El Informe de la comisión que fue constituida para investigar los sucesos acontecidos en Bagua, meses atrás, ha generado incertidumbre; dado que se cuestionan los enfoques utilizados y existen sospechas de manipulación de la información. Así pues, es posible observar como la problemática se ve reflejada cuando Jesús Manacés, dirigente awajun, decidió no firmar el documento y ratificar las observaciones que ya había difundido por los medios de comunicación; siendo acompañado por la hermana Carmen Gómez Callejas (miembro de la referida comisión).
Por otro lado, entre los desacuerdos que señalan Manacés y Gómez, resalta el hecho de que la investigación no siguió un protocolo riguroso; lo cual no sólo es perjudicial en sí mismo, sino conlleva a que la información disponible sea insuficiente y sesgada. De ésta manera se crea una desarticulación, en donde las conclusiones a las que se arribó carecen de consistencia. Asimismo, los autores subrayan las profundas deficiencias de interpretación que condujeron a afirmaciones tan fuera de lugar, como que los pobladores nativos de la Amazonía no sabían los contenidos de los decretos legislativos que estaban en cuestión y, por ende, fueron manipulados por «agentes externos» con objetivos políticos.
Todo ello acompañado de acciones y actitudes de las autoridades que a estas alturas no llaman la atención; aun cuando siempre serán motivo de indignación, como no haber financiado a la comisión a pesar de contar con partidas aprobadas y recursos disponibles aportados por el PNUD o que el Ministerio Público no haya facilitado los informes que requería para cumplir con su labor.
Estos señalamientos nos conducen inmediatamente al pasado reciente. Nos hace recordar el tiempo que emplearon los gobernantes y autoridades de los años 80, buscando cubanos y soviéticos, mientras Sendero Luminoso lanzaba diariamente sus coches bomba. Nos actualiza a esos empleados judiciales que –invadidos por el miedo– no atinaban a imponer el estado de Derecho y a esos funcionarios públicos cuya escasa visión era una de las mejores armas de la subversión.
Nos trae a la mente la comisión Uchuraccay y sus insólitas conclusiones, como también la de Accomarca, Cayara o aquella que formó el fujimorismo para no hallar nada en el Bolsón Cuchara, previamente bombardeado de manera intensa por las fuerzas del orden. Invita a reflexionar nuevamente sobre la sorprendente respuesta que dio a mediados de los años 80, el entonces subteniente Hurtado –que debía matar campesinos en Ayacucho para que la democracia de Lima pudiera funcionar– a los congresistas que investigaban lo sucedido en Accomarca.
Lo que dicen los firmantes del informe Bagua sólo es una reedición de este pasado y, por lo mismo, una señal de que poco o nada se aprendió. Según ese informe, la policía actuó de manera eficiente y atinada en Bagua. Nada había que reprocharle. Tampoco a las decisiones tomadas desde el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Mercedes Cabanillas. La masacre de agentes policiales fue producto de la agitación que diseminaron agentes extranjeros en la zona. El gobernante actual ya no busca cubanos, pero sí venezolanos y bolivianos porque, como sus antecesores, asume que los pobres e ignorantes peruanos de los Andes y la Amazonía no pueden defender sus derechos, homologando en sus fantasías el ejercicio ciudadano y la subversión.
Sin embargo, la medalla tiene otro lado, que señala un derrotero para escapar de este permanente regreso al pasado. La ratificación de la sentencia a Fujimori, por asesinatos alevosos, lesiones y secuestro, pone punto final a su proceso judicial. Debe destacarse el hecho de que parte del lamentable Poder Judicial que tenemos, da muestra de idoneidad y brillantez. La contundencia de las conclusiones, del proceso y, en suma, de la actuación de los magistrados involucrados no permite argumentos en contra ni asomo de indulto que, dicho sea de paso, sería un imposible jurídico dado la naturaleza de los hechos.
Este hecho reivindica a esa otra parte del país que en su momento denunció firmemente y con pruebas las responsabilidades en las masacres de El Frontón y Lurigancho. La que intentó develar al comando Rodrigo Franco. A los militares que integraron el COMACA y a los familiares, investigadores y periodistas que no cejaron en su empeño hasta demostrar el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, con los restos calcinados entre manos.
Es indudable que el hecho histórico de tener a un ex presidente cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, se debe en gran parte a la movilización, compromiso y esfuerzo de esa parte de la sociedad organizada en la comunidad de derechos humanos que en estos años no descansó hasta traer de vuelta a Fujimori y exigir su enjuiciamiento.
desco Opina / 8 de enero 2010
Por otro lado, entre los desacuerdos que señalan Manacés y Gómez, resalta el hecho de que la investigación no siguió un protocolo riguroso; lo cual no sólo es perjudicial en sí mismo, sino conlleva a que la información disponible sea insuficiente y sesgada. De ésta manera se crea una desarticulación, en donde las conclusiones a las que se arribó carecen de consistencia. Asimismo, los autores subrayan las profundas deficiencias de interpretación que condujeron a afirmaciones tan fuera de lugar, como que los pobladores nativos de la Amazonía no sabían los contenidos de los decretos legislativos que estaban en cuestión y, por ende, fueron manipulados por «agentes externos» con objetivos políticos.
Todo ello acompañado de acciones y actitudes de las autoridades que a estas alturas no llaman la atención; aun cuando siempre serán motivo de indignación, como no haber financiado a la comisión a pesar de contar con partidas aprobadas y recursos disponibles aportados por el PNUD o que el Ministerio Público no haya facilitado los informes que requería para cumplir con su labor.
Estos señalamientos nos conducen inmediatamente al pasado reciente. Nos hace recordar el tiempo que emplearon los gobernantes y autoridades de los años 80, buscando cubanos y soviéticos, mientras Sendero Luminoso lanzaba diariamente sus coches bomba. Nos actualiza a esos empleados judiciales que –invadidos por el miedo– no atinaban a imponer el estado de Derecho y a esos funcionarios públicos cuya escasa visión era una de las mejores armas de la subversión.
Nos trae a la mente la comisión Uchuraccay y sus insólitas conclusiones, como también la de Accomarca, Cayara o aquella que formó el fujimorismo para no hallar nada en el Bolsón Cuchara, previamente bombardeado de manera intensa por las fuerzas del orden. Invita a reflexionar nuevamente sobre la sorprendente respuesta que dio a mediados de los años 80, el entonces subteniente Hurtado –que debía matar campesinos en Ayacucho para que la democracia de Lima pudiera funcionar– a los congresistas que investigaban lo sucedido en Accomarca.
Lo que dicen los firmantes del informe Bagua sólo es una reedición de este pasado y, por lo mismo, una señal de que poco o nada se aprendió. Según ese informe, la policía actuó de manera eficiente y atinada en Bagua. Nada había que reprocharle. Tampoco a las decisiones tomadas desde el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Mercedes Cabanillas. La masacre de agentes policiales fue producto de la agitación que diseminaron agentes extranjeros en la zona. El gobernante actual ya no busca cubanos, pero sí venezolanos y bolivianos porque, como sus antecesores, asume que los pobres e ignorantes peruanos de los Andes y la Amazonía no pueden defender sus derechos, homologando en sus fantasías el ejercicio ciudadano y la subversión.
Sin embargo, la medalla tiene otro lado, que señala un derrotero para escapar de este permanente regreso al pasado. La ratificación de la sentencia a Fujimori, por asesinatos alevosos, lesiones y secuestro, pone punto final a su proceso judicial. Debe destacarse el hecho de que parte del lamentable Poder Judicial que tenemos, da muestra de idoneidad y brillantez. La contundencia de las conclusiones, del proceso y, en suma, de la actuación de los magistrados involucrados no permite argumentos en contra ni asomo de indulto que, dicho sea de paso, sería un imposible jurídico dado la naturaleza de los hechos.
Este hecho reivindica a esa otra parte del país que en su momento denunció firmemente y con pruebas las responsabilidades en las masacres de El Frontón y Lurigancho. La que intentó develar al comando Rodrigo Franco. A los militares que integraron el COMACA y a los familiares, investigadores y periodistas que no cejaron en su empeño hasta demostrar el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, con los restos calcinados entre manos.
Es indudable que el hecho histórico de tener a un ex presidente cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, se debe en gran parte a la movilización, compromiso y esfuerzo de esa parte de la sociedad organizada en la comunidad de derechos humanos que en estos años no descansó hasta traer de vuelta a Fujimori y exigir su enjuiciamiento.
desco Opina / 8 de enero 2010
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