Precariedad del sector alpaquero en Huancavelica

 

En la pradera altoandina de Huancavelica, sobre los 3800 msnm, la crianza de alpacas es la principal actividad económica de las familias de este territorio.

El Midagri señala que el sector alpaquero –como toda la ganadería de la sierra– ha atravesado por serias crisis; durante la década de los años 70, por efecto de la ley de Reforma Agraria; en la década de los años 80 por los impactos ocasionados por la violencia social, producto del terrorismo; y en las siguientes, por efectos del cambio climático, donde la persistencia de sequías prolongadas y heladas severas, ha llevado a la descapitalización de este sector productivo.

Entre el 2003 y el 2021, en las regiones de Huancavelica y Junín se registraron 474 emergencias por sequía. En el 2022 INDECI reportó una ausencia de precipitaciones que generó la falta del recurso hídrico para la agricultura y la ganadería, reduciendo considerablemente la población juvenil de alpacas y perjudicando el medio de vida y la economía familiar altoandina.

La Defensoría del Pueblo, así como las instancias regionales de Defensa Civil, solicitaron acción y respuesta a estos graves problemas que viven más de seis mil familias dedicadas a la crianza de camélidos, que permita una reactivación del sector alpaquero, donde cabe señalar, reposa la mayor población con índices de pobreza; Huancavelica es la sexta región con más pobres según el enfoque monetario, y la séptima considerando el enfoque multidimensional.

El Decreto Supremo n.º 145-2022-PCM, declara el estado de emergencia en varios distritos alpaqueros del departamento de Huancavelica debido a los impactos ocasionados por el déficit hídrico, e insta al Gobierno Regional a implementar acciones de respuesta y rehabilitación; sin embargo, el decreto no dispone de un presupuesto adicional para atender una emergencia de esta magnitud, máxime considerando las limitantes de los procesos administrativos de la gestión pública.

Huancavelica ocupa el sexto lugar de producción de carne de alpaca y el noveno de fibra en el ranking nacional. La actividad productiva tiene una participación regional significativa en el valor bruto de producción del subsector pecuario de la región. Es decir, constituye un recurso productivo importante a nivel regional y nacional cuya agenda ha sido ampliamente postergada, y los mecanismos de atención para hacer frente a los riesgos de la actividad productiva han sido casi nulos. Partidas presupuestales como la 068, orientadas a la gestión de riesgos por desastres, se reducen a la entrega de pacas de alimento para los camélidos o de frazadas para las familias, sin considerar acciones sostenibles en el tiempo que permitan resarcir las dificultades ya señaladas.

El Decreto de Urgencia N.º 025-2022 autoriza la entrega de una subvención para la mitigación agropecuaria por emergencia, destinada a productores agrícolas y ganaderos, para estos últimos, con prioridad en 11 departamentos, entre ellos Huancavelica. Acción que se vio limitada por el monto percibido por cada alpaquero, considerando que el decreto señala S/ 266.00 por cabeza de alpaca, hasta un máximo de doce.

En los últimos años, la Federación de Camélidos Sudamericanos de Huancavelica se viene consolidando a través de sus bases provinciales y locales, teniendo como pilar la producción de más de 17 000 toneladas de fibra de alpaca con calidad similar a la producida en Arequipa y Puno, con un diámetro que fluctúa entre las 17 y 20 micras.

Su problemática se centra en los canales de comercialización, ya que los acopiadores de fibra no diferencian precios según calidad desalentando a los alpaqueros a una mayor tecnificación, siendo urgente la implementación de una planta procesadora de fibra para darle valor agregado y mejorar sus precios.

Algunas experiencias de asociaciones que han incursionado en este rubro no se han consolidado por falta de tiempo y capacidades, pese a existir una demanda insatisfecha en el mercado de carnes que exige cantidad y calidad, la cual no puede ser cubierta en las condiciones actuales; por lo que aún es considerado un producto menor, uno de los retos es cambiar la perspectiva local respecto a los prejuicios culturales que persisten respecto a la carne de alpaca.

Otro desafío es unificar las múltiples asociaciones, que en años anteriores han competido por el acopio de fibra, fraccionando la unidad del sector. En esa dirección se conformó la Cooperativa de Servicios Especiales de Alpaqueros Los Andes de Huancavelica, que funcionó muy débilmente por poco más de un año, por la limitada participación de sus socios dadas las múltiples tareas del quehacer alpaquero. A futuro se hace necesaria la formación de ejecutivos y el involucramiento de la población joven para asumir cargos directivos en iniciativas similares.

Como se desprende de lo señalado, es de suma urgencia la formulación e implementación de las políticas regionales y locales que tengan como objetivo fortalecer el sector alpaquero e impulsar estrategias y mecanismos para la transformación y comercialización de los productos y derivados de los camélidos sudamericanos, dinamizando la economía regional.

Es importante que como parte de un cambio planificado se fortalezca el acceso a la tecnología para la mejora genética, así como para la adaptación frente a los efectos del cambio climático, siendo urgente el inventario de fuentes de aguas y mecanismos que permitan la implementación de acciones para reducir el impacto negativo de amenazas como las sequías que, de ocurrir en las condiciones actuales, aumentarían las brechas de pobreza con un impacto considerable en los medios de vida de las comunidades.

El GORE Huancavelica ha dispuesto para el 2023 el 3.21% de su presupuesto para la función de Agricultura, y ha destinado cerca de 1.5 millones de soles para iniciar la ejecución de dos proyectos, el primero vinculado a la crianza de alpacas en el contexto del cambio climático (CU 2330359 - S/ 3 924 206), y el segundo para la crianza de alpacas de color (CU 2513396 - S/ 10 576 191), este último con la finalidad de recuperar la diversidad de alpacas de color y acceder a mercados diferenciados mediante prendas de colores.

Por lo demás, es necesario que en los documentos de planificación de nivel regional se consideren objetivos y acciones estratégicas vinculadas a lograr la competitividad alpaquera. Asimismo, es fundamental reflexionar sobre las lecciones aprendidas de proyectos anteriores como los de inseminación artificial y producción de fibra de colores, los cuales no fueron sostenibles por el limitado manejo de las granjas, siendo para ello una opción articular esfuerzos con centros de investigación como las universidades de la región y continuar el trabajo con las organizaciones no gubernamentales del ámbito.

 

desco Opina – Regional / 4 de marzo de 2023

descocentro

Sobre las olas de la explosión social

 

Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse, como lo evidencia el Reporte del 23 de febrero de la Defensoría del Pueblo, que registra 36 puntos de bloqueo en vías nacionales, en 9 provincias de Puno y Cusco, movilizaciones y concentraciones en otras 7 en Lima, Junín, Cusco y Puno, así como convocatorias contra las paralizaciones, de esas que parece que alienta como parte de su estrategia el Ejecutivo.

Tras casi dos meses de polarización y enfrentamientos, aún no se entiende cabalmente lo que está pasando. Desde los extremos pareciera creerse que asistimos a la prolongación de un escenario de fantasías que Omar Coronel vislumbrara al inicio del mandato del profesor. Fracasado el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, deplorable imitación del de Alberto Fujimori, desde el nuevo gobierno, que rápidamente devino en autoritario y tempranamente incorporó a las fuerzas del orden estado de emergencia mediante, se instaló el discurso tradicional de la derecha del país frente a situaciones de protesta como las que estamos viviendo. Denunciar una conspiración e injerencia extranjera (Evo Morales, los ponchos rojos y sus balas dum dum), identificar terroristas y enemigos internos que azuzan (senderistas, movadefistas, mineros ilegales) y subrayar la ingenuidad e ignorancia de las mayorías movilizadas es un libreto viejo, que se cree efectivo para enmascarar la represión abierta. La multiplicación del «terruqueo» es, quizá, la única novedad en este escenario.

Si las protestas inmediatas tuvieron mucho de respuesta identitaria y de defensa del valor de un voto, ninguneado desde el momento cero por el Congreso de la República y la derecha extrema, las matanzas en Apurímac y Ayacucho, por lo menos dos menores de edad en el primer caso y seis personas, incluyendo a un menor, que no participaban en las protestas en el segundo, sumaron a sectores cada vez más numerosos que se movilizaban contra la represión y exigían el adelanto de elecciones por la falta total de legitimidad de un Ejecutivo que apostó rápido por la muerte y por la frivolidad de un Congreso y un Ministerio Público que mantuvieron los ojos cerrados y aplaudieron la respuesta de Boluarte. Las protestas se dieron en casi todas las regiones del país y la respuesta gubernamental, como ocurre siempre en esas circunstancias, fortaleció a los liderazgos más radicales en los distintos territorios.

La violencia estuvo claramente presente y no tuvo un solo origen. Muchas veces reactiva a la acción de las fuerzas del orden, aunque marginal, también hubo distintas violencias organizadas. Así, mientras los mineros informales de Chala atentaron contra locales judiciales donde se ventilan largos conflictos entre ellos, un sector de los movilizados en Madre de Dios lo hacía por su legalización. Delincuentes comunes y extorsionadores aprovecharon, como ocurre siempre, el espacio de las protestas y seguramente minúsculos remanentes del pasado también estuvieron activos.

Las movilizaciones de enero marcaron un tercer momento. La masacre de Juliaca, 18 muertos, incluyendo tres menores de edad y un policía bárbaramente asesinado y quemado, marcaron un punto de quiebre que fue seguido por la marcha a Lima, la intervención de la Universidad de San Marcos y las movilizaciones que se sucedieron posteriormente. Aunque éstas parecen haber amenguado los últimos días, todo indica que continúan, más fuertemente territorializadas en Puno, las provincias altas de Cusco y Apurímac, anunciando la posibilidad de nuevas olas en otros espacios del país, Lima incluida, donde los miedos y fantasías del alcalde metropolitano y las autoridades locales de Miraflores y San Isidro, los ha llevado a prohibir movilizaciones y protestas en sus respectivos territorios. Por lo menos aquellas que exigen que se vayan todos porque no han parpadeado, ni ellos, ni la Policía frente a las groseras manifestaciones de acoso contra Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.

Desde las izquierdas, más allá de algunas voces que persisten en el despropósito de negar el golpe de Castillo como parte de su afán por victimizarlo para obtener réditos, distintas lecturas parciales identifican desde un movimiento social pluricultural y de todas las sangres, hasta una movilización antineoliberal, coincidiendo, quizá, en la importancia de un momento claramente democratizador, en el que la protesta es notoriamente política y la creciente apelación a una Asamblea Constituyente alude fundamentalmente al rechazo al pasado y a la urgencia que adquiere un nuevo contrato social.

La última encuesta de IPSOS Apoyo no deja mucho lugar para dudas. La aprobación de la señora Boluarte llega apenas a 7%; 49% que llega a 60% en el medio rural, califica el comportamiento policial de excesivo; 41% en el interior del país considera que la Presidenta y sus ministros ordenaron disparar a matar y 49% cree que aquella y Otárola son quienes tienen mayor responsabilidad en la crisis frente a 10% que responde que el Movadef y otros grupos extremistas.

Todo indica que más tarde o temprano, el adelanto de elecciones se producirá, no obstante las dificultades de una explosión social y diversas movilizaciones que están lejos de lograr su articulación y que tienen expresiones como las del novísimo Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, que rechaza el adelanto de elecciones como parte de una farsa, escondiendo su posicionamiento político que apunta a hacer de la «reposición» de Pedro Castillo una carta electoral.

 

desco Opina / 24 de febrero de 2023

A mano alzada en el sur

 

El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.

Denilson Huaraca Vílchez, natural de Huancabamba (Andahuaylas - Apurímac) de 22 años, es el último de una lista larga de personas que la Policía y el Ejército han victimado en el sur, sin que se identifiquen responsables hasta el momento, sin un mea culpa honesto de parte del Ejecutivo. Toda la violencia ejercida desde el Estado, se lee aquí como desprecio, que no está haciendo más que afianzar la identificación de la población con su cultura secular, provocando que la organización de ciudadanos y ciudadanas, en diferentes lugares, se fortalezca.

El luto en el altiplano, por la masacre en Juliaca, se ha hecho visible en la cancelación de la Fiesta de la Candelaria y del Carnaval de Juliaca. No hay nada que festejar. La triste y ya célebre frase de Boluarte, “Puno no es el Perú”, ha calado tanto, que Puno permanece cerrado. El pase vehicular es restringido para circular en cualquier tipo de unidad motorizada, obligando a que muchos estén atentos a las treguas para trasladarse, mientras las zonas céntricas en varias provincias están tomadas por movilizaciones continuas. Sus autoridades tomaron una posición clara respaldando a los protestantes, pidiendo el esclarecimiento y sanción de las muertes, respaldando el pedido de renuncia de la Presidenta. En varias de sus provincias continúan las actividades para recaudar fondos, tanto para ayudar a los familiares de los asesinados en Juliaca como para hacer bolsa para las delegaciones que relevarán a las que participan en las marchas en la capital.

En Arequipa, si bien parece que la protesta se desvanece, hay una marcada posición política por el adelanto de elecciones ya, sostenida por el nuevo gobernador regional Rohel Sánchez. En la última convocatoria de paro nacional, los mercados, colectiveros locales, estudiantes universitarios y gremios agrupados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa apoyaron la protesta.

En Cusco, pese a los anuncios de reactivación del turismo, las carreteras también continúan bloqueadas en algunos puntos, como Sicuani, por lo que las empresas de transporte se han visto obligadas a suspender la venta de pasajes, recientemente.

A raíz de las protestas, en casi todo el sur hay desabastecimiento de GLP y el abastecimiento de alimentos es irregular, aunque en comparación con el mes de enero, está situación ha mejorado. En Puno, las autoridades han pedido a dirigentes y líderes regionales flexibilizar la medida para el ingreso de cisternas con gas. En Madre de Dios, el gobierno llevó alimentos y balones para abastecer algunas zonas. Aún así, bajar las manos no es una posibilidad. 

En el sur no hay tregua con el gobierno de turno, tampoco espacio para el diálogo, pues las condiciones no están dadas mientras desde el Gobierno se sigan ensañando con los manifestantes, gaseándolos, apaleándolos, acusándolos de terrorismo para justificar la excesiva violencia de las fuerzas del orden con el aplauso del Ejecutivo que no pone límites y los premia con un bono, o asesinándolos directamente, como lo hicieron en Ayacucho.

La reciente encuesta de DATUM señala que 71% de la población exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Las únicas vías posibles son esas, pero ninguno de estos dos caminos parece estar en la agenda de Palacio, ni del Congreso. Sin gestos políticos, la fractura del sur con la capital se hará más grande. El resto del país tampoco soportará indefinidamente esta actuación del Congreso y el Gobierno. Esa mascarada no resistirá mucho tiempo.

 

 

desco Opina – Regional / 17 de febrero del 2022

descosur