Un gran mito de los economistas latinoamericanos, entusiasmados a más no dar por el impresionante rush que tuvo el crecimiento económico regional entre el 2000 y 2013, además de lo visto en el Brasil de Lula, fue haber creído a rajatabla en la creciente importancia y consolidación de la clase media regional. La idea era que la progresión social y política que debía otorgar el crecimiento económico se sostenía, precisamente, con el ensanchamiento de las clases medias en tanto este segmento social apuntaba a tener propiedades, aumentar su consumo y aspirar a una educación de calidad.
Es cierto que hubo llamados de atención a esa algarabía. Desde la División Social de Cepal, Martín Hopenhayn, Rolando Franco, Arturo León, entre otros, advertían que las cosas no eran tan sólidas como parecían, y si bien los números de la economía eran importantes, no bastaban para identificar a las clases medias latinoamericanas como los agentes del desarrollo de la región por antonomasia.
En efecto, solo algunos años después, la situación prepandemia de los sectores medios latinoamericanos dejaba ya mucho que desear, salvo algunos ejemplos puntuales como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Los impactos del COVID-19 sobre ellos fueron realmente deprimentes: según cifras del Banco Mundial, su disminución en Argentina fue de -5.9, en Chile de -6.75 y en Perú nada menos que de -9.1.
En la lógica de sus entusiastas promotores de antaño, la pandemia reconfiguró los patrones de consumo de las clases medias peruanas y su restablecimiento deberá conducirse mediante políticas que se orienten a mejorar su acceso a empleos productivos y a reconstruir sus activos financieros, que han sido destruidos por la crisis sanitaria. Para Rolando Arellano, la pandemia ha reorientado sus gastos hacia rubros como comunicaciones, mejoras del hogar y artefactos, en un ambiente de expansión del trabajo remoto y tendencialmente con menores ingresos.
Pero, la situación se presenta bastante más complicada que la supuesta por los gurúes del consumismo. De acuerdo con la ENAHO, la disminución de ingresos de los hogares peruanos fue dramática: En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16 %, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. Más aún, el gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto, al compararlo con el año 2019.
Esto significa, entre otras cosas, que en todos los estratos sociales se han incrementado relativamente los gastos en alimentos y han disminuido los dedicados, por ejemplo, a salud y educación. Al respecto, el estrato socioeconómico E dedica en promedio el 53% de sus ingresos familiares a alimentación y solo el 1% a educación, lo que señala claramente la enorme hipoteca al futuro que deben hacer los que están en este grupo para sobrevivir en el presente y, peor aún, empobrecerse cada vez más.
Además, la disminución de ingresos afectó la capacidad de ahorro: en el 2019 una familia promedio ahorraba el 21% de sus ingresos; en el 2020 alcanzaron sólo el 5%. En buen romance, estos promedios significan que los hogares de mayores ingresos disminuyeron de manera importante el porcentaje de aquellos dedicados al ahorro, mientras los de ingresos medios dejaron de tenerlos y no tienen posibilidad de restablecerlos en el corto plazo, en tanto los de ingresos bajos simplemente «quemaron» activos para sobrevivir.
A ello, hay que agregar que antes de la pandemia nada menos que el 60% de los hogares peruanos –en el que, obviamente, está incluida una parte importante de nuestras clases medias– manifestaban no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su fuente principal de ingresos. Ahora bien, como podremos suponer, el impacto de las tres olas sucesivas de la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar promedio y la mala noticia es que no se palió –ni se paliará– con la distribución de bonos. En el 2020 el gasto por encima de sus ingresos de los hogares más pobres fue de 9700 millones de soles y, sencillamente, estas transferencias no pueden ser permanentes.
Lo que podría hacerse es tomar otras medidas complementarias. Según Miguel Jaramillo, de GRADE, debieran fortalecerse los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares, generar programas de empleo temporal orientados hacia pequeños proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.
Como vemos, la situación es muy delicada y, seguramente, cualquier salida, aunque sea de cortísimo plazo, no tendrá efecto si no hay un mínimo de confianza instalada hacia las entidades de gobierno. De esta manera, se nos presenta una situación por demás complicada que se potencia con el descalabro institucional que nos muestran cotidianamente nuestros actores políticos.
desco Opina / 25 de febrero de 2022
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