Tras la entrevista que el Presidente de la República concedió a un medio nacional hace una semana, queda clara la imagen de un gobernante pragmático. En el caso del Lote 88, declaró que él no presenta el ‘cómo’ sino el resultado final. Este sentido militante de la eficiencia es tal vez lo que lo lleva a decir, a propósito de Conga, que el agua está «contaminada por ideologías», y por política local y que hay que «descontaminarla», como si de ‘blanquear’ la realidad social se tratara. Como no queremos arriesgarnos a que, en 2016, se nos muestre el resultado de esta campaña de limpieza, preferimos explicaciones sobre lo que esto significa para los gobiernos regionales y locales.
Esto se suma a los recientes dislates parlamentarios a favor de disminuir el status de sus autoridades cambiándoles de nombre. Llama la atención que, habiendo en agenda temas tan importantes para la marcha de la descentralización en el país como la descentralización fiscal, los padres y madres de la patria se dediquen a decidir si ‘gobernador’ es mejor que ‘presidente’ para expresar un ‘estate quieto’ a las autoridades regionales, demostrando un ánimo centralista teñido además de un tonito estamental.
Otra señal preocupante de intolerancia se dio con el Proyecto de Ley 943 para incluir causales de vacancia en la Ley de Gobiernos Regionales. El proyecto propone revocar a los presidentes regionales que emitan normas que el Tribunal Constitucional considere un «exceso» en sus atribuciones o que contravengan sentencias del TC «en materia de competencias de organismos públicos». El asunto es que no son solo los gobiernos regionales los que exceden sus atribuciones, sino que el mismo Ejecutivo lo ha hecho y probablemente lo seguirá haciendo. Más que el principio abstracto de las competencias separadas dentro de un Estado unitario, este tipo de ley podría tener efectos directos y muy concretos en la gran inversión minera y en las concesiones en áreas protegidas, temas que están por fuera de las competencias de los gobiernos regionales, lo cual precisamente es parte del problema.
Como parte de la corriente contra la autonomía regional, desde hace varios años, los medios informan a medias sobre el gasto de los presupuestos por canon y regalías, por ejemplo. En gobiernos como el de Arequipa, las transferencias por canon minero fueron de 677 millones en 2011. Lo que de eso recibió directamente el gobierno regional es muchísimo menor, apenas 169 millones. Los titulares sobre la eficiencia son hechos a menudo en base a las primeras cifras. Por un lado, se socava la eficiencia de los GR, por otro, la conducción del proceso se ralentiza luego de la salida de Manuel Dammert de la Secretaría de Descentralización. Un analista se preguntaba si estos indicios apuntan a una nueva ofensiva contra los gobiernos regionales.
Si bien la «solución» para Cajamarca no expresa aún una nueva relación con la minería en los territorios bajo jurisdicción de autoridades electas por voto popular, sí nos habla de una cierta autonomía del presidente para encontrar una vía alternativa a la que deben sugerirle los susurros de cierto sector por imponer «mano dura» en Conga. No obstante, esto no significa que el impacto que podría tener la inversión centralizada dirigida a las provincias y distritos termine aislando políticamente a las autoridades regionales. Se pretende así jugar con objetivos de mediano plazo por encima de las «turbias aguas» de la política local, es decir, en las turbias aguas de la política nacional.
desco Opina / 30 de marzo de 2012
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