La demostración pública en la facultad de Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre banderas rojas y consignas a favor de la libertad para «los presos políticos del Perú», que hacen clara alusión a los sentenciados por delitos de terrorismo, expresa crisis, debilidades y aprovechamientos de diverso tipo, que finalmente constituyen la punta de un iceberg con posible rumbo de colisión en el mediano plazo. Vayamos por partes.
No podemos obviar que la marcha pro senderista parece haber aprovechado con criterio estratégico el contexto de aguda crisis institucional que atraviesa la Decana de América. Por su lado, los medios de comunicación van construyendo la gran noticia de la amenaza terrorista, uniendo este registro en video con otros hechos que han estado en las primeras planas en estos días, como la excarcelación del Lori Berenson a fines de mayo. El gobierno se vale de esto para dar demostraciones de rigor y vigilancia, sobre todo para distanciarse de los procesos de excarcelaciones sobre los cuales, dicen, no pueden hacer nada porque vienen desde el gobierno de Toledo. Esto le sirve, de paso, a los sectores conservadores cercanos al régimen para criticar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el fujimorismo se beneficia y busca ensalzar la imagen de su también encarcelado líder como el que derrotó a las agrupaciones subversivas.
Sin embargo, al margen del provecho político que algunos esperan obtener, no cabe duda que éste es un tema que debe tomarse con suma seriedad, sobre todo por lo que expresan las nuevas dinámicas «electorales» de sectores filo-senderistas como el Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef) que ha comprado un kit electoral y está a la caza de firmas para inscribirse. Ya han saltado a la palestra al menos un par de candidatos a alcaldes por este movimiento, entre los que destaca Abraham Cauna, candidato en Puno que declaró que Abimael Guzmán es «un genio del proletariado que va a superar la teoría del Big Bang».
Sea que se trate de una «fachada democrática» o de la apuesta real de algunas facciones de SL por participar dentro del sistema, esto presenta una novedad que nos habla de dinámicas internas que avanzan –aún con las contradicciones conocidas entre «acuerdistas» (leales a Guzmán) y los de la línea «proseguir» (que optan por la continuación de la lucha armada)– sin que haya una mayor elaboración desde el sistema político de partidos ni desde las instancias de gobierno por completar una labor que ahora se revela como inconclusa durante el periodo de Fujimori.
Se pensó que, seco el pantano, desaparecerían los mosquitos, pero es claro que la capacidad de organización territorial en las zonas cocaleras y la infiltración y la acumulación de fuerzas –fenómeno muy acotado en Lima pero de mayor alcance en otras regiones, incluyendo Huamanga– tienen que ver con la continuidad de una propuesta ideológica que cala entre los jóvenes que siguen constatando día a día qué poco hemos avanzado en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y que –en muchos casos– no han vivido la crueldad de SL en carne propia. Por ahora, pareciera que hasta SL ha cambiado, pero no la forma del Estado peruano de afrontar el tema.
Tampoco parece haber desde los partidos de izquierda, preocupados la mayoría por su inscripción y su propia acumulación de fuerzas durante el «invierno» neoliberal del segundo García, la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso, tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo.
El Presidente, en esa línea, se sigue equivocando, tanto al señalar que los pedidos de amnistía a Guzmán configuran el delito de apología al terrorismo, como al pretender, a toda costa, intervenir las universidades. Pero esto no es solo un error, sino un paso coherente con una política más amplia de alianza con sectores militares para fomentar el uso de la fuerza. No debemos olvidar que el 10 de junio se aprobó un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a legislar sobre: a) el nuevo código de Justicia Militar, b) ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar y c) normas procesales para personal militar y policial condenados por delitos contra los derechos humanos. Los analistas advierten el carácter inconstitucional de esta nueva maniobra que anticipa juegos políticos de largo plazo para el partido de gobierno en su vinculación con las fuerzas armadas y confirma que la agenda de «lucha contra el terrorismo» está subordinada a otro tipo de cálculos políticos. Este es un tema que merecería un mayor debate puesto que, por ahora, nos encontramos sumidos entre la ignorancia de la verdadera magnitud de estas dinámicas y la ausencia de alternativas realmente efectivas para hacerles frente como sociedad y como sistema político.
desco Opina / 25 de junio de 2010
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