desco Opina - Regional
Desde el 5 de octubre, los agricultores que tuvieron deudas por créditos agropecuarios con la banca privada o pública, pueden acogerse al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA). En esa fecha, entró en vigencia la Ley 29264, señalando dos vías para su aplicación; el primero es la extinción parcial de la deuda vencida al 31 de diciembre del 2007, hasta por diez mil nuevos soles de capital principal, sin incluir intereses, moras y otros gastos devengados; y la segunda modalidad contempla la refinanciación de las deudas de los campesinos.
De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.
Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.
Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.
La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?
Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.
Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.
De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.
Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.
Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.
La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?
Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.
Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.
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2 comentarios:
La norma nos dice que uande las razones de esta ley es para evitar los cobros judiciales y las posibles adjudicaciones de las tierras de los agricultores. Pero, que pasan con las deudas vencidas (antes de la fecha señalada en la norma) y que se las abrió proceso judicial y que cuentan ya con una sentencia fundada a favor de la entidad financiera acreedora: ¿estas situaciones se ven inmersas en el ámbito de la ley? Es decir, si se tiene ya un pronunciamiento del Poder Judicial, ¿se tiene que dejar de lado estas sentencias y acceder a la solicitud del deudor que desea que su deuda sea amparada por la ley? No es una manera de tachar lo que dispone el Juez y permitir que una ley (con tintes demagógicos) ampare deudas que sí se pueden cobrar - en este supuesto.
Totalmente de acuerdo con la ley de reestructuración de la deuda agraria, en desacuerdo con los comenatrios vertidos de DESCO OPINA toda vez que esto evita el incremento de las pobrezas de los campesinos e incermentando las DESIGUALDADES, cuando es a favor de los campesinos, si que nos oponemos, pero cuando el estado salva banco corporaciones, mantiene las tasas cambiarias a favor de los empresarios nadie dice nada, ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROMOCIONAR EL CREDITO SIN MONITOREO DE LA PROYECCION DE SUS INGRESOS, SIN APOYO TECNICO, es imposible que un campesino sin conocimiento financiero cumpla sus compromisos crediticios, la producción no sale en los tiempos estimado, y la cobranza no espera, en otros paises los creditos son monitoreados tomando como base sus flujos de caja, para establecer que montos deben pagar, hasta llegar a la cancelación de la deuda.
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