La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno –92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores–, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica. No debe sorprender, entonces, que 77% se muestre a favor del adelanto de elecciones, ni que ese porcentaje sea más alto fuera de Lima y en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque preguntados por eventuales candidatos, los tres primeros sumados –Keiko Fujimori, Antauro Humala y Pedro Castillo–, no llegan al 7%.
En este escenario la destitución, aparentemente definitiva, de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decretada por unanimidad por una Junta Nacional de Justicia cada vez más impredecible, mostró rápido sus distintas e importantes consecuencias, evidenciando que ella era pieza estratégica de la coalición autoritaria en el gobierno, entre otras cosas para concluir los pendientes en el proceso de captura de las principales instituciones del Estado en el que está embarcado el Congreso de la República. Su caída fue un disparo bajo la línea de flotación, como lo ha sido también la denuncia constitucional del Fiscal Villena contra Dina Boluarte, a quien acusa de cohecho pasivo impropio, soborno en el idioma de la gente, por recibir, a préstamo de su “waiky”, diría ella, tres relojes finos, un par de aretes de oro y una pulsera de oro y diamantes, todo a cambio de un presupuesto para Ayacucho de más de 190 millones de soles.
Como mordidos por una víbora, desde el Ejecutivo los ministros devinieron en aplicados guardaespaldas de la Presidenta, mientras sus socios mayores, la blindaban en el Congreso y aceleraban el paso en sus distintas tropelías. Los primeros, cuya inutilidad en la gestión es manifiesta, se hicieron provocadores y locuaces. Mientras el ministro de Energía y Minas anunciaba a los cuatro vientos la pronta ejecución de Tía María y Conga, el premier Adrianzén, en sorda competencia con el llamado vocero presidencial, acudía a Puno a intentar atemorizar a sus pobladores y se paseaba por los medios atacando al Ministerio Público y mostrando su admiración por Cantinflas al sostener que la Fiscalía no puede investigar a Boluarte, tras haber afirmado meses atrás, con idéntica pasión, que sí podía investigar a Pedro Castillo, compitiendo, por cierto, con varios otros abogados y ministros que adaptan sus interpretaciones de acuerdo a sus clientes e intereses. Como telón de fondo, Dina en distintas apariciones públicas, victimizándose.
Los segundos, es decir los congresistas, aceleraron la marcha y continuaron con sus trapacerías. Asistimos a la más reciente de ellas cuando la avezada fujimorista Moyano incorporó una enmienda que, en la práctica, suprime las agrupaciones políticas surgidas en regiones, con el argumento de fortalecer a los partidos nacionales, cuando es claro que de lo que se trata es de acabar con su competencia. En las elecciones regionales y municipales últimas, los partidos nacionales ganaron 9 regiones de 25, 74 provincias de 196 y 700 de 1694 distritos; el fujicerronismo que el 2022 sumó 61 bancas –37 Perú Libre y 24 Fuerza Popular–, en los comicios regionales y municipales conquistaron tres alcaldías distritales, los fujimoristas, y 3 provinciales y 74 distritales los seguidores de Cerrón. En otras palabras, una modificación más de las 26 hechas por ellos, para ellos mismos, para tener ventaja sobre los demás y, creen, que para garantizar su reelección.
El impacto de las disputas abiertas es innegable, acelera el tiempo político y desnuda las distintas ambiciones de las derechas. El alcalde de Lima, que sorprende esta semana porque se anuncia que gastará trece millones de soles en carruajes a caballo para el centro histórico de Lima, participó del lanzamiento de su candidatura presidencial desde Loreto y aceptó su disposición a “sacrificarse” si no aparece otro líder de su calibre. Los almirantes Cueto y Montoya se fueron de Renovación Popular, quizá porque le creyeron al alcalde cuando anunció su decisión de permanecer en ella hasta el último día de su mandato. Fernando Cillóniz, tras pasearse por varios medios poniendo su candidatura a disposición, finalmente se inscribió en el PPC para tener una plataforma desde la que plantea una coalición, asegurando que es “materia dispuesta”. Hasta la propia Benavides parece soñar con la posibilidad de candidatear tras el insólito homenaje que le rindieron los apristas. Así las cosas, Keiko Fujimori que se sentía segura y natural candidata de las derechas autoritarias, a la competencia que supone su padre circulando, si no para ser candidato, sí para imponer congresistas, descubre que enfrenta aguas movidas, incluso en su propio partido.
desco Opina / 31 de mayo de 2024
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