El Niño Costero desnudó varias de
nuestras falencias como Estado. La población percibió el impacto directo de la
corrupción durante esta emergencia al ser testigo y víctima de obras públicas
deficientes o sin mantenimiento. El golpe también hizo que la ciudadanía preste
más atención al tema de prevención de desastres y a poner el foco en la ejecución del Presupuesto Público para proyectos de este tipo.
El Niño Costero no fue una catástrofe
en Arequipa como lo ha sido en otras partes del país, pero sus lecciones sobre la falta de planificación del territorio,
en especial en los distritos más populosos donde no se han puesto límites a la
expansión urbana, no han calado lo suficiente. Hacemos tal afirmación después
de ver el empeño que le ha puesto el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo
Zegarra, estas últimas semanas al Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), lanzado sin una adecuada
planificación.
El problema central del Promuvi es la
ubicación de estas viviendas. Hasta ahora el municipio no puede asegurar en qué
terrenos se construirán, pero las primeras informaciones pusieron en alerta al
Ministerio Público, que advirtió que uno de los terrenos estaría ubicado en una
zona de riesgo volcánico e incluso el propio órgano de control del municipio ha hecho observaciones
por la definición de terrenos.
Toda la información generada tras el
anuncio del Promuvi, no ha hecho sino develar una cierta improvisación en la
gestión edil. Justamente, este tipo de cálculos políticos ha permitido la invasión, y la posterior legalización de
viviendas en zonas donde el peligro es inminente o con pocas posibilidades de
acceder a servicios básicos. ¿Cómo podemos responsabilizar sólo al
ciudadano/ciudadana por ubicarse en zonas de peligro cuando son visibles una
serie de falencias en la políticas municipales?
El congresista Carlos Bruce puso en la
mira las malas prácticas ediles en el tema del acondicionamiento territorial y
propuso una ley para sancionar a alcaldes que entreguen certificados de
posesión –indispensable para tramitar un título de propiedad– en zonas
riesgosas. Se sumó otra propuesta de ley elaborada por la congresista Ana María
Choquehuanca, para evitar que se instalen servicios básicos en zonas de riesgo.
De aprobarse, sería una medida de control valiosa para contribuir a acabar con
los favores políticos y las fanfarrias electoreras.
Es indispensable que El Niño Costero deje
como lección la necesidad de incorporar la gestión de riesgos en cualquier
proyecto de desarrollo a implementar, y si es de desarrollo urbano con mayor
razón. Hay presupuesto para prevención y hay que saber usarlo oportunamente.
desco Opina - Regional / 21 de
abril de 2017
Programa Regional Sur
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