A finales del año pasado y como broma de inocentes, se hizo público el informe final de la «Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua» dizque «para que nunca más vuelva a suceder», documento que días antes de ver la luz ya era cuestionado incluso por integrantes de la comisión, tal es así que el líder nativo awajún Jesús Manacés, y la religiosa María Gómez, no suscribieron el documento final y presentaron un documento justificatorio de su actitud. Otro integrante, el Reverendo padre Ricardo Álvarez Lobo, firmó el documento con ciertas incorporaciones, lo cual demuestra una singularidad en su conformidad con el texto. Quienes esperaban que el informe señale con nombres propios las responsabilidades políticas y penales se equivocaron, lo único que se atrevió a reconocer fue: «apresuramiento y falta de tacto del ejecutivo, especialmente de los sectores ministeriales autores de los decretos», ¿se pretende minimizar o invisibilizar responsabilidades de los Ministros y autoridades que manejaron las negociaciones, planearon y ejecutaron el desalojo?
Sin embargo, por otro lado, el informe distribuyó diferentes niveles de responsabilidad para el desborde de las comunidades nativas. Acusa a la falta de liderazgos indígenas sólidos y responsables que tengan capacidad de control de las masas y que sean propositivos para una salida pacífica. A la presencia y participación de terceros, por el atizamiento del calor de la crisis que habría sido realizada por varios congresistas del Partido Nacionalista; así como a ronderos y reservistas del ejército por su intervención en la Curva del diablo, durante los sucesos del 5 de Junio. Al Frente de Defensa del Pueblo de Bagua, a algunos sindicatos locales y a organizaciones civiles no indígenas los emplaza por incluir «…sus propias agendas políticas y sociales». El informe también otorga cierto nivel de responsabilidad «a algunos religiosos que se parcializaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador…». Como corolario, el documento cuestiona las informaciones difundidas por los medios de comunicación pidiendo «…reactivar el rol de los Comités de Ética» y como ya se ha hecho costumbre el cuestionamiento a la participación de las ONG culmina con la recomendación a «…realizar sus funciones dentro del marco de las leyes y normas del Perú».
Las organizaciones indígenas están seriamente indignadas y afectadas por este informe, sienten que los miembros de la comisión se han parcializado con el Gobierno para lavarle las manos que están manchadas con la sangre de sus hermanos. Tienen a sus dirigentes en el exilio o en la clandestinidad, sus organizaciones corren el riesgo del colapso acusando el hostigamiento desde el Estado y toda esta sensación de insatisfacción está motivando que sus líderes estén promoviendo una reunión con sus bases para evaluar la decisión de retirarse de las mesas de diálogo y reiniciar sus movilizaciones. Las comunidades nativas de la selva central que antes de los sucesos de Bagua y Utcubamba se hallaban casi indiferentes al conflicto, hoy se muestran preocupadas, han dinamizado coordinaciones y se hallan pendientes del acontecer de las relaciones Estado-organizaciones indígenas; por lo que una nueva crisis podría tener un mayor ámbito de afectación. El Ejecutivo, el Congreso y los grupos políticos deben ponerse a la altura de las circunstancias ¿o estamos esperando otro Baguazo?
El caos se inició muchos meses antes de la toma de carreteras; incluso nos atrevemos a decir que si no era el 5 de Junio en Bagua, hubiese sido en cualquier otra fecha y lugar de la selva. Más allá de quienes se sientan afectados o conformes con el resultado de este informe, el principal objetivo que era conciliar cerrando las heridas, no se ha cumplido. Las declaraciones posteriores al informe, tanto del Ejecutivo como de los otros sectores políticos y sociales tampoco ayudan a cicatrizar resentimientos ni distanciamientos con las comunidades indígenas, ni son útiles para consolar a deudos de policías y nativos. Esta situación nos lleva a presumir que en el mediano plazo no habrá avances significativos e incluso corremos el riesgo de que nuestra selva nuevamente se encienda con nativos gritos de guerra y acusaciones de antipatrióticos por parte del Ejecutivo.
Un poco de mesura y sentido común de parte de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil no estarían de más; tal vez no nos serviría para curar, pero sí para recordarnos que nuestra preocupación no debe ser la confrontación con las etnias de la selva, sino atender la agenda pendiente con los pueblos originarios de la Amazonía peruana, la cual tiene que ser tomada en cuenta de manera urgente. Todos reconocemos las necesidades básicas insatisfechas que deben ser resueltas y puestas al alcance de las comunidades nativas –educación, salud, etc.–, pero pocos nos hemos puesto a pensar en sus intereses estratégicos de sobrevivencia cultural. Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en su conjunto la construcción de canales de diálogo que permitan visibilizar esos intereses, con lo cual podríamos creer en la posibilidad de un país pluricultural que se halla en la vía de un desarrollo inclusivo.
Consulte aquí el informe final de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf
desco Opina - Regional / 15 de enero de 2010
Programa Selva Central
Sin embargo, por otro lado, el informe distribuyó diferentes niveles de responsabilidad para el desborde de las comunidades nativas. Acusa a la falta de liderazgos indígenas sólidos y responsables que tengan capacidad de control de las masas y que sean propositivos para una salida pacífica. A la presencia y participación de terceros, por el atizamiento del calor de la crisis que habría sido realizada por varios congresistas del Partido Nacionalista; así como a ronderos y reservistas del ejército por su intervención en la Curva del diablo, durante los sucesos del 5 de Junio. Al Frente de Defensa del Pueblo de Bagua, a algunos sindicatos locales y a organizaciones civiles no indígenas los emplaza por incluir «…sus propias agendas políticas y sociales». El informe también otorga cierto nivel de responsabilidad «a algunos religiosos que se parcializaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador…». Como corolario, el documento cuestiona las informaciones difundidas por los medios de comunicación pidiendo «…reactivar el rol de los Comités de Ética» y como ya se ha hecho costumbre el cuestionamiento a la participación de las ONG culmina con la recomendación a «…realizar sus funciones dentro del marco de las leyes y normas del Perú».
Las organizaciones indígenas están seriamente indignadas y afectadas por este informe, sienten que los miembros de la comisión se han parcializado con el Gobierno para lavarle las manos que están manchadas con la sangre de sus hermanos. Tienen a sus dirigentes en el exilio o en la clandestinidad, sus organizaciones corren el riesgo del colapso acusando el hostigamiento desde el Estado y toda esta sensación de insatisfacción está motivando que sus líderes estén promoviendo una reunión con sus bases para evaluar la decisión de retirarse de las mesas de diálogo y reiniciar sus movilizaciones. Las comunidades nativas de la selva central que antes de los sucesos de Bagua y Utcubamba se hallaban casi indiferentes al conflicto, hoy se muestran preocupadas, han dinamizado coordinaciones y se hallan pendientes del acontecer de las relaciones Estado-organizaciones indígenas; por lo que una nueva crisis podría tener un mayor ámbito de afectación. El Ejecutivo, el Congreso y los grupos políticos deben ponerse a la altura de las circunstancias ¿o estamos esperando otro Baguazo?
El caos se inició muchos meses antes de la toma de carreteras; incluso nos atrevemos a decir que si no era el 5 de Junio en Bagua, hubiese sido en cualquier otra fecha y lugar de la selva. Más allá de quienes se sientan afectados o conformes con el resultado de este informe, el principal objetivo que era conciliar cerrando las heridas, no se ha cumplido. Las declaraciones posteriores al informe, tanto del Ejecutivo como de los otros sectores políticos y sociales tampoco ayudan a cicatrizar resentimientos ni distanciamientos con las comunidades indígenas, ni son útiles para consolar a deudos de policías y nativos. Esta situación nos lleva a presumir que en el mediano plazo no habrá avances significativos e incluso corremos el riesgo de que nuestra selva nuevamente se encienda con nativos gritos de guerra y acusaciones de antipatrióticos por parte del Ejecutivo.
Un poco de mesura y sentido común de parte de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil no estarían de más; tal vez no nos serviría para curar, pero sí para recordarnos que nuestra preocupación no debe ser la confrontación con las etnias de la selva, sino atender la agenda pendiente con los pueblos originarios de la Amazonía peruana, la cual tiene que ser tomada en cuenta de manera urgente. Todos reconocemos las necesidades básicas insatisfechas que deben ser resueltas y puestas al alcance de las comunidades nativas –educación, salud, etc.–, pero pocos nos hemos puesto a pensar en sus intereses estratégicos de sobrevivencia cultural. Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en su conjunto la construcción de canales de diálogo que permitan visibilizar esos intereses, con lo cual podríamos creer en la posibilidad de un país pluricultural que se halla en la vía de un desarrollo inclusivo.
Consulte aquí el informe final de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf
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