La crisis que la pandemia del covid-19
ha desencadenado en el mundo y en nuestro país ha desnudado una serie de
deficiencias y fallos del sistema de salud pública, y una debilidad del Estado en
general para afrontar este tipo de emergencias.
Desde sectores críticos al modelo imperante en el mundo, radicales y figuras de izquierda internacional y nacional
se ha insistido en considerar la pandemia como una falla global del capitalismo que muestra los serios límites del modelo neoliberal.
Frente a ello, no son pocos los
opositores a aquél que ven ahora una oportunidad para cambiarlo, o al menos modificarlo seriamente, aunque sus propuestas de cambio varíen según el grupo o la persona que escriba o declare
sobre el particular.
La pregunta de fondo es, sin embargo, si
existen las condiciones para emprender tales cambios, dado que implicarían un
conjunto de reformas estructurales que, por lo menos, refuercen el rol del Estado
en la esfera social e incluso económica. El problema central para introducir
los cambios que se demandan (parciales o totales) es la ausencia de una fuerza
política con el peso adecuado y la legitimidad para hacerse escuchar, movilizar
a amplios sectores y lograr que el Gobierno y el Congreso se vean obligados a
introducir modificaciones radicales a la ecuación Estado/mercado vigente. La
izquierda está hoy relativamente aislada y goza de escasa capacidad para hacerlo.
Es iluso creer que el gobierno del presidente
Vizcarra va a emprender un cambio de esas magnitudes, cuando es sabido que ni
él ni sus ministros y altos funcionarios cuestionan el modelo y tienen un
mandato a plazo fijo, aun cuando haya anunciado disposición a cambiar las
normas sobre las AFP (denostadas casi unánimemente), así como a aplicar impuestos de solidaridad a las mayores fortunas para afrontar la emergencia.
Por su parte, las fuerzas mayoritarias con
representación en el congreso, fragmentadas y dispersas, no han mostrado
tampoco disposición y capacidad para emprender cambios de fondo, más allá de
algunas medidas relacionadas con las tan desprestigiadas AFP y algunas otras
propuestas como la suspensión del pago de alquileres o de las pensiones
escolares, pensadas para el corto plazo y para ganar réditos electorales de
cara al próximo año. La iniciativa para crear un bono universal, finalmente
adoptada por el gobierno, fue promovida por distintos economistas y recogida
por la congresista Rocío Silva Santisteban.
Siendo entonces realistas, y aun cuando
el futuro es de gran incertidumbre, las distintas correlaciones de fuerza
podrían permitir plantear y luchar con posibilidades de éxito, al menos por
ahora, alrededor de dos reformas:
1.
Reforma
de la salud pública, reforzando su cobertura y calidad, incrementando el gasto
público y el rol del Estado, revirtiendo la tendencia de las últimas décadas.
La pandemia muestra la importancia de tener un sector público fuerte y
cualquier reforma de “segunda generación”, que implique privatizar los
servicios de salud, queda sin piso por un buen tiempo.
2.
Reforma
tributaria: lo que implica el establecimiento de impuestos directos y
progresivos a la fortuna de las personas más ricas, con la cautela necesaria en
una coyuntura como la actual, donde muchas empresas seguramente quedarán
afectadas.
Desde luego, pueden surgir otros asuntos
importantes que impulsar, pero lo esencial es crear nuevas correlaciones y
coaliciones capaces de cuestionar la hegemonía neoliberal, lo que en el momento
actual, parece un objetivo aún distante.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario