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Vivir con seguridad ciudadana es defender el medio ambiente



Entre miles de ofertas electorales repetidas hasta la saciedad al tratar sobre nuestra seguridad, prácticamente no se ha mencionado el tema del cambio climático y la atención de cómo enfrentarlo. Es la seguridad importante que se olvida. Como ciudad megalópolis –rasgo del que casi no se tiene conciencia– Lima afronta retos que se añaden a los conocidos problemas de transporte y movilidad urbana, inseguridad ciudadana o falta de planificación. Nos preocupa que en los planes de gobierno de los candidatos de los primeros puestos en las encuestas, solo en el de la alcaldesa se hayan mencionado los temas ambientales de conservación y protección de lomas.
El cambio climático, fenómeno mundial efecto del calentamiento global que altera la composición de la atmosfera se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. Es una anomalía que gradualmente afecta más a las áreas urbanas, especialmente las de los asentamientos precarios en las zonas periféricas de la ciudad, convertidos en territorios expuestos a un alto grado de vulnerabilidad climática. En el Perú agudizan más esta problemática la ausencia del Estado y la falta de visión de largo plazo. Un ejemplo de esta crisis y reto a superar está en los «Ecosistemas Frágiles» de Lima metropolitana, caracterizados por recursos singulares de baja resiliencia e inestables ante eventos impactantes de naturaleza antropogénica. Es muy poco lo hecho y las únicas iniciativas para cambiar esta situación se implementaron recién a partir del 2011. Antes ninguna administración edil metropolitana incluyó esta problemática en sus visiones de ciudad.
La municipalidad de Lima cuenta con un programa metropolitano de Lomas, con el objetivo de lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica de las lomas de la provincia. Se busca poner en valor estos ecosistemas debilitados, que de extinguirse acelerarían los impactos que vienen por acción del cambio climático. La preocupación del gobierno metropolitano por establecer áreas de protección que limiten el crecimiento sobre suelos marginales de la ciudad, es visible pero no es potente. No basta con abordar el tema de adaptación ante el cambio climático, también urge trabajar la mitigación, que supone una estrategia importante para reducir el deterioro ambiental y combatir la contaminación. Los procesos de ocupación informal avanzan con rapidez afectando la naturaleza, creando riesgos y aumentando la vulnerabilidad del territorio.
Esta problemática no figura en la agenda de los electores. Urge incluirla en la promoción de la preservación, cuidado y expansión de las áreas verdes en el casco urbano de la ciudad. Lo decimos así porque, por ejemplo, ha ocurrido ya un caso que podría ser emblemático –acaecido a finales del año 2013– al surgir una controversia entre la administración edil metropolitana y distrital para procesar una iniciativa «verde» de familias habitantes en barrios próximos a los circuitos de Lomas. Se parceló un área de zonas protegidas en casi dos hectáreas de las frágiles lomas de Villa María del Triunfo con la excusa de formar «biohuertos urbanos», causando severos daños. La municipalidad metropolitana de Lima ordenó la suspensión inmediata de esta acción encontrando que las familias que depredaron estos ecosistemas frágiles habían gestionado y obtuvieron el reconocimiento de la municipalidad de Villa María del Triunfo para trabajar agricultura en dichos terrenos, pese a las protestas de la junta directiva barrial y de algunos vecinos. Sabemos también que surgen controversias climáticas al desarrollar proyectos y campañas de arborización, que deben coordinarse y articularse con cautela entre los varios niveles de acción del Estado.
En muy poco tiempo el Perú será sede de la COP20 (conferencia mundial sobre cambio climático) y como anfitrión consecuente aguardamos iniciativas nacionales para revertir situaciones como las descritas líneas arriba. Apremia resolver la superposición normativa y legal que entrampa la gestión adecuada de las áreas de protección. Urge enfrentar a los traficantes de terrenos y llamar duramente la atención a los municipios distritales y/o a otros organismos con competencia directa en la protección de los ecosistemas frágiles que brillan por su ausencia. Se espera que los municipios en Lima y en todo el país asuman el reto. Se necesita una pronta acción conjunta de diversos niveles del Estado para encauzar el crecimiento urbano del siglo XXI; existen normas que no se aplican y nos impulsan a preguntar si se dará prioridad solo al transporte y cámaras de seguridad o se tomará con responsabilidad el escenario que nos plantea el cambio climático.

desco Opina - Regional / 3 de octubre de 2014
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