Atender las demandas de seguridad ciudadana en grandes ciudades del tercer mundo como Lima, requiere un enfoque integral. Exige responder a las causas subyacentes de la delincuencia como tomar medidas para prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos, mejorando su entorno. Es indispensable enfrentar las muchas dimensiones que involucra la inseguridad como un problema complejo articulando con eficiencia la intervención de diversos actores, públicos y privados, en diferentes sectores y aspectos de la vida social del Perú.
La seguridad ciudadana requiere atenderse desde múltiples perspectivas, que pasan por el fortalecimiento de la policía local, la implementación de programas de prevención del delito, pero también por la mejora del entorno de las personas. Es decir, en la infraestructura y el equipamiento urbano en la iluminación pública, en la señalización urbana general y en particular la del tránsito, la prestación de servicios higiénicos públicos de calidad y la educación ciudadana. Esto exige promover la participación comunitaria y la colaboración de otras autoridades gubernamentales para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.
En Lima Metropolitana soportamos una gestión municipal que, según datos de distintas fuentes, es absolutamente incapaz de gestionar eficientemente la ciudad en asuntos de seguridad. Según el último estudio de opinión Informe IPSOS sobre seguridad (febrero, 2024), 81% de los entrevistados se sienten inseguros de caminar por la calle de día y 94% cuando es de noche. El 70% considera que las condiciones de seguridad han empeorado, y apenas 8% estima que han mejorado.
Las estadísticas anuales del INEI Informe técnico N° 2 INEI sobre seguridad ciudadana (marzo 2024) dan cuenta que la población urbana de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo entre setiembre 2021 y febrero 2024 en Lima, ha pasado del 24.4% al 32.1% (ver el gráfico Nº 36 y otros datos del informe). Finalmente, para el grupo Lima Como Vamos, la inseguridad como sensación, bordea el 70.9% a diciembre 2023, con tendencia al empeoramiento anual de los indicadores de calidad urbana en Lima. La percepción a futuro sobre delitos que pueden sufrir los ciudadanos también es negativa: aumenta en robo de dinero o celulares, robo a las viviendas, estafas, amenazas e intimidaciones, extorsión (pasa de 21.7% a 26.0% –el de mayor crecimiento–), secuestro, maltratos y ofensa sexual, así como robo de negocios.
Algunas de las expresiones de la inseguridad urbana han ganado mayor protagonismo: la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, los secuestros de corta duración, la extorsión a negocios diversos, los asaltos en vías públicas, la mayor propagación del expendio de drogas y la proliferación de armas con capacidad de fuego superior a las de los policías, entre otras.
¿Qué ha hecho el alcalde López Aliaga para atender esta problemática y por qué la situación empeora? Propuso la identificación obligatoria de las motos lineales. Incluía que los conductores porten obligatoriamente un chaleco y un casco que lleven grabado el número de placa del vehículo, para la identificación y la labor de prevención policial y de serenazgo. Prometió la compra de 10 000 motos, en una rara figura de adquisición de equipamiento desde una entidad municipal para su entrega a la policía. Hace unos meses llegó un primer lote de 400 motos de un total –reajustado– de 4000.
Asimismo, propuso crear comités de autodefensa vecinal, cuyos dirigentes opten por formas de autoprotección vecinal para regular el acceso de personas ajenas, así como implementar instalaciones de seguridad como plumas, rejas y cámaras. El alcalde López Aliaga dijo que crearía un “Botón de Pánico” ante emergencias mediante un aplicativo móvil para respuesta inmediata al vecino. Ofreció que reservistas de las FF.AA. serían parte de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor vulnerabilidad, violencia y delincuencia.
Otras medidas, de su enfoque tradicional y represivo, se limitan a la integración metropolitana del sistema de cámaras de seguridad (4000), el patrullaje integrado de policías/serenos y el fortalecimiento de una central municipal de seguridad, así como la colocación de macetas con plantas y flores para espantar a los delincuentes.
Políticas públicas que deben implementarse
Reiteramos que lo que se requiere es disuadir el crimen, pero dentro de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la informalidad y la delincuencia, como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos de calidad (salud, transporte, recreación y áreas públicas). Se necesita, como ya dijimos, el mejoramiento del entorno barrial y del espacio público, empezando por calles bien iluminadas y limpias, incluyendo parques y paraderos.
El trabajo municipal debe ser concertado con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando políticas públicas de inversión en educación, que proporcionen a las y los jóvenes oportunidades para su desarrollo personal y profesional. También fomentar el empleo y crear oportunidades que ayuden a disminuir la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos, además de promover la vigilancia comunitaria activa en la prevención del crimen.
desco Opina - Regional / 10 de mayo de 2024
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