Al asumir su cargo en marzo pasado, el
nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un
desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y
numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria,
que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como
lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los
problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran
medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo
que se traduce en bajos niveles de crecimiento, altos niveles de subempleo, una
pobreza persistente y notorias brechas de desigualdad.
En sus primeros meses, el nuevo gobierno
parecía destinado a contemporizar con el fujimorismo y poco menos que someterse
a sus designios, pero poco a poco, Vizcarra fue mostrando sus distancias y el
destape de los CNM audios –que reveló la corrupción en altos niveles de la
política y el poder judicial– le brindaron una oportunidad que supo aprovechar.
En su mensaje del pasado 28 de julio, y
como respuesta a la escandalosa corrupción que puso en evidencia la difusión de
tales audios, el presidente anuncia su decisión de remitir al Congreso cuatro
proyectos de ley para introducir reformas políticas y jurídicas que él
consideraba claves para luchar contra la corrupción, las que deben ser
sometidas a referéndum antes de fin de año. Como se sabe, esto puso por primera
vez a la defensiva a Fuerza Popular y a su jefa, que desde entonces no han
podido recuperar la iniciativa y han caído estrepitosamente en sus niveles de
aprobación, lo contrario de lo sucedido con el presidente Vizcarra.
Así, desde hace varias semanas, el país vive
una situación política muy intensa, donde las noticias, destapes y
acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. La debacle de Fuerza
Popular, impensada pocos meses atrás, y las audiencias para definir la prisión
preventiva de su lideresa –más impensable aún– absorben por estos días la
atención ciudadana que, no está demás decirlo, desaprueba masivamente a Keiko
Fujimori y a su representación congresal. Se ha producido un asombroso cambio
en las correlaciones de fuerza política en el país, cuyo desenlace está aún por
verse.
Nos encaminamos ahora a un referéndum y
es previsible que hasta diciembre, la atención ciudadana esté concentrada en la
escena política y judicial. Después de este, lo más probable es que la
aprobación del Presidente y de su gobierno dependan más del desempeño de la
economía y es aquí donde el segundo gran desafío (crecimiento económico, reconstrucción
del norte, empleo, reducción de la pobreza y de las desigualdades) adquirirá mayor
relevancia.
Como se sabe, en los últimos años, el crecimiento económico ha disminuido notoriamente, tanto por factores externos
(caída de la demanda y de los precios de los minerales) como internos (errores
en la política económica), y poco o nada pudo hacer el expresidente PPK a pesar
de la fama de economista exitoso que lo precedía y de los economistas que puso
en su gobierno. Le toca entonces a un ingeniero civil provinciano afrontar los
desafíos, aun cuando las proyecciones del FMI son moderadamente optimistas para este y los
próximos años.
Las dificultades han sido evidentes; así
por ejemplo, en el transcurso de este año, el crecimiento de la inversión pública, una variable que hasta cierto punto podía
compensar la caída de la inversión privada, no ha tenido una evolución positiva.
Por su parte, los grandes proyectos privados, principalmente los mineros, podrían
significar al menos US$ 5000 millones para este año, pero no termina de estar del todo clara
la viabilidad social de algunos de estos, lo que podría retrasar o inviabilizar su
implementación.
Pocos esperan que el gobierno decida
aplicar medidas económicas que dejen de lado –aunque sea parcialmente– el
modelo vigente, pero dentro de las reglas de juego establecidas, son limitadas
las opciones que se tiene. Una de ellas es, por ejemplo, terminar o reducir las exoneraciones tributarias a fin de aumentar la
recaudación fiscal (los casinos y salas de juego gozan, increíblemente, de
exoneraciones); el MEF ha presentado ya iniciativas pendientes de implementarse,
aunque sus alcances están aún por conocerse.
Un tema de fondo es cómo el gobierno
mantendrá su legitimidad política y social, una vez superada la intensa
coyuntura política de estas semanas y obtener los resultados esperables en el
referéndum. Está por verse, además, si puede reactivar la economía, responder a
los retos que plantea la situación e ir más allá de un crecimiento cuantitativo
del PBI. Esta es una perspectiva que no debe perderse, al igual que otros retos
particularmente valorados como la seguridad ciudadana y la reconstrucción del
norte, para los cuales no parece haberse hallado aún las claves, sin olvidar la
descentralización, entre otros. Es aquí donde se juega el partido decisivo para
los próximos años, así como el futuro político del presidente Vizcarra si
pretende continuar en la vida política. No hay que olvidar tampoco que la
debacle del fujimorismo, de ninguna manera significa el fin de la corrupción.
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