Desde los inicios de la administración
del presidente Vizcarra, gran parte de la clase política, los medios masivos,
los círculos empresariales y la tecnocracia neoliberal hacen fuertes y
constantes críticas al gobierno, responsabilizándolo de las bajas tasas de
crecimiento, de la caída de las inversiones –pública y privada– y de la falta
de rumbo en materia económica.
Las acusaciones se extienden a los
gobiernos regionales y locales, a quienes responsabilizan por las graves fallas
en la gestión pública y los bajos niveles de inversión en sus jurisdicciones.
Por si fuera poco, hay reiteradas quejas por el «ruido político» que producen
los supuestos excesos de la reforma política y la lucha anticorrupción.
Es sin duda incuestionable que los tres
niveles de gobierno carecen de un rumbo claro y exhiben graves deficiencias de
gestión, pero cabe preguntarse si estos son realmente las causas de fondo que
explican la situación económica del país. Para responder, hay que tomar en
cuenta algunos elementos clave:
(i)
La
caída del crecimiento económico ocurrió en casi toda América Latina, desde
Chile, ejemplo inagotable para el Perú, hasta el México anterior a AMLO, la
Argentina neoliberal de Macri y la próspera Colombia. Es difícil creer que allí
todos los gobernantes andan sin rumbo. Además, para el 2019, se espera que el Perú esté entre las cuatro economías ganadoras, con tasas superiores a las de los países mencionados.
El problema es el «piloto automático», que funciona cuando la demanda
internacional de materias primas está en expansión, pero genera problemas
cuando ocurre, como ahora, lo contrario. El asunto de fondo es entonces el
modelo, y sus defensores no admiten el más mínimo cambio o innovación, ni
siquiera una diversificación productiva que, sin tocar la economía de libre mercado,
reduzca la vulnerabilidad del país a los vaivenes del mercado externo.
(ii) En
cuanto a los bajos niveles de inversión pública, más allá de las limitadas
capacidades de gestión de las autoridades, son evidentes los candados y
controles impuestos al Estado por el mismo modelo, en teoría para hacer más
eficiente, rentable y menos corrupto el uso de los recursos: el anterior SNIP, el actual Invierte.pe,
los controles del MEF y de la Contraloría son mecanismos hechos para eso, y en
la práctica, traban también la agilidad de las inversiones. La reciente
Reconstrucción con Cambios es una evidencia de esto. Los mecanismos de Obras
por Impuestos o alianzas público-privadas pueden ser un negocio para ciertas
empresas, mas no una alternativa para construir instituciones públicas más
sólidas y eficientes. Los bloqueos institucionales del Estado son realmente graves, pero el pensamiento
económico hegemónico cree que son asuntos pedestres.
(iii)
El
deterioro de la calidad de la representación, secuela de la crisis de los
partidos hace también su aporte: con autoridades sin formación política, visión
de país o región, con congresistas sin conciencia de los intereses generales de
la nación y preocupados sólo por defender intereses de pequeños grupos, es muy
difícil avanzar en tener un Estado más eficiente, así como unas leyes e
instituciones fortalecidas, transparentes y democráticas. La resistencia de la
derecha política, de algunos grupos con representación congresal y ciertos medios
masivos a introducir reformas en este campo, contribuyen a mantener un estado
de cosas del cual después se quejan. Esta actitud obedece sin duda a una visión
muy corta, pero también parecería explicarse por intereses, pues ciertos grupos
nacionales o regionales buscarían acceder a los recursos públicos, anteponiendo
fines particulares a los generales del país. La existencia de políticos
improvisados, sin partidos fuertes y sin programas que defender son funcionales
para ello.
Por todo esto, llama tanto la atención
que importantes gremios y líderes empresariales hayan tenido una posición más bien tímida y hasta preocupante ante los procesos anticorrupción,
y que no hayan asumido posiciones más proactivas en el caso de las reformas
políticas las cuales, si bien no son una garantía para solucionar los problemas
y consolidar la democracia, pueden abrir el camino para ello.
Resulta también llamativo que, en un
país con una presión tributaria inferior al promedio latinoamericano, los
reclamos empresariales insistan en exoneraciones tributarias, incluso para actividades que beneficiarían a unas pocas
empresas, y un documento como la Agenda País recientemente difundido por la
CONFIEP, no incluya nada relacionado con el fortalecimiento institucional del
Estado y se insista en la necesidad de sacar el proyecto Tía María, incluso por la fuerza, como más de uno suele sugerirlo veladamente.
Mientras no surjan fuerzas capaces de
introducir cambios, incluso moderados, a un modelo sumamente dependiente de la exportación
de materias primas; mientras no se asuma que la gobernabilidad del país pasa
por mejorar la calidad de la representación, para lo cual algunas reformas
políticas como las que hoy están en debate pueden abrir camino; y no haya una
real y efectiva preocupación por el fortalecimiento institucional del Estado y
de la gestión pública, los cuellos de botella económicos, los problemas
políticos y la corrupción continuarán campeando y afectando el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible del país.
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