Centenares
de personas, adultos, jóvenes y niños e incluso ancianos, se han venido movilizando diariamente desde el inicio de la cuarentena, hacia la sierra y
selva central del país. Esto ha quedado en evidencia con la detención de más de
500 personas, el 13 de abril.
En efecto,
todas ellas han manifestado no disponer de más recursos para seguir
alimentándose, que no cuentan con efectivo para pagar sus alquileres y que su
economía se basa en el día a día, evidenciando una vez más la situación que ya
era conocida: la falta de empleo formal, la ausencia de viviendas dignas e
inexistentes servicios que debieran ser ofrecidos por el Estado. Pero, también
la «criollada», que opaca las mejores intenciones políticas porque al no
contarse con herramientas eficientes para focalizar las necesidades de los
peruanos y peruanas, la falta de principios de algunos ha dificultado aún más
el acceso al bono de subsidio otorgado a familias e independientes, dejando a
muchas personas fuera de estas compensaciones que, aunque mínimas, son valiosas
para los que tienen poco o nada.
No es una
historia reciente, aunque la crisis de salubridad la haya evidenciado
nítidamente una vez más. A partir de 1950 se inicia el desplazamiento masivo de grupos de migrantes hacia la capital, proceso que se agudiza en el periodo de violencia
política y que finalmente pasa a constituir una práctica frecuente de los
pobladores, que en la búsqueda de mejores oportunidades sea de empleo,
educación, salud u otros, termina dejando su pueblo de origen. A partir de esta
movilización de la población, vigente hasta el momento, se originan diferentes
escenarios en la sociedad peruana; por un lado, un crecimiento excesivo y
desordenado de ciudades como Lima, Arequipa, Huancayo, entre otras y, por otro,
un despoblamiento de departamentos con altos niveles de ruralidad, en los que encontramos
poblaciones con tasas altas de adultos mayores y niñas, niños y adolescentes,
cuya fuerza laboral se ha visto afectada de manera contundente y que hasta el
día de hoy, no avizoran un posible cambio.
Así, el
espacio rural –asociado fuertemente a la agricultura familiar– no ha sido una alternativa
para estos peruanos migrantes, que decidieron apostar por opciones diferentes
en los espacios urbanos que, muchas veces, no les otorgó las condiciones mínimas
para mejor calidad de vida, pero donde las referencias de negocios pujantes continúan
alimentando ese sueño, el mismo que se ha visto opacado por la propagación de la
epidemia más importante de los últimos tiempos, el Covid-19. Es a partir de las
medidas de aislamiento social adoptadas, que el sentido de estos flujos
migratorios ha cambiado radicalmente, principalmente de los migrantes
temporales, y así su inminente retorno de las grandes ciudades –principalmente
Lima–a sus pueblos de origen, se está dando a paso de carrera.
Ante este
retorno masivo, que algunos han denominado el éxodo de los migrantes a sus
pueblos, la primera reacción de las autoridades huancavelicanas, por ejemplo,
ha sido prohibir el acceso de los mismos con el argumento de evitar un aumento de contagios
en sus territorios; dejando de atender a un grupo de personas que probablemente
emitieron su voto a favor de ellos, porque muchos cuentan con un DNI que
refleja sus lugares de origen.
Sobre ello,
no es oponerse obviamente a las restricciones de movilización y del desarrollo
de diferentes actividades sociales, económicas e incluso culturales. En su
lugar, debe apelarse a salidas prácticas que no se opongan sino faciliten la
reinserción de los que regresan a la economía familiar rural, que aun con sus
carencias y dificultades la hace una economía de subsistencia, evidentemente
asegura que las personas puedan alimentarse mínimamente.
Es oportuno
reflexionar sobre esta situación, identificar los riesgos para controlarlos, así
como las oportunidades que representan para el campo peruano. En esa línea,
preguntamos si no es más sensato cuestionarnos sobre lo que se ha hecho para
desarrollar la base productiva de los departamentos con fuerte presencia rural
y si acaso no estamos ante una oportunidad para que los gobiernos regionales propongan
alternativas de desarrollo que no sean solamente la producción de materia prima,
sino ir más allá y proponer valor agregado enlazado con la industrialización e
incorporación de tecnología innovadora para alcanzar la competitividad de los
sistemas productivos, otorgando nuevas oportunidades.
Debemos
asumir que es legítimo que las personas busquen mejoras materiales para ellas,
más confort, mejores expectativas. Esto no es el problema sino, por el
contrario, lo que debe fomentarse. El reto es cómo formar el contexto adecuado
para hacerlo realidad, siendo lo más urgente salir de entornos de subsistencia
y asegurar empleo digno que permita los ingresos necesarios para mejorar las
condiciones de vida. Si no es así, solo aseguraremos la precariedad y
fragilidad que, ciertamente, la pandemia no ha generado, sino ha contribuido a
evidenciar con claridad. Por lo pronto, el retorno no se ha detenido.
desco Opina -
Regional / 17 de abril de 2020
descocentro
No hay comentarios:
Publicar un comentario