Próximos ya a los 6000 casos y con más
de 140 muertes registradas, la crisis del coronavirus continúa avanzando en el
país. Las oportunas y rápidas respuestas iniciales lideradas por el Ejecutivo,
todo lo indica así, permitieron ganar tiempo y hacer más lento el avance de la
pandemia a fin de evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud. En
este escenario, el anuncio presidencial de la prolongación de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, no fue una sorpresa y
fue adelantado por otros funcionarios.
Con el transcurso de los días y el
incremento de contagiados, hospitalizados y muertos, el riesgo del colapso de
nuestro limitado sistema de salud fue también en aumento. Las dificultades del
mismo para armar la denominada curva epidemiológica, –la herramienta fundamental para tomar
decisiones y enfrentar la pandemia en base a datos de calidad, entre otras
cosas por el escaso número de pruebas de las que disponíamos hasta hace pocos
días que llegaron las recientemente adquiridas– se sumaron a la precariedad de
nuestro sistema sanitario: límites de camas, infraestructura hospitalaria,
equipamiento y capacidades de médicos y personal especializado, etc. Del
optimismo inicial en nuestra lucha contra la epidemia, transitamos a la incertidumbre ligada al crecimiento exponencial de los casos y al insuficiente cumplimiento de las medidas de control.
Como también era previsible, los
límites en la capacidad de gestión del Ejecutivo, empezaron a visibilizarse. El
gran desafío de un Estado lento e ineficiente resultó imposible de disimular,
peor aún para un gobierno que carece de las capacidades y los operadores
propios para operar una emergencia del calibre de la que estamos viviendo con los limitadísimos recursos de los que disponemos. Los trámites engorrosos y los infinitos protocolos,
combinados con burocracias débiles y muchas veces ineficientes, además de la fragilidad
de la articulación entre distintos niveles de gobierno, generan demoras en la
adquisición de equipos y pruebas indispensables, más aún en un mercado global
saturado de demandantes.
Si los desafíos sanitarios e
institucionales son grandes y desbordan al gobierno, los económicos no son
menores. Hay que evitar el crecimiento de las muertes, pero también una crisis
económica y una recesión prolongada, protegiendo a la gente y sus derechos. El
Ejecutivo ha hecho anuncios importantes y significativos en esa dirección,
señalando la disposición del 12% del PBI para responder al coronavirus. Se
trata de un monto importante y muy significativo, reconocido
internacionalmente. Sin embargo, menos del 1% del paquete está orientado a los
más pobres y vulnerables; la ayuda para las Pymes –que son las principales
generadoras de ingreso en el país– alcanza los 300 millones de soles, mientras
las empresas más grandes recibirán a través de los bancos –que decidirán a
quiénes, la modalidad y el interés– 30 000 millones de soles. En otras
palabras, el mantenimiento de los privilegios que consagra el modelo económico
y la exclusión de sectores neurálgicos como la pequeña agricultura que es la
que abastece el 70% de la alimentación nacional, sin que se haya contemplado
ningún tipo de bono o apoyo para este sector.
Privilegios que fueron exigidos desde el
primer día con la exoneración de las medidas para la minería y la gran
agricultura y que continúan siendo demandados evidenciando su falta de empatía con los sectores más vulnerables, como lo muestra la reciente comunicación
de la Confiep a la Ministra de Trabajo, donde piden la posibilidad de ceses
colectivos de manera automática y sin justificación, la reducción unilateral de
salarios y jornada laboral o la extensión del plazo de la suspensión perfecta
de labores, además de la postergación de impuestos y otros beneficios.
Privilegios y comportamientos poco oportunos e insensibles de algunas empresas repartiendo utilidades cuando están en el ojo de la tormenta, en contraste con
todas aquellas otras empresas y emprendimientos que buscan colaborar en la
crisis y defender a sus trabajadores.
En este escenario difícil y complejo,
en el que nos enfrentamos a los límites innegables del modelo, la debilidad
estatal, la precariedad de las instituciones, la informalidad y la
fragmentación social, el Ejecutivo tiene la posibilidad, la obligación
diríamos, de convocar a un diálogo nacional que plantee una serie de reformas urgentes que precisen
la reorientación del gasto público y la seguridad y previsión social en base al
bien común y no a la tentación del salvataje de unos cuantos grupos económicos.
Creemos que si pretendemos mejores opciones para salir de la emergencia y hacer
de ésta un campo de aprendizaje, reconocimiento y redefinición de la sociedad y
el Estado que queremos, es una condición ineludible y la única manera de
empezar a recuperar la política. ¿Queda claro en qué asuntos se van a necesitar
cambios en la Constitución de la República?
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