A mano alzada en el sur

 

El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.

Denilson Huaraca Vílchez, natural de Huancabamba (Andahuaylas - Apurímac) de 22 años, es el último de una lista larga de personas que la Policía y el Ejército han victimado en el sur, sin que se identifiquen responsables hasta el momento, sin un mea culpa honesto de parte del Ejecutivo. Toda la violencia ejercida desde el Estado, se lee aquí como desprecio, que no está haciendo más que afianzar la identificación de la población con su cultura secular, provocando que la organización de ciudadanos y ciudadanas, en diferentes lugares, se fortalezca.

El luto en el altiplano, por la masacre en Juliaca, se ha hecho visible en la cancelación de la Fiesta de la Candelaria y del Carnaval de Juliaca. No hay nada que festejar. La triste y ya célebre frase de Boluarte, “Puno no es el Perú”, ha calado tanto, que Puno permanece cerrado. El pase vehicular es restringido para circular en cualquier tipo de unidad motorizada, obligando a que muchos estén atentos a las treguas para trasladarse, mientras las zonas céntricas en varias provincias están tomadas por movilizaciones continuas. Sus autoridades tomaron una posición clara respaldando a los protestantes, pidiendo el esclarecimiento y sanción de las muertes, respaldando el pedido de renuncia de la Presidenta. En varias de sus provincias continúan las actividades para recaudar fondos, tanto para ayudar a los familiares de los asesinados en Juliaca como para hacer bolsa para las delegaciones que relevarán a las que participan en las marchas en la capital.

En Arequipa, si bien parece que la protesta se desvanece, hay una marcada posición política por el adelanto de elecciones ya, sostenida por el nuevo gobernador regional Rohel Sánchez. En la última convocatoria de paro nacional, los mercados, colectiveros locales, estudiantes universitarios y gremios agrupados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa apoyaron la protesta.

En Cusco, pese a los anuncios de reactivación del turismo, las carreteras también continúan bloqueadas en algunos puntos, como Sicuani, por lo que las empresas de transporte se han visto obligadas a suspender la venta de pasajes, recientemente.

A raíz de las protestas, en casi todo el sur hay desabastecimiento de GLP y el abastecimiento de alimentos es irregular, aunque en comparación con el mes de enero, está situación ha mejorado. En Puno, las autoridades han pedido a dirigentes y líderes regionales flexibilizar la medida para el ingreso de cisternas con gas. En Madre de Dios, el gobierno llevó alimentos y balones para abastecer algunas zonas. Aún así, bajar las manos no es una posibilidad. 

En el sur no hay tregua con el gobierno de turno, tampoco espacio para el diálogo, pues las condiciones no están dadas mientras desde el Gobierno se sigan ensañando con los manifestantes, gaseándolos, apaleándolos, acusándolos de terrorismo para justificar la excesiva violencia de las fuerzas del orden con el aplauso del Ejecutivo que no pone límites y los premia con un bono, o asesinándolos directamente, como lo hicieron en Ayacucho.

La reciente encuesta de DATUM señala que 71% de la población exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Las únicas vías posibles son esas, pero ninguno de estos dos caminos parece estar en la agenda de Palacio, ni del Congreso. Sin gestos políticos, la fractura del sur con la capital se hará más grande. El resto del país tampoco soportará indefinidamente esta actuación del Congreso y el Gobierno. Esa mascarada no resistirá mucho tiempo.

 

 

desco Opina – Regional / 17 de febrero del 2022

descosur

Incertidumbre

 

En nuestra sociedad, las mayorías viven constantemente en incertidumbre. Esta nos genera inquietud, inseguridad, estrés, e incluso miedo por posibles escenarios aún más negativos que el actual, en el que el trabajo, la educación y la salud pueden faltar sin que exista una red de protección suficientemente fuerte y sustentada en la democracia. Vivimos incertidumbre para las personas, a cambio de aportar certidumbre a los mercados.

En el Perú esto se expresa de manera compleja y crecientemente violenta. Hoy vemos cómo la incertidumbre política afecta a la vida y organización del país más allá de las calificadoras de riesgo, el tipo de cambio, la inversión extranjera o el crédito internacional. En la actual incertidumbre lo que está en primer plano no es la economía sino las demandas políticas, las inseguridades sociales y el miedo al futuro.

Frente a la crisis actual, algunos sectores se aferran a la creencia de que la institucionalidad vigente puede aún garantizar certidumbre. Considerada indispensable para la marcha de la economía, la libertad de emprendimiento y de elección de las personas; en última instancia apuestan por mantenerla en virtud de una combinación de fuerza y determinada interpretación de la ley. Ante un problema nuevo, pretenden aplicar las antiguas recetas de un viejo orden.

Otra lectura contempla esta grave crisis como un momento histórico, en el que diferentes partes de nuestra estructura social crujen y se desmoronan. Desde esta mirada la incertidumbre aparece como un desafío social, antes que, como una amenaza al orden, en la medida en que este se considera injusto y excluyente. Desde esta perspectiva, la palabra incertidumbre hoy implica duda sobre el resultado de esta crisis histórica y sobre la viabilidad de una solución concertada y pacífica.

Cuando se toma conciencia de que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, nuestra incertidumbre actual no se explica solo por ideologías o discursos, ni es algo económico, o de estadísticas sociales comparadas. Requiere del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis y de considerar las motivaciones de los diversos actores movilizados y de los cálculos que procesan los distintos actores sumergidos en esta coyuntura que, en última instancia contribuyen pasiva o activamente a su desarrollo. Reto al que los medios y lo que queda del sistema político parecen haber renunciado. En particular la llamada prensa concentrada ha apostado por una posición sesgada y de desinformación: lo que ofrece en papel y en pantallas es incompleto y poco representativo, cuando no directamente falso, lejos de la reflexión crítica, la honradez intelectual y la competencia profesional.

Si bien la incertidumbre nos desafía como un virus desconocido, también nos demanda reflexionar y decidir. En ese sentido, puede ser también una escalera hacia un pensamiento provocador ante asuntos como la pobreza extrema, la exclusión social, el racismo imperante o frente a urgencias que van desde el cambio climático y los desastres naturales hasta el creciente autoritarismo político, problemas que no son simples ni locales, sino complejos y globales.

Depende pues del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis. Una parte de esta realidad se explica por la falta de conocimiento de los hechos.

Los seres humanos nos sentimos muy incómodos con ella y hay muy buenas razones. Por el bien de nuestra supervivencia, necesitamos respuestas, resolver dónde conseguir comida, cómo criar a nuestros hijos, dónde ejercer nuestra libertad, etc. Sin embargo, la idea de correr detrás de una respuesta mágica es muy común, más aún en la actualidad, ante la falta de respuestas e información que aporten a un sentido común aceptado. Es indispensable contrastar lo que aquí ocurre con lo que está pasando en el resto del mundo, especialmente en tiempos de crisis económica y convulsión social que contagian al planeta del nuevo virus de la incertidumbre.

La incertidumbre, que es la falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo, o sobre casi todo, aparece con fuerza en situaciones como la que vivimos, con un Congreso inoperante y una Presidencia que se mantiene por medio de la imposición y la violencia contra la ciudadanía. Es urgente superar esta incertidumbre, esto exige los mejores esfuerzos de lucha, desprendimiento y concertación transparente que van desde el Corredor minero hasta el de los Pasos Perdidos, por dar solo un par de ejemplos.

 

desco Opina / 10 de febrero de 2023

Agendas en juego para Lima

 

Se ha cumplido un mes de la nueva gestión metropolitana en medio de un clima altamente polarizado, con movilizaciones ciudadanas diarias y con una Lima que de la noche a la mañana ha pasado a albergar delegaciones provenientes de varias regiones del país, que buscan hacer valer sus demandas desde la capital, considerada como el centro del poder político y económico. Frente a este contexto, ¿cuál es la agenda que el nuevo alcalde de Lima Metropolitana ha priorizado?

Quedaron atrás sus promesas por convertir a Lima en «potencia mundial», por lo menos fueron postergadas hasta un futuro muy lejano; a cambio ha decidido priorizar voces como la del premier Otárola, para hacer de la ciudad un fortín de contención política, ante la «asonada» que advertían algunos opinólogos y políticos, en un acto groseramente racista. En esa dirección puso en marcha toda una logística para cercar espacios públicos que eran lugares de encuentro y podían volverse en sitios de resistencia simbólica –cultural y política– de las manifestaciones. Hoy es imposible ingresar a plazas como San Martín, y como si ello no fuese suficiente se busca militarizar la comuna desde el sillón municipal y convertir al Centro de Lima en un lugar intangible, con un tinte peligrosamente discriminador y con un claro afán de afectar el derecho que toda persona tiene para protestar y hacer uso libre de los pocos espacios públicos que tiene esta ciudad. ¡Lima no es solo para los limeños, señor alcalde!

No podemos dejar de mencionar que en sus primeros días de gestión buscó echar por la borda una de sus principales banderas de campaña, cambiando su promesa de anular los contratos de los peajes con las actuales concesionarias, por un débil discurso de renegociación. Hoy, debido a la presión ejercida por los alcaldes de Lima Norte y los usuarios de los peajes, se ha anunciado desde el Consejo Metropolitano de Lima la culminación del contrato de concesión del Consorcio Rutas de Lima, aunque según recientes declaraciones, esta decisión podría costarle a la ciudad 1 450 808 000 soles por concepto de endeudamiento, además que en la práctica, no representaría un beneficio directo para la ciudadanía.

Parece entonces que para el señor López Aliaga la ciudad de Lima es el patio trasero de su casa, su jardín de recreo o experimento, con miras a la competencia electoral por la Presidencia de la República. Su plan para volver potencia mundial la metrópoli adolece de una mirada de derechos. No deben sorprendernos sus coqueteos y la incorporación de varios funcionarios de la administración del exburgomaestre Luis Castañeda, implicados en escándalos de corrupción graves, como Comunicore, que carecen de competencias mínimas para liderar encargos tan complicados e importantes como EMAPE o la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Recordemos que hace poco un medio local causó polémica por la emisión de un reportaje poco serio basado en las declaraciones e imágenes proporcionadas por el hoy gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, pretendiendo escandalizar a sus televidentes mostrando las «nuevas estrategias» que utilizan los brigadistas y miembros de la primera línea para hacer uso legítimo de implementos básicos de defensa, para evitar ser afectados por la represión desproporcionada de la policía durante las protestas en Lima.

Las encuestas se muestran favorables al alcalde. CPI en un último sondeo registra una aprobación del 45% y una desaprobación del 35%. Veamos cómo varían estos números en los siguientes meses, considerando que las mismas son apenas a tres semanas de su gestión y el alcalde tiene una larga lista de promesas por cumplir; algunas descabelladas como la construcción de playas artificiales en distritos sin acceso al mar o la creación de un sistema de reservistas de las FF.AA. para tareas de prevención del delito. Hay que recordar que el burgomaestre tiene aliados directos en su gestión en doce distritos de Lima Metropolitana, administrados hoy por Renovación Popular.

Toca seguir de cerca esta gestión y evitar que en Lima Metropolitana se instaure una política antiderechos, de espaldas a la realidad nacional, que termine siendo un frente de batalla político para perseguir a opositores, a quienes llaman vándalos, favoreciendo a los grupos de poder que han decidido cercar los principales distritos de la élite económica limeña, con la idea errónea que su exclusividad debe ser la regla, como si con ello pudiesen evitar que los que hoy reclaman cambios puedan ser escuchados, buscando invisibilizar por distintos medios la grave violación a derechos humanos a la que estamos asistiendo. Parece que se trataría de contribuir a institucionalizar, desde la Municipalidad de Lima, una falsa narrativa y un discurso de odio basados en fake news, con autoridades indolentes para quienes las pérdidas económicas, las piedras en las calles y las ventanas rotas valen más que la vida de un ciudadano.

 

 

 

desco Opina / 3 de febrero de 2023

descoCiudadano