A inicios del presente
mes, y luego de marchas y contramarchas de algunas bancadas, el Congreso
de la República aprobó por mayoría un proyecto de ley que autoriza a Petroperú a ingresar a la explotación del lote 192, que
pocos días antes había sido entregado en concesión a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy.
La decisión dividió a la
bancada nacionalista, pues un sector de ésta votó a favor de una ley que el
Premier Cateriano, la ministra de Energía y Minas y el mismo ministro de
Economía habían rechazado previamente. El fujimorismo dio varios bandazos,
para terminar finalmente votando a favor, alineándose con su candidata que
pocos días antes, y en inocultable cálculo electoral, había manifestado su respaldo a Petroperú.
Más allá de esto, es innegable que se está ante una decisión histórica pues por
primera vez en 25 años, se autoriza a una empresa pública a incursionar en la
explotación de hidrocarburos, rompiendo el molde vigente.
Desde la aprobación de
la ley, el gobierno tiene un plazo, que se le está agotando, para promulgarla o no.
Las implicancias de su decisión, en cualquiera de sus opciones, abren un
escenario complejo e imprevisible, que podría desatar una nueva crisis
política. Si el presidente Humala decide promulgar la ley, es altamente probable que su premier
y los ministros antes citados presenten su renuncia, precipitando así la caída
de todo el gabinete, obligando a una recomposición imprevista, en un contexto
en el cual el nacionalismo carece de figuras de peso y pocas personalidades
fuera del partido se arriesgarían a ocupar un cargo de tal responsabilidad a
estas alturas de la gestión. El menú de opciones es más bien reducido y es muy
probable, de ser el caso, que deba apelarse a tecnócratas sin visión política o
incluso a aventureros sin escrúpulos, lo que agravará sin duda la
desorientación y falta de rumbo en que se encuentra el gobierno.
Si, por el contrario, el
Presidente decide no promulgarla, el Congreso dispone del mecanismo de
insistencia para hacerlo, superando el veto presidencial. Ello, sin embargo, puede
incrementar los enfrentamientos Ejecutivo-Legislativo, y el gobierno corre el
riesgo de que el Congreso interpele a sus ministros, rechace sistemáticamente
sus iniciativas y se genere una pugna de poderes que podría durar hasta julio
del próximo año, agravando la inestabilidad política del país. La otra
implicancia de esta decisión tiene que ver con la reacción que el Frente
Patriótico de Loreto y demás organizaciones regionales tendrían ante la
negativa del gobierno, pudiendo reiniciarse las movilizaciones en Iquitos.
Esta situación es en el
fondo producto de la improvisación y desmanejo del Ejecutivo y de la negativa
de sus tecnócratas a escuchar las demandas de la población; también expresa los
desencuentros con su propia bancada y el oportunismo electoral de ésta y del
fujimorismo, que por primera vez desde el 2000 siente que sus posibilidades de
acceder a la presidencia son reales.
En estos días, el
gobierno ha estado presionado por los medios, y seguramente también por otras
vías, para decidir en un sentido u otro. Destacan las declaraciones desde el sector empresarial y
la tecnocracia neoliberal, que auguran grandes males para la economía, la
inversión privada y el estado de derecho en caso se promulgara la ley. Entre
quienes están a favor de la norma, destacan el fujimorismo y algunos
congresistas del nacionalismo, que apuestan a mantener o ampliar su futura
clientela electoral en la Amazonía, y otros sectores políticos que ven en esta
iniciativa un punto de inflexión en el modelo neoliberal. En este
grupo también hay que contar a las organizaciones sociales, las autoridades y a
un amplio sector de la población loretana, movilizada por expectativas de
mantener y ampliar los recursos recibidos del canon petrolero y por un
innegable sentimiento nacionalista.
En cualquiera de los
casos, el gobierno saldrá más golpeado y desacreditado y la estabilidad
política del país afectada. Un tema pendiente es la reacción en Loreto. Hasta
hoy, incluso los más decididos partidarios de la ley afirman que Petroperú
debería esperar que se cumplan los dos años del contrato con Pacific Stratus
antes de ingresar a trabajar el lote 192, pues la Constitución no contempla la
rescisión de un contrato con privados a través de una ley. El problema es cómo
se entenderá esto en Iquitos y cómo negociará el gobierno la aplicación de la
ley.
La salida a este impasse
debe ser incuestionablemente política, y debe cautelar no sólo los intereses de
la empresa canadiense, evitando así eventuales juicios que obliguen al pago de
millonarias indemnizaciones, sino también, las demandas de la población y los
intereses estratégicos del país cuyo Estado, durante los últimos 25 años, ha
sido visto como una entidad meramente subsidiaria a la cual había que desmontar
y mantener en su mínima expresión.
No menos importante será
considerar las demandas de las poblaciones indígenas. Más allá de si Petroperú
va o no, su exigencia fundamental es la de la remediación ambiental de los
destrozos causados por Pluspetrol, pero también en el pasado por Petroperú.
Como es obvio, el Estado tiene que darles respuesta, con lo que en sentido
estricto tiene dos frentes de problemas que se vinculan, pero no son lo mismo.
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