Son muchos los factores que explican lo que está pasando,
pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política
del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia
de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política
e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se
torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución.
Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía
ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero
ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas
involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el
escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la
incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses
después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el
conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.
El fracaso de Conga determinó
en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el
ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos
por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población.
A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló
igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje,
esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como
mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces,
segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva
estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y
violencia.
Es así que, a fines del
2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa
calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de
presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un
buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial,
se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la
gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el
proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota
que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.
La confianza en los
resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en
ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en
funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos
dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener
éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos
que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes
con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que
los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran
capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas
autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han
convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e
incluso a la gobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).
Así, estamos ante
un conflicto que llegó a la escena
política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada
tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando
los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones
sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta
visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo
de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la
empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años,
no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia
con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de
Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha
ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de
comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos
niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder
más ante una
eventual deterioro del valle por la minería.
El uso hábil de las
herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La
salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado,
las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin
perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan
mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento
efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a
partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la
actividad agropecuaria local.
desco Opina / 10 de abril de 2015
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