La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como pandemia al coronavirus (Covid-19). En Perú, ya ascendió a 28 el número de casos confirmados de personas infectadas, aumentando
los niveles de alarma que los medios de comunicación potencian, pero también la
completa seguridad que tenemos todos los peruanos de la poca operatividad que
muestra el sistema de salud, hoy y siempre.
Esta situación
no hace más que confirmar que las acciones del Presidente no forman parte de una
estrategia de prevención, porque el Estado peruano no tiene medios necesarios
para ello. Como ejemplo trágico, miremos lo que sucedió semanas atrás cuando un
hospital de emergencias, de categoría nacional, colapsó cuando se presentaron
50 heridos por la deflagración ocurrida en Villa El Salvador. Igualmente,
cuando ocurrió un hecho tan execrable como la violación y asesinato de una
bebé, buscó que se le prestara atención sugiriendo que la vuelta de la pena de
muerte era “una opción que debe ser analizada ”.
En esa línea,
vemos que en el mundo oficial del país pocos se conmueven con la propagación del
dengue, que ya cobró 22 víctimas mortales y más de doce mil infectados en lo que va
del año, registrados mayormente en zonas amazónicas. Y ni que hablar de los casos
de niños contaminados con plomo en la sangre por la actividad minera en Pasco.
No nos engañemos.
El Presidente se mueve de acuerdo a lo que las marquesinas y el show mediático
le ofrecen como oportunidad para sostener su gobierno, con el único objetivo de
sobrevivir hasta julio del 2021, cuando le toque dejar el cargo que asumiera
cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia hace casi dos años.
Así, vamos
sumando una serie de problemas sanitarios y de salubridad, que alimentan
nuestra profunda desconfianza hacia el Estado y facilita enormemente que
cualquier ocasión, como la originada por la presencia del coronavirus, genere
acciones colectivas de pánico, como las que experimentamos estos días.
Es decir, el «problema»
no es que se nos «capacite» para conducirnos en situaciones de emergencias y
buscar sanciones morales a los que no lo hacen. Las emergencias no son tales
entre nosotros, porque son parte de nuestra cotidianeidad: estamos
permanentemente en emergencia dadas las condiciones deplorables en las que
vivimos como sociedad, no solo en torno a la salud, sino en muchos otros
aspectos relacionados con los derechos de los que estamos privados –sobre todo
las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza que son las más
vulnerables– como ciudadanos. A ello hay que agregarle la absoluta incapacidad
de respuesta que tiene el Estado.
En este contexto,
resulta paradójico que el Presidente anuncie con bombos y platillos la
designación del año 2020 como el “Año de la Universalización de la Salud”, título poco adecuado en el marco
de todo lo antes expuesto y en el que el foco de atención más allá de la declaratoria
de pandemia del Covid-19, debería ser la crisis del sistema de salud a nivel
nacional.
A ello se suma
el hecho de que el mercado de los medicamentos esté dominado por ciertos grupos de poder; que en el país existan solo 16 camas por cada 10 mil
habitantes (sin que se mencione en qué lugar ni el estado de las mismas), comparado
con otros países como Chile con 21 camas, Brasil con 24 y España con 32, para
el mismo número de habitantes. O como en Canadá, por ejemplo, que dispone de 16
médicos por cada personal administrativo; mientras que en el caso del Perú la situación se invierte, pues hay solo un profesional médico por cada 3 administrativos. Toda esta situación no hace más que develar un
sistema incapaz de atender a una demanda que, con o sin pandemia, se encuentra
colapsado, pero que no tendrá la atención del mandatario de turno mientras que
no sea portada de medios; por ello nos atrevemos a afirmar que más que un
gobierno que planifica la llegada del bicentenario, es una estación de bomberos
que demostrará su capacidad de apagar incendios con fecha de vigencia hasta el
28 de julio del 2021.
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