Luego de las
elecciones regionales y municipales del 5 de octubre pasado, mientras la prensa
capitalina se concentraba en construir el nuevo mapa político nacional, el
interior del país se convertía en una fotografía de la frágil credibilidad de
nuestro sistema electoral.
En la Selva
Central las protestas generalizadas, las acusaciones de fraude, violencia en
los centros de votación, agresiones a candidatos y a sus simpatizantes, han
estado presentes durante el proceso. En el caso de Pasco los resultados
trajeron un vencedor cuestionado: Klever Meléndez, Presidente Regional y
candidato por Pasco Verde que actualmente se encuentra en prisión, alcanzó la
segunda vuelta para la elección regional. Tal parece que las serias acusaciones
de corrupción y los videos que fueron difundidos por la prensa nacional no
mellaron la credibilidad del candidato frente a sus simpatizantes.
Del rosario de incidentes en
el proceso electoral de la Selva Central, el más grave ha sido el asesinato de un candidato a la alcaldía de Pangoa
que, si bien es cierto, sucedió días antes del 5 de octubre, anticipaba la
necesidad de una mejor estrategia de las fuerzas del orden para garantizar la
seguridad del proceso; antes, durante y después de las elecciones.
A pesar de que el criminal
fue identificado y detenido, los ánimos de beligerancia que tensaron el proceso
en los distritos electorales no se calmaron. Durante esa misma semana en el distrito de
Pichanaqui –a unos cuantos kilómetros de distancia– un grupo de desconocidos
quemó la moto lineal de un candidato a regidor, método de amedrentamiento que sorprendió a los vecinos del sector
denominado Villa Perené.
Del mismo modo, durante la
semana post-electoral (antes y después del conteo de votos y anuncio de
resultados oficiales) se registraron casos como agresiones a candidatos y sus
simpatizantes en lugares como la ciudad de Oxapampa; una toma de carreteras en
Puerto Bermúdez; y, quema de actas y cédulas de sufragio en varias otras localidades.
En Oxapampa, las agresiones fueron dirigidas a un ex candidato quien luego de
denunciar públicamente un fraude, sufrió una golpiza incluso registrada por un
medio televisivo local. Pese a quedar demostrado desde cual tienda política
provenía la acción criminal, hasta la fecha no se tiene conocimiento que se
haya identificado y detenido a los responsables.
Mientras tanto, la toma de
carreteras en Puerto Bermúdez vino acompañada de acusaciones graves hechas por
manifestantes, quienes señalaban que la agrupación de la alcaldesa reelecta
había «comprado» el apoyo de la ONPE, facilitando la existencia de «electores
golondrinos». Esta y otras acusaciones que nunca pudieron ser demostradas, sirvieron
de excusa para sitiar el palacio municipal; azuzar la quema de ánforas, cédulas de sufragio y actas de escrutinio de
algunas localidades; tanto como para generar destrozos en centros de votación y movilizar a pobladores
para bloquear el paso de vehículos en señal de protesta.
Lo cierto es que en esta
jurisdicción –Puerto Bermúdez– la sombra de la corrupción ha estado presente
varios meses antes del inicio de la campaña electoral. En este sentido, la
reelección sólo ha exacerbado los ánimos de los pobladores y restado
credibilidad a los procesos electorales en los que se sustenta nuestra
democracia representativa.
Ante esta seguidilla de
incidentes que afectaron la Selva Central, el Presidente Ollanta Humala formuló
un llamamiento a la calma e instó al Congreso a legislar para definir límites a
la participación de candidatos cuestionados e inmersos en actos de
corrupción, lo que podría significar cerrar el acceso a los grupos de poder local
y camarillas que, en muchos pueblos pequeños del país, manipulan a la población
para reelegirse permanentemente y enriquecerse ilícitamente.
desco Opina
- Regional / 31 de octubre de 2014
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