La votación como castigo

A medida que se acerca la fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones para la consulta de revocatoria a las autoridades municipales de Lima, aumenta entre los electores limeños la sensación de malestar ya no sólo frente a una campaña muy proclive a la afrenta y al insulto, sino hacia el acto electoral mismo. La complejidad del proceso, traducida en una cédula extra large, anuncia que el 17 de marzo será un muy largo domingo en la ciudad capital.

El descontento ya no es sólo de los votantes, sino de los ciudadanos llamados a trabajar de la mano con los organismos electorales como miembros de mesa el domingo 17 de marzo. Informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE indican que aún no se logra alcanzar ni el diez por ciento en la meta de capacitaciones, lo que deja claro que no había necesidad de adelantar el proceso, como determinó el Jurado Nacional de Elecciones al negarle a la ONPE la solicitud de no lanzar un cronograma especial para Lima. Así las cosas, la “fiesta democrática” se extenderá hasta altas horas de la noche, entre extenuantes conteos que no arrojarán resultados claros sino tras varios días de incertidumbre. Es la votación como un castigo para los “sorteados” y a la vez, como un castigo del JNE contra la ONPE, en su larga disputa por su capacidad rectora en materia electoral.

La puja en las encuestas, con la caída amortiguada del Sí y una “meseta” del No, ha llevado a las campañas contendoras a pensar una táctica más focalizada en los sectores que les son esquivos en los sondeos de opinión. Con escasas dos semanas para presentarse a batalla, el No ha equilibrado la campaña mediática –paneles de gran formato, artistas invitados, spots televisivos- con el protagonismo del trabajo político. Un trabajo político que se sostiene, por un lado, en los militantes de la confluencia de izquierda y las organizaciones vecinales impulsando comités distritales y preparando personeros, y por otro lado, el más polémico, en un pacto político con el PPC, que se remataría con acuerdos programáticos para los dos años siguientes de gestión municipal de darse el cada vez más probable triunfo del NO.

Por su parte, el Sí ha salido a “morder” en los sectores A-B, señalando –como hizo la derecha en las elecciones que perdió frente a Villarán- un supuesto componente “ultra”, representado por los partidos Patria Roja y Tierra y Libertad, que actualmente cuenta con regidores en el Concejo limeño. Se acusa la vocación “anti-inversiones” de dichos partidos, obviando las posibilidades de participación de capitales privados que ha transparentado la Municipalidad de Lima en distintos proyectos, jalonando el escenario de Cajamarca y el conflicto generado por el intento de imponer el proyecto minero Conga. El apoyo condicionado de Pedro Pablo Kuczynski –que se quede Susana, que se vaya Tierra y Libertad- representa bien la utilidad que la derecha ve en la revocación: una forma de castigar la voluntad de la alcaldesa de gobernar la ciudad con sus aliados de izquierda. Es el castigo que se suma al que sufre Villarán desde su primer día como vecina de la Plaza Mayor, cuando quienes salieron de la Municipalidad a tentar futuro en las presidenciales la amenazaron con revocarla aún antes de que empiece a gobernar.

Como ha ocurrido en el grueso de procesos de revocación en otras regiones del país, los perdedores buscan castigar a los ganadores, dejando de lado el sentido de fiscalización que está en el espíritu del mecanismo. La particularidad en Lima es que la derecha busca castigar a la izquierda y con ello desdibujarla como opción de gobierno. El punto es que la democracia no es un sistema de venganza, sino un instrumento para garantizar que las mayorías no van a ser marginadas de las decisiones del poder. Esperamos que a partir de los resultados del 17 de marzo las fuerzas democráticas piensen que su alineación se debe no a vendetas y cálculos hacia el 2016, sino en primer lugar a la necesaria respuesta ante retos para el buen gobierno, como el que supone la inseguridad ciudadana, tema que hoy pone en jaque al gobierno y por enésima vez, a las autoridades policiales y del Ministerio del Interior.

desco Opina /  04 de marzo de 2013
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