En octubre se realizará en Quito - Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III
que dará continuidad a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat I,
celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976 que concluyó con la creación
del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Posteriormente, en junio del 1996, se realizó en Estambul, la segunda Conferencia Hábitat II, también conocida como la Cumbre de las Ciudades.
La primera tarea encomendada luego a los gobiernos –incluido
el Perú– para la realización de Hábitat III, fue alentar la conformación de
Comités Nacionales de Hábitat para la realización del Informe Nacional, informe de país que debió ser entregado en junio del 2014 al Secretariado del Hábitat III
dando cuenta de las medidas y avances alcanzados en el marco de los compromisos
y la declaración del Hábitat II.
A la fecha no se conoce oficialmente si tendremos el informe país. El
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (responsable de ejecutar
este compromiso) no ha informado nada y menos convocado a las organizaciones de
la sociedad civil que trabajamos sobre los temas de hábitat y que participamos
desde el Hábitat I y II. Preocupa que el gobierno no entregue el informe ni convoque a la sociedad
civil para acopiar sus apreciaciones y planteamientos, trabajados desde
organizaciones e instituciones que desarrollamos propuestas técnicas y
prácticas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales
del país.
Es
bueno recordar que las dinámicas de urbanización mundial proyectan un
crecimiento de la población urbana que para el año 2050 llegará al 65% del
total mundial. En el Perú, solo al año 2025 las proyecciones indican que nuestra población urbana llegará al 82.03% del total nacional. Esto en un contexto en el que las ciudades –real
o potencialmente– son los territorios de mayor
concentración de la riqueza, en medio de una gran diversidad económica,
ambiental, política y cultural. Pero que también corresponden a modelos de
desarrollo (implementados en la mayoría de los países) caracterizados por patrones
de concentración de la renta que benefician a pocos, provocando que las
ciudades de acelerados procesos de urbanización, se caractericen por un crecimiento urbano sin planificación que trae consigo el asentamiento de millones de familias en zonas de alta vulnerabilidad, en medio de una creciente privatización del espacio público, depredación del medio ambiente y del territorio planetario en general.
No podemos olvidar que el gobierno peruano y una delegación importante
de la sociedad civil estuvimos presentes en Hábitat II cuando se asumieron
compromisos y se suscribió un Plan de
Acción Mundial que especifica la necesidad de que los gobiernos implementen
programas y políticas orientados a promover el acceso a vivienda adecuada para
sus ciudadanos, a desarrollar capacidades para que los asentamientos humanos
puedan ser sostenibles, impulsar procesos de habilitación de territorios para
ser ocupados con participación ciudadana de sus habitantes e impulsar la
igualdad de género en el acceso a la tierra. También a instaurar sistemas de
financiamiento para facilitar el acceso y construcción de la vivienda en los
sectores populares, con participación de la cooperación internacional para
desarrollar proyectos de acceso y construcción de viviendas y la instauración
de mecanismos de evaluación de los puntos referidos anteriormente.
Hoy denunciamos una vez más que en el Perú, la mayoría de los
compromisos fueron incumplidos por los gobiernos que se han sucedido desde
1996. Será tal vez porque como lo
expresara el expresidente Francisco Belaúnde Terry, el Estado construía
viviendas para los sectores medios porque los pobres solucionaban solos sus
problemas, expresando así una manera peculiar de entender al Perú y sus
necesidades, atendiendo una lógica de implementar políticas públicas que
discriminan a las grandes mayorías, que a fin de cuentas son las que producen
las ciudades en el Perú. Sería interesante conocer cuántas viviendas se han
producido en estos años desde el sector privado de la construcción y cuántas
desde el esfuerzo de las poblaciones de sectores populares para evidenciar el
aporte real a la económica nacional y cuán necesario es contar con inversión
pública para mejorar las viviendas autoproducidas por la gente en las
principales ciudades del país y en Lima.
Ha sido en este marco que desco
en Alianza con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú y la
Coalición Internacional por el Hábitat realizó en octubre del año pasado el Encuentro Internacional de Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia Hábitat III: derecho a la vivienda, barrio y ciudad que concluyó señalando que “ante la configuración de territorios divididos, el
ordenamiento territorial debe considerar e implementar regulaciones orientadas
a revertir la tendencia histórica del campo hacia la ciudad y la concentración
del capital y la financiarización de la economía, evitar la superposición de
concesiones extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la
generación de enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las
ciudades intermedias, con una revisión de la institucionalidad para lograr
mayor coordinación territorial entre los distintos elementos del Hábitat, la
salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos”.
Las tareas urgentes por atender
en el territorio nacional son de carácter técnico, político y administrativo.
La manera de enfrentar las limitaciones y bondades del proceso de urbanización
tienen que ser asumidas desde una lectura territorial que nos permita actuar sobre
los vacíos acumulados durante décadas en que la atención a la vivienda de los
sectores populares ha sido mínima, mal resuelta mediante el modelo de la llamada invasión que le ha permitido al Estado
desentender la habilitación de terrenos para las nuevas viviendas que han
surgido y hacer una buena gestión del suelo. De haber planificado y conducido
mínimamente bien el proceso de facilitar el acceso a la vivienda para los
pobres, como la entrega de los títulos de propiedad, seguramente los
especialistas no hablarían ahora de las posibles 50 000 muertes que puedan
ocurrir –solo
en la ciudad de Lima–
en caso de producirse un sismo de gran magnitud.
Desde la sociedad civil
seguimos trabajando y esperamos que el Estado y los sectores del gobierno nos
convoquen a dialogar para avanzar juntos en la solución de estos problemas que
nos afectan a todos. Así, por ejemplo, desde inicio del año desco, en alianza con la Fundación
Friedrich Ebert, la Coalición Internacional por el Hábitat, WIEGO, la Pastoral
Social de la Diócesis de Chosica, Alternativa, la Red Interquorum Arequipa, Cedepaz,
Cidap, Cepru y la Universidad Nacional del Callao, venimos impulsando los
talleres “Hábitat, ciudad
y territorio: sustentabilidad y tareas pendientes en Lima Metropolitana, El
Callao y el Perú”. Estos talleres buscan
identificar orientaciones prácticas para mejorar la gestión sustentable del
hábitat, las ciudades y el territorio peruano. Las propuestas levantadas serán llevadas a Quito y se presentarán en el Foro Social frente a Hábitat III en
vista de que el gobierno peruano ha asumido una postura que limita o ignora la
participación efectiva de los ciudadanos peruanos y las organizaciones de la
sociedad civil global, como ocurre en otra medida con la convocatoria oficial
de la organización de Naciones Unidas.
desco Opina - Regional / 13
de mayo de 2016
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