La educación nos hace libres e iguales

Arequipa es una región en la que el conservadurismo católico cuenta aún con gran arraigo entre la ciudadanía y una fuerte influencia en el comportamiento de muchos políticos, lo que deja espacio para “confusiones” como la que sufrió Javier Del Río Alba la semana última. El arzobispo de Arequipa, en una ceremonia pública en la ciudad, quiso sorprender al Ministro de Cultura, Salvador del Solar, con un insólito pedido: que se incluya al final del Currículo Nacional Educativo “dos rengloncitos” que digan: “queda prohibido en todo los colegios del Perú introducir la ideología de género”. El arzobispo se sumó así a la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa.

No es la primera vez que Del Río presiona a una autoridad por una política pública usando su investidura religiosa, emulando a su colega, el Cardenal Cipriani. Si bien el Ministro Del Solar supo salir airoso con una respuesta conciliadora sobre la necesidad de defender la igualdad e invitando a los católicos a la reflexión, queda claro que el incidente va mucho más allá y nos interpela, porque muestra cuán desdibujados están los límites entre la voz política y la voz confesional de algunos líderes religiosos, como correlato de la enorme campaña de desinformación acerca de la política educativa y la supuesta “ideología de género” en ella.

Voces como las de Del Río cuestionan desde argumentos religiosos –como el derecho natural– un componente establecido en las políticas públicas peruanas, como lo es el enfoque de género, que es una herramienta para avanzar en la superación de las desigualdades y de la discriminación. Estos cuestionamientos basados en planteamientos de fe deben ser enfrentados desde la política. Así lo han entendido los sectores ciudadanos que han conformado en Arequipa la Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y la Igualdad, que ya se han reunido con la gobernadora regional, Yamila Osorio, para disipar las dudas sobre la aplicación del nuevo currículo nacional y su relación con las políticas regionales educativas.

Tanto a nivel nacional como a nivel regional, el Estado debe afirmar su carácter laico. Y no solo a nivel de la política pública, sino en cualquier circunstancia, en particular en actos públicos. No olvidemos que el intento de presionar a un Ministro de Estado por parte del arzobispo Del Río ocurre en el marco de una ceremonia en la que el Estado otorgó la Orden del Sol a la imagen religiosa del Señor de la Amargura. Si bien el sustento de la distinción tiene que ver con el valor cultural, no cabe duda de que esta iniciativa contribuye a reforzar la confusión ciudadana respecto a la separación entre Iglesia y Estado. Con tales gestos la discusión sobre políticas públicas, en este caso la educativa, se mueve en un terreno desfavorable y puede ser aprovechada por los sectores que rechazan los avances del Estado en la comprensión y atención a las desigualdades entre hombres y mujeres.

La educación es un factor clave para el desarrollo. El que nuestro desempeño nacional en este campo haya sido lamentable durante las últimas décadas –lo confirman las pruebas PISA– debería llevarnos a un compromiso por apuntalar la calidad educativa y no a permitir el retroceso que significa negar la necesidad de formar a las futuras generaciones en valores como la igualdad y el respeto a la diversidad. Dejar pasar posiciones fundamentalistas como las expresadas por la movilización de “Con mis Hijos no te metas” solo traerá a la larga pasividad ante la violencia y el abuso de poder. Ahora más que nunca el lema “la educación nos hace libres” debe ser una bandera sustancial.

desco Opina - Regional / 10 de marzo de 2017

Programa Regional Sur

Con la corrupción encima

La corrupción ha cubierto con su negro manto la escena política nacional. Por debajo del mismo, las limitadas expectativas de crecimiento económico caen, como lo hacen varios sectores productivos más allá de la construcción, mientras la inflación de los dos primeros meses del año, supera ya en medio punto la meta anual que estableciera el gobierno en el presupuesto nacional. Los conflictos que se anunciaban resueltos o en curso de estarlo se mantienen  vigentes y a los malestares que generan las ostensibles limitaciones de la acción gubernamental en todos sus niveles frente a las lluvias y desastres naturales que nos afectan cíclicamente en esta época del año, se suman aquellos que resultan del incremento de los precios en las semanas de matrículas e inicio del período escolar.

La encuesta del 26 de febrero de GfK da cuenta de la temperatura de la gente. Molesta por la corrupción, pero afectada y viviendo cotidianamente otros problemas también. Así, 52% cree que la corrupción es el principal problema del país, superado apenas por la inseguridad/delincuencia, pero la situación económica del país ya alcanza un 28%, al que podría sumarse la falta de trabajo/desempleo, que tiene un porcentaje similar.

En este escenario, que adquiere gran visibilidad a propósito del caso Lava Jato, destapado en Brasil, hasta ahora son las actividades de Odebrecht y el presunto involucramiento del expresidente Toledo, las que han alcanzado mayor notoriedad. En ese marco, desde las distintas tiendas políticas, pero también desde el sector empresarial, el interés mayor parece ser el de alejar los reflectores que puedan vincularlos y orientarlos hacia sus competidores y el gobierno de turno. Muchos de los analistas que circulan por diversos diarios nacionales, preocupados por las implicancias del escándalo para el propio modelo económico que han defendido ardorosamente durante los últimos 25 años, «descubren» ahora al «imperialismo» brasileño y una conspiración de las izquierdas, olvidando que se trata de una estructura corrupta que fue «heredada» y no creada por el PT.

Los empresarios por su parte, la CONFIEP en particular, guardan cauto silencio, que no debe sorprendernos. A fin de cuentas, tienen un exvicepresidente y expresidente de CAPECO también, Lelio Balarezo, que es parte de los múltiples prófugos que tenemos como país. Si sobre ese caso, apenas dijeron poco, sobre el presumible conocimiento de varios de sus asociados acerca de la corrupción que ha caracterizado a sus socios brasileños, hasta ahora no dicen nada significativo. Por el contrario, su preocupación mayor parece centrarse en la defensa del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, puesto en debate en esta coyuntura, entre otros, por uno de sus principales promotores a nivel internacional.

Ciertamente son los políticos quienes muestran mayor activismo en la materia, «tirándose dedo» los unos a los otros, materia ésta en la que Alan García ha demostrado una vez más su maestría. Hoy día, ante la opinión pública todos están bajo el manto de la sospecha, –la mencionada encuesta evidencia que una significativa mayoría cree que para la corrupción es indiferente si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es democrático o dictatorial, el 67% percibe que los políticos actúan según sus intereses y cree que todos los candidatos son corruptos y esto no va a cambiar (59%)–, y son parte de un río revuelto en el que se mezclan indicios reales, medias verdades interesadas y simples mentiras o «post verdades».

Así las cosas, iniciándose la nueva legislatura, la interpelación al Ministro de Transportes y Vicepresidente de la República por el caso del aeropuerto de Chinchero está en curso. La posibilidad de su censura no parece remota, a pesar del calculado silencio fujimorista, seguramente preocupado no por sus prácticas y vinculaciones con la corrupción de los 90, sino por las ineludibles investigaciones a algunas de sus figuras de hoy a las que insisten en blindar en el Congreso, las investigaciones por lavado de activos de su ex Secretario General, o la participación de Chlimper como representante de las AFP durante largos años en el directorio de Graña y Montero, hoy en el ojo de la tormenta. En este escenario que se va encrespando diariamente, el gobierno se debilita aceleradamente y evidencia los límites para operar políticamente, de los gerentes privados y tecnócratas, no son lo mismo, que ha reclutado.

desco Opina / 3 de marzo de 2017

Pueblos indígenas eternamente desplazados

Las noticias de corrupción política y los desastres ocasionados por las lluvias, han contribuido a que las noticias de la selva del país no se escuchen ni atiendan con la urgencia que merecen. A inicios de febrero, con el argumento de un supuesto permiso de las bases militares del VRAEM, traficantes de madera fuertemente armados desalojaron a la Comunidad Nativa Asháninka de Meantari (Satipo).

No es la primera vez que desplazan a familias asháninkas de sus territorios ni que son atacados, ni afectados en su integridad física para extraer los recursos forestales del interior de sus comunidades. Lo que más preocupa es la escasa capacidad de respuesta de las instituciones del Estado, lo que deriva en la impunidad de los infractores o en respuestas violentas de las comunidades amazónicas. Se desconoce si esta denuncia ha sido atendida por las autoridades policiales locales, sin embargo, independientemente del resultado de las indagaciones y pesquisas quedan muchas interrogantes; ¿cómo es posible que un grupo armado de sesenta personas pueda transitar tranquilamente en una zona declarada en emergencia por causa del narcotráfico? De existir la supuesta autorización militar indudablemente se trataría de un nuevo caso de corrupción y tráfico de tierras, porque el otorgamiento de permisos forestales le corresponde al SERFOR y no a las fuerzas armadas. Los nativos han identificado a los líderes de esa amenazante incursión armada y esperan que las autoridades tomen las medidas correctivas pertinentes.

Entre 1980 y 1990, debido a su vulnerabilidad, las comunidades nativas de la selva central fueron violentamente desplazadas y masacradas por las huestes terroristas. Tras conseguir el cese del hostigamiento con la participación del llamado ejército Asháninka y de las fuerzas armadas, los nativos volvieron paulatinamente a sus comunidades; sin embargo, en la zona del VRAEM aún quedan territorios que son inseguros para restablecer sus poblados. Los madereros ilegales así como los narcotraficantes y quienes se hacen pasar por colonos con fines subalternos quieren arrebatarles el derecho de posesión, situación que se agrava por la lentitud e inercia del Estado para otorgarles los títulos de propiedad que les corresponden. Según recientes informes, a la fecha quedan muchas comunidades nativas sin titular y esa carencia de titulación se convierte en oportunidad para un sistemático despojo. Según manifiestan las organizaciones nativas tan solo en la provincia de Oxapampa existe un aproximado de 250 títulos de propiedad otorgados por el Estado a terceros que se superponen sobre sus territorios. Caso similar lo representan las concesiones extractivas que tampoco respetan la intangibilidad de sus tierras. Cabe resaltar que el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena es uno de los compromisos del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del cual el Perú es signatario desde 1993.

Desde el año 2008 existe un compromiso del Poder Ejecutivo por culminar con el proceso de titulación. Como esto no sucede, se siguen generando movilizaciones de las comunidades nativas exigiendo celeridad. El diálogo ha cambiado de interlocutor en reiteradas oportunidades, en la última movilización nuevos rostros de la PCM se han acercado a dialogar con las mismas promesas de siempre ante los líderes indígenas. Bajo el lema de “Resistencia Indígena Asháninka”, los líderes de federaciones indígenas de la selva central (ANAP, UNAY, OPIYAT, ARPI y FRECONAYAPPP), han puesto en el debate ante el representante de la PCM una amplia agenda que incorpora la titulación de sus tierras así como la atención prioritaria de las necesidades básicas de sus comunidades; temas que por años han sido prometidos por los sucesivos gobiernos de nuestro país. El caso Meantari es sólo uno de los muchos que afectan a las comunidades indígenas y su causa principal es la lentitud en la titulación de sus tierras.

Actualmente, la comunidad nativa de Meantari está gestionando frente a la Dirección Regional de Agricultura (DRAG) de la región Junín el título de propiedad. No obstante, algunos invasores por medio de la Asociación “Señor de Luren”, argumentan haber colonizado estos aislados parajes de propiedad del Estado para actividades agrícolas y por tanto reclaman derechos posesorios al interior del territorio comunal, complicando el justo reclamo de propiedad de los indígenas. En la visita de inspección realizada por funcionarios del SERFOR con el acompañamiento de los comuneros, se constató el hallazgo de madera ilícitamente talada, pero no presencia de chacras ni casas de colonos. Todo indicaría que en el terreno no hay agricultores pero es notorio que se estaría preparando la tierra para cultivos ilegales de coca. La Central Asháninka del río Ene (CARE) exige que las instituciones del Estado tomen las medidas correspondientes para asegurar la pacífica toma de posesión de territorios ancestrales. Si se hace oídos sordos a este reclamo podrían generarse nuevas paralizaciones de las comunidades nativas. Lo más grave sería que los líderes indígenas convoquen nuevamente al ejército Asháninka, que cuenta con armas entregadas por el ejército peruano para el patrullaje contra los narcoterroristas. Ante la indiferencia del Estado, los nativos podrían tomar la justicia por cuenta propia, con temibles consecuencias.

desco Opina - Regional / 24 de febrero de 2017

Programa Regional Centro