¿Y el derecho a la alimentación?

 

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país que afectaría a 15.5 millones de peruanos y peruanas, como afirmó la representante en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto generaría un impacto negativo en la frecuencia de casos de desnutrición crónica y anemia, presentes con mayor gravedad en las zonas rurales del país. Según el informe Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2020, los casos de desnutrición crónica en la población de Lima Metropolitana menor de cinco años representaba el 4.6%, mientras que la prevalencia de anemia en la población de 6 y 35 meses de edad en Lima Metropolitana representó el 30.4%.

Así, una vuelta por los principales mercados de Lima es suficiente para dar cuenta de la alarmante situación alimentaria que atraviesa la capital del país, y son pocas las alternativas que tiene una madre de familia para tratar de sustituir ciertos alimentos por otros “más accesibles”. Lamentablemente, las autoridades nacionales no hacen mucho por tratar de paliar esta situación y hay muy poca voluntad por intentar prevenir un escenario mucho más crítico.

Al respecto, pareciera que la planificación y prevención son un lenguaje ajeno a la política liderada por el gobierno de Dina Boluarte; basta ver el desempeño lamentable de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hoy Jefa de EsSalud, frente al dengue, que dejó 190 fallecidos en el país. Y en Lima Metropolitana no es muy diferente el comportamiento de quien hoy está a cargo de la gestión municipal.

En enero de este año la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, decidió paralizar la provisión de insumos que realizaba el mercado Emmsa de Santa Anita al Banco de Alimentos para abastecer a las ollas comunes de Lima, que garantizan la alimentación de más de 60 000 familias, solo con el fin de dar protagonismo a programas y políticas promovidas por su gestión. Además, hace poco, comerciantes de este gran centro de abastos, decidieron reiniciar un paro ante el cobro excesivo por el ingreso y salida de camiones abastecedores impuesto por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), monto que luego se vería reflejado en el costo final de los productos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto sobre la gran mayoría de productores de la agricultura familiar que abastecen las mesas del Perú, debido a su dependencia de fertilizantes y los problemas generados por las prolongadas sequías en las regiones del sur del país y las intensas lluvias que afectaron al norte.

Solo en 2020, en plena crisis por el COVID-19, se registró un ingreso de más de 3.7 millones de toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De aquí que se vuelve fundamental que las autoridades busquen priorizar medidas preventivas que estén orientadas no solo con la gran empresa y el sector agroexportador, sino también con la agricultura familiar que son fuente esencial para la alimentación de las familias en Lima y el resto del país.

Además, contar con políticas preventivas que involucren al sector de la sociedad civil organizada, como las ollas comunes, es un reto aún sin rumbo claro, no solo a fin de que se garantice una ración de alimentos a cada uno de los integrantes que conforman los más de 3 millones de hogares en la capital, sino para que se integren criterios nutricionales en las más de las 2000 ollas comunes que se encuentran en Lima Metropolitana, según registra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y que dicho sea de paso destinan S/. 3.60 para la preparación de los tres alimentos diarios, esto según información propia de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Preguntémonos si con este presupuesto es posible garantizar una alimentación saludable para las miles de familias y, en especial, la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, que acuden diariamente a estos establecimientos en sus barrios y comunidades.

Entonces, este fenómeno de constante incremento de precios en los principales productos de la canasta básica constituye un alto riesgo para las familias en el país en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos no son suficientes para costear los altos precios. Según una reciente encuesta de CPI, el 53.7% de peruanas y peruanos considera que la situación económica familiar ha empeorado en los últimos seis meses, de los cuales el 45.2% corresponde a Lima y Callao. Así mismo, esta misma encuesta muestra que el 69.9% de la población nacional considera que hay menos oportunidades de trabajo; de esta, el 61.4% vive en Lima y Callao.

Estas son algunas razones que deberían preocupar al actual gobierno, dejando de concentrar sus fuerzas en deslegitimar e invisibilizar las actuales protestas ciudadanas. Quizá hubiese sido mejor destinar los más de 12 millones de soles que entregó el gobierno a las FF.AA. en el marco del reinicio de las protestas, a la mitigación de la crisis alimentaria que afronta hoy el país.

 

 

desco Opina / 21 de julio de 2023