Sin un día siguiente

 

En Perú el escenario de contienda de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece llevar a un encontronazo final, en un combate en el que solo cabría vencer o morir en el intento. En torno a él, los analistas de todo tipo, gusto y condición se explayan explicando si tal o cual medida es democrática o no, si es viable, legal o inconstitucional, si cuenta con el respaldo de la ciudadanía o de los medios. Así, se abre un abanico enorme, que no es para refrescar un verano caliente que ya se aproxima.

En simultáneo, el cansancio y un hartazgo enorme envuelven a la ciudadanía. Si el Congreso inhabilitara al presidente Castillo, casi el 90% de los entrevistados en todo el país considera que entonces se convoque a elecciones generales. La aprobación del Congreso apenas si bordea los dos dígitos y si bien el Presidente casi la duplica, una contundente mayoría reitera la desaprobación del desempeño de quienes combaten infructuosos a diario y no gobiernan ni legislan para el país. La crecida de la indignación ciudadana, provocando que ésta se desborde y acabe como un desmadre, siempre es una posibilidad, aunque probablemente no en las actuales circunstancias en las que el fin de año convoca a personas e instituciones a balances y evaluaciones más íntimas que colectivas, por lo que no parece ser el mejor momento subjetivo.

La estrategia de enfrentamiento permanente, como se ha visto, no ha llevado a una confrontación final. Es una manera de sobrevivir en la que un giro hacia la distención dejaría ver los problemas que se han ido acumulado para uno y para otro. Es la turbulencia lo que permite la sobrevivencia de Castillo y es el desorden del Congreso el que permite que se regodeen en una oposición que a nada conduce, sea éste leal o no a la interpretación de su rol fiscalizador.

No hay forma de solucionar las cosas desde dentro. No pasa nada, pero no porque no pueda pasar –mientras los actores buscan danzar al borde del precipicio– sino porque la desesperación por hacerse del poder sin pasar por elecciones y sin legitimidad, no trae un día después de estabilidad y dirección hacia destinos mejores.

El escenario de la vacancia es posible pero no es el más probable. Siempre hay un espacio para que las aguas salgan de su curso. Si se dan los votos no es sostenible un gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la estrategia del Congreso para hacer esto, cuando saben que –antes y ahora– casi nadie los quiere en todo el país y ellos mismos no podrían sostenerse hasta el término de su mandato en julio del año 2026?  Son gemelos siameses inseparables: si uno muere ambos fallecen.

En un ejercicio de «balas de plata» si el gobierno provocara la censura del Gabinete de Bettsy Chávez y cierre del Congreso, la gran mayoría de la ciudadanía, sin duda, lo aprobaría. Nadie los quiere y las lágrimas por su partida se secarían muy pronto en el desierto de su olvido. Una medida así llevaría sin dificultad a que la popularidad del gobierno pueda pegar un salto, como ya ocurrió con Fujimori de una manera y con Vizcarra de otra. Podría subir en su aprobación inmediata, pero no hay argumentos para que se sostenga. Hay un gobierno que no manda ni sirve a las necesidades y prioridades del país. ¿Gobernaría mejor, superaría su pésima gestión?

Cuidando sus espaldas, el Congreso de la República ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial por el ejercicio de la cuestión de confianza. Se ampara en la decisión previa del TC de no observar la ley que restringe el referéndum, cuya revisión es el «argumento» del Ejecutivo para buscar la confianza.

Toca al TC precisar si le corresponde al Gobierno interpretar la decisión del Parlamento respecto al pedido del gabinete Torres, que fue considerada por el presidente como un “rehusamiento expreso de la confianza”. Al mismo tiempo en el Parlamento van por una tercera moción de vacancia del Presidente que podría tener viabilidad y alcanzar los votos rebuscando en el fondo de algunas curules.

Al «día siguiente» ya no habría a quién «echarle la culpa» en un campo de confrontación en el que se alimentaran los silencios profundos (en los que en realidad incurren) detrás de sus bravatas los políticos que elegimos el año 2021 y que quieren quedarse hasta el 2026.

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2022

Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022

Una película cada vez más gastada

 

El Congreso de la República finalmente le dio la investidura al gabinete liderado por Aníbal Torres que obtuvo la confianza gracias a 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones; cuatro votos menos que su antecesora, Mirtha Vásquez, y nueve menos que Guido Bellido. Si nos guiamos por las encuestas de febrero, la opinión pública apostaba por un resultado ajustado –47% creía que el Congreso debía darle la aprobación frente a 49% que apostaba por la negación de la confianza– a diferencia de lo que ocurriera meses atrás con lo que se pensaba entonces de su antecesora que registraba 18 puntos más.

La presentación del nuevo equipo ministerial se producía en un escenario de constante desgaste del Ejecutivo aumentando la incertidumbre sobre el resultado. En febrero la aprobación del mandatario, según la encuesta citada, siguió cayendo, aunque lentamente; al final de ese mes la designación de Torres como Presidente del Consejo de Ministros era rechazada por el 54% de los encuestados, en un escenario en el que 68% de aquellos entendía que el gobierno estaba cumpliendo poco o nada de sus promesas y señalaban como sus limitaciones mayores el nombramiento de ministros cuestionables y el manejo de la corrupción.

En ese marco, en sentido estricto, el mayor capital del Ejecutivo cuya debilidad es un dato desde las primeras semanas del gobierno, es la precariedad del Legislativo aprobado por apenas el 14%, mientras que su Presidenta alcanzaba el 20%, cayendo ambos seis puntos en relación al mes anterior. En otras palabras, números aún peores que los del Ejecutivo que llevan a imaginar crecientemente la convocatoria a elecciones generales como la salida al enfrentamiento entre ambos poderes que se inició desde el día uno del gobierno.

La asistencia de los ministros al Congreso, antecedida por la censura del exministro de Transportes y Comunicaciones, blindado hasta entonces por el oficialismo tanto como por los sectores más duros de la oposición evidenciando las coincidencias prácticas que mantienen alrededor de diversos temas –transporte, educación superior y rol de Sunedu, minería informal e ilegal, enfoque de género, etc.–, despertó menos expectativas que las anteriores. Su presentación, si alguna sorpresa tuvo, fue la recurrente alusión del Premier a la necesidad e importancia de la concertación entre ambos poderes del Estado. Empezó y terminó haciendo invocaciones en esa dirección, interesado como en toda su intervención, en las formas antes que en el fondo, alimentando la desesperación de sus mayores críticos.

En sentido estricto la presentación ministerial fue una expresión más de la falta de una orientación programática mínima en el gobierno. Más allá de los temores que éste sigue generando entre los sectores más recalcitrantes que insisten en tomar la calle y se mantienen febrilmente convencidos de su rumbo al comunismo, quedó claro que no existen propuestas de cambio importantes en ninguna dirección –donde algunos tímidos intentos anunciados por el gabinete anterior, como la reforma tributaria, se desvanecieron en el discurso– predominando la parálisis y la instalación en los distintos campos que fueron abordados ante el Congreso. Al final de cuentas una presentación burocrática destinada a cumplir con un rito innecesario y a presentar lo que desde el Ejecutivo se entienden como los éxitos de su gestión en este corto tiempo, guardando silencio sobre cualquier cosa que parezca reconocimiento de errores o debilidades, es decir, sin asomo de autocrítica alguna.

Quienes se durmieron esperando la negación de la confianza tras la sucesión de altisonantes y reiterados señalamientos, incluidos aquellos realizados por más de un integrante de la bancada oficialista, despertaron el 8 de marzo para sorprenderse con los resultados. Con los votos de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y 12 de los 15 votos de Acción Popular, a los que se sumaron algunos integrantes de APP, Podemos y Somos Perú, el cuarto equipo ministerial de este gobierno logró su aprobación. Mientras Renovación Popular y Avanza País apostaron desde antes de su presentación por el rechazo a Torres, Fuerza Popular se movió entre la abstención y el voto en contra hasta estar seguros del resultado que se produjo, más interesados en el futuro del Tribunal Constitucional que en el nuevo gabinete, esperando el juego más largo de la vacancia con el que están comprometidos. Todos ellos conscientes de que Acción Popular, más que Alianza para el Progreso, tiene una lógica de sobrevivencia y reproducción –ambas agrupaciones apuntan con cierta ventaja a los comicios regionales y municipales– que le permite negociar tanto la atención a sus distintas clientelas electorales cuanto la gestión de beneficios particulares.

Imaginarse lo que sigue no es muy difícil. Desde el Congreso, incluyendo a muchos de quienes votaron por la confianza, la interpelación y eventualmente la censura de varios de los ministros, donde Condori, Chavarry e Yldefonso ocupan los primeros lugares de la fila. Como primer plato, acompañada del pedido de vacancia que apunta a forzar la presencia presidencial ante el Congreso; como plato de fondo, el afán por llegar a los 87 votos que les permitirían liquidar al mandatario. Desde el Ejecutivo, la tranquilidad que les produce el relativo blindaje que muestran frente a la vacancia, parte del capital de Vladimir Cerrón, y la convicción que pueden seguir sacrificando ministros como parte de la negociación permanente. Las acciones del gobierno responden cada vez más a su afán de sobrevivencia en medio de una profunda polarización y una precariedad política de todos los actores. Castillo parece capaz de pactar con quien sea, casi cualquier cosa, con tal de no ser derrocado; su comportamiento, sin embargo, no es muy distinto al de la mayoría de integrantes del Congreso. Sus debilidades y limitaciones tampoco.

Estamos entonces frente a una película que se repite en su argumento y en la pobreza de sus actores. Más allá de la tregua que supone el voto de confianza, la sensación de crisis política permanece en la gente, que aunque sostiene que ésta le afecta mucho, no llega aún a la protesta, porque se siente distante de la institucionalidad. Como es obvio, no hay mal que dure indefinidamente ni cuerpo que lo resista.

 

desco Opina / 11 de marzo de 2022