A votar por nuestras ciudades

El crecimiento de la población urbana, el centralismo estatal y la urbanización sin orientación, de tanto repetir que ocurren, parecen no llamar la atención de nadie. Pese a las frecuentes críticas de urbanistas y especialistas en temas urbanos sobre las consecuencias del déficit de planificación, el tema no ha encontrado aún su lugar en la agenda nacional.

Más allá de Lima –una de las diez urbes a nivel global que crecerán más en la próxima década– cabe preguntarse qué está pasando con las ciudades del país, principalmente con aquellas que crecen a velocidad y empiezan a encarar las consecuencias. En más de una decena de nuestras ciudades intermedias la ciudadanía y autoridades deben lidiar con algunos de los típicos problemas del crecimiento urbano acelerado no-planificado, como es la gestión de residuos sólidos, desbordada la práctica tradicional de arrojar la basura en las afueras (en botaderos o cursos de agua, muchas veces) que se ha tornado en un verdadero problema de saneamiento ambiental.

Similar situación es la que enfrentamos con el abastecimiento de agua potable y la carencia de redes apropiadas de desagüe, lo que provoca conflictos crecientes entre los usuarios, enfrentados de pronto a situaciones cuya solución requiere estudios, inversiones y plazos que las familias no están dispuestas a tolerar y que se conocen solamente cuando ocurren en Lima o las principales ciudades. Pero hablamos de un fenómeno nacional.

Ante este tipo de situaciones encontramos solamente soluciones parciales, inadecuadas y en muchos casos encerradas en el corto plazo. Esto ocurre porque hasta ahora los peruanos hemos sido incapaces de enfrentar los grandes cambios producidos por la urbanización. Acondicionamiento territorial, gestión de riesgos, abastecimiento de energía, disponibilidad de residuos sólidos, transporte urbano, manejo de áreas públicas, verdes y de recreación, calidad de la vivienda son asuntos tratados segmentadamente y de modo casi siempre localista. Y para Lima son inexistentes o irrelevantes las demandas de la población urbana del país en torno a su calidad de vida. Y en los planes de gobierno más de lo mismo, y en cualquier caso, nada sustancial como política de desarrollo.

Sin duda el ritmo de crecimiento de las urbes peruanas es mucho más acelerado que el paso de las autoridades y funcionarios públicos locales. La situación actual, ya bastante compleja puede tornarse más grave aún si no damos prioridad al acondicionamiento territorial y desarrollo urbano local y regional con el aporte de todos los actores del territorio (incluido el sector privado, gran organizador actual de los espacios urbanos).

En la actual coyuntura electoral es necesario insistir en la urgencia de atender esta agenda. La posibilidad de contar con congresistas atentos a las competencias y responsabilidades sectoriales, centrales y subnacionales en materia urbana es una oportunidad. Este es un llamado para ejercer el voto pensando en nuestros retos territoriales: ¿quiénes entre los postulantes a una curul promoverán iniciativas en favor del ordenamiento territorial, la gestión sostenible de los servicios públicos, los procesos participativos y de cogestión en la perspectiva de lograr ciudades más inclusivas y de mejor calidad para todos los peruanos?

desco Opina - Regional / 1 de abril de 2016

Programa Urbano
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El Frente Amplio, el juego electoral y el juego del poder

Los cambios en el escenario electoral peruano muestran que los sectores de izquierda agrupados en el Frente Amplio han superado el primer escollo que tenían por delante: pasar la valla del 5% en las próximas elecciones del 10 de abril y contar con una representación, aunque sea mínima, en el Congreso de la República. El escepticismo de muchos analistas políticos y el desdén de muchos comentaristas de derecha no preveían este cambio que parece producirse en la suerte electoral de la izquierda y que se explica por el esfuerzo de su candidata, la buena imagen construida y el trabajo desplegado. El azar puede haber jugado también un rol.

No son pocos ahora quienes creen que la candidata Verónika Mendoza podría incluso superar una segunda valla: el pase a la segunda vuelta electoral, disputando con Keiko Fujimori el sillón presidencial. Si bien Pedro Pablo Kuczynski ocupa hoy el segundo lugar en las preferencias electorales medidas por las últimas encuestas y Alfredo Barnechea (AP) es visto como un candidato centrista con mucho potencial para superar al anterior, la situación es muy fluida y la última palabra dista de haberse dicho.

Algunos análisis recientes predecían el derrumbe inevitable de la candidatura de PPK y la inminente disputa entre Acción Popular (AP) y el Frente Amplio (FA) por el segundo puesto, evaluándose las potencialidades y debilidades de cada candidato para posicionarse ante la ciudadanía apelando a sus respectivas imágenes, ideas y discursos, pero también al  antifujimorismo, un factor fuertemente arraigado en un amplio sector del electorado, que convoca a sectores de distinta tradición política y posición social. Las últimas encuestas, sin embargo, le dan más opciones a PPK y muestran al candidato de AP levemente rezagado.

Ciertamente, el pase a la segunda vuelta y la campaña subsiguiente serán dos grandes retos que cualquier de los tres candidatos situados luego de Keiko Fujimori, deben estar dispuestos a afrontar. Verónika Mendoza en especial, tiene el camino muy cuesta arriba, pero soñar con un triunfo no suena tan irreal ni descabellado como hace pocas semanas. Así, es la primera vez en varios lustros que la izquierda aparece bien situada en una elección presidencial y despierta expectativas y temores que pueden llevar a una campaña extremadamente dura, polarizada y plagada de golpes bajos, que ya ha comenzado.

Imaginemos, sin embargo, un escenario en el cual el Frente Amplio supere las subsiguientes vallas y sea capaz de convocar una amplia coalición que lo lleve al triunfo. Lo qué ocurriría al día siguiente de la segunda vuelta es una cuarta valla mucho más difícil de pasar: formar un gobierno con capacidad para aplicar una política orientada en el sentido que plantea su programa. Un desafío estratégico será entonces enfrentar a los llamados poderes fácticos (gremios y lobbies empresariales, Fuerzas Armadas, tecnocracia, grupos de poder regionales, y mafias que manejan las economías ilegales). Ganar las elecciones con más del 50% de los votos o con un aluvión de éstos, no garantiza la adquisición de un poder real para afrontar el reto. Una voluntad política clara y decidida se va a encontrar con serios y casi insalvables escollos si no se cuenta con una sólida representación parlamentaria y con un fuerte aparato político en el cual apoyarse, que además brinde los cuatro o cinco mil cuadros políticos y técnicos indispensables para la gestión pública.

Resistir la presión de los lobbies empresariales, revertir la captura del Estado por parte de grupos de tecnócratas y funcionarios que muchas veces juegan en pared con aquellos, formar mayorías en el Congreso para aprobar leyes decisivas y para hacer reformas clave, enfrentar las economías ilegales o los problemas de seguridad ciudadana; demandan adquirir una fortaleza política que por el momento parece muy difícil de lograr. No imaginamos una Presidenta como Verónika Mendoza siguiendo el camino del Presidente Humala y maniatada ante los poderes fácticos, pero cuesta igualmente imaginarla apoyada en una afiatada organización política que le brinde el respaldo suficiente para lograr mantener la línea que hoy difunde en la campaña.

El entusiasmo ante el ascenso de la candidata V. Mendoza no debe hacernos olvidar que el Frente Amplio no es obviamente el PT brasileño (a pesar de sus actuales problemas) ni la izquierda chilena, y que el desafío de crear una sólida base de poder para ejercer el gobierno en nuestro país, demanda mucho más que asumir el Ejecutivo. Una mirada más prudente y fría, quizá haga deseable ejercer una sólida oposición desde el Congreso y la sociedad civil en la perspectiva de acumular fuerzas para el futuro, que seguramente es el horizonte posible que enfrentará el FA al término del proceso.

desco Opina / 25 de marzo de 2016
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El agro en busca del voto informado

Siempre se dice que el elector peruano es emocional y que se deja seducir por las ofertas de campaña. En el caso de las personas que viven en las zonas rurales de nuestro país más que ser emocionales o no, es claro que los medios de comunicación que hacen que los planes estén ‘a solo un clic’ están mucho menos difundidos que en las zonas urbanas. Esto coincide, por cierto, con otras brechas sociales y económicas que señalan que las zonas rurales concentran la actividad agropecuaria y que la pobreza en nuestro país se circunscribe en gran medida en dicha actividad. Aquí analizaremos brevemente si algunos aspectos clave de la problemática agropecuaria están siendo abordados por los mencionados planes de gobierno, que no por ser poco leídos deberían quedarse en un saludo a la bandera. Creemos indispensable fijarnos al menos en las ideas sobre el manejo del recurso hídrico, financiamiento, propiedad de la tierra, capacidades técnicas de los agricultores y la asociatividad.

Respecto del agua coinciden tiendas políticas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el Frente Amplio nos dice que relanzará el Fondo Mi Riego; Fuerza Popular señala la construcción de 1000 micro y medianos reservorios; Peruanos por el Kambio coincide con los micro reservorios pero desde una propuesta de obras dedicadas a la «cosecha de agua». Alianza Popular propone reservorios y proyectos de irrigación y, por su parte, Acción Popular propone textualmente «mejorar los proyectos que permitan proveer de agua a mas sectores agrícolas»; sin embargo, en este Plan de Gobierno llama la atención que quien ostenta el símbolo de la lampa, sólo tenga un escueto texto dedicado a la agricultura ubicado en la página 17. Sorprende en la medida que el candidato Barnechea en sus apariciones y declaraciones públicas sí aborda el tema. Al parecer su «discurso agrario» ha ido fabricándose a medida que ha venido consolidando algunas preferencias en el electorado.

Otro tema vital para el desarrollo agrario es la disponibilidad de financiamiento. Manteniendo el mismo orden de análisis anterior, el Frente Amplio nos dice que incrementará el capital bancario agropecuario; Fuerza Popular señala lo mismo pero incide en redirigir sus colocaciones para el desarrollo de la agricultura campesina familiar y la pequeña agricultura comercial. Sin duda suena muy bien, pero como medida aislada corre el riesgo de convertirse en un subsidio con fines proselitistas. En esta escala de producción habría que ocuparse, paralelamente, de aspectos como regularizar la propiedad de la tierra. PPK buscaría incrementar la disponibilidad de crédito agrario e incluso propone un fondo de garantía de seguro agrario de hasta 100 millones de soles. Alianza Popular coincide con los anteriores pero propone la «promoción de financiamiento especializado», sin definir específicamente a qué se refiere.

La propiedad de la tierra y la titulación de los predios agrícolas son una deuda pendiente en especial para la sierra, así como para la Amazonía peruana. En ese aspecto, el Frente Amplio propone la «aprobación de una nueva Ley de Tierras que fija límites a la concentración de la propiedad de la tierra en corporaciones empresariales y personas naturales», e incluso propone gravar con más impuestos a quienes concentren mayor cantidad de hectáreas. El reto aquí sería no afectar el volumen de exportaciones agrícolas provenientes de la agroindustria, que por ahora sólo los grandes fundos agrícolas pueden proveer. Si bien es cierto que mucho del empleo en este sector es temporal, también podemos asociar en algún grado la mejora de las condiciones económicas de algunas regiones por el crecimiento de la agroindustria en el país. Fuerza Popular no nos habla de la titulación agraria específicamente, pero sí señala que se titularán las tierras de la Amazonía para que puedan gestionarse créditos productivos en especial para las comunidades nativas, sin embargo su sustento muestra desconocimiento de la realidad de las propiedades comunales, ya que estas no pueden ser enajenadas, por lo tanto actualmente, ninguna financiera privada las acepta como garantía. PPK apunta a una «Titulación masiva de predios rurales de pequeños y medianos agricultores a través del programa Propietario Firme». Alianza Popular señala explícitamente, «Concluir con la titulación de los derechos de propiedad de las tierras…», aunque en su diagnóstico no nos señala cuántas hectáreas son ni por qué no se han titulado con anterioridad, por lo que no se establecen los costos ni tampoco se puede asegurar el cumplimiento de este ofrecimiento. Todos los candidatos sin excepción ofrecen capacitación técnica a los agricultores para mejorar la productividad, lo que varía son las formas y mecanismos, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, lo cual nos demuestra que existe consenso en capacitar a los agricultores y brindarles asistencia técnica.

En lo que respecta al fomento de la asociatividad de los agricultores; Fuerza Popular no la señala como parte de su estrategia para impulsar al agro, aunque sí para ser sujetos de crédito; el Frente Amplio, no nos dice cuál sería el rol que estas cumplirían en el desarrollo agrario; PPK las hace sujetos de beneficios en capacitación, y Alianza Popular las hace sujetos de crédito y les otorga espacios de participación en la investigación agraria, esto último es necesario, pero muy venido a menos en las últimas décadas a pesar de los múltiples ofrecimientos.

En conclusión, existen muchas coincidencias en lo que se quiere hacer en favor del agro y los agricultores, pero no siempre hay coincidencias técnicas y políticas en lo que se puede hacer. Mientras que todos han evidenciado sus aspiraciones, pocos pueden brindar sustento técnico a todos sus ofrecimientos. Los planes de gobiernos se beneficiarían de informarse mejor de la realidad del sector, y los electores de las zonas rurales deberían informarse con urgencia sobre cómo –si acaso– los candidatos y candidatas plasman sus ideas, planes y sueños. 

desco Opina - Regional / 18 de marzo de 2016

Programa Regional Centro
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La importancia del voto joven

A unas seis semanas para las elecciones generales y tras la exclusión del  candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) y la tacha por el Jurado Nacional de Elecciones del candidato Julio Guzmán (Todos por el Perú), las preferencias por las candidaturas presidenciales no están del todo definidas y las repercusiones pueden ser complicadas. Salvo en el caso de Keiko Fujimori, que pese a haber caído hasta tres puntos, mantiene un tercio del electorado y podría captar una parte de los votantes de Acuña. Para un sector mayoritario no se identifican temas o propuestas programáticas que marquen diferencias importantes para los electores y, sin embargo, da la impresión de haber entrado en un nuevo escenario en el que Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza están creciendo mientras que importantes protagonistas de la transición democrática del año 2000 (Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Alan García) tienden a desaparecer.

Considerando los 22 901 954 votantes de los que da cuenta RENIEC, un 30.25% concentra ciudadanos y ciudadanas menores de 30 años (6 927 437). Aunque cabe la salvedad de diferenciar a los jóvenes hasta 24 (que nunca han votado antes en elecciones presidenciales), ¿qué demandan los jóvenes al futuro gobierno del país?

Casi siete millones de ciudadanos y ciudadanas jóvenes, especialmente los que viven allí donde la gestión del gobierno nacional se toma más tiempo en llegar, marcan algunas prioridades que los candidatos y candidatas debieran tomar en cuenta.

El segmento joven de la población no se ha ejercitado en la participación política, pero tiene gran dinamismo y presencia en el espacio público, en particular desde el consumo, el empleo, la educación y la experiencia con medios digitales. Con una adhesión muy baja a causas políticas o de interés común, la comunicación en estos espacios ocurre de una manera que con dificultad llegan a conocer las encuestadoras. Aunque las encuestas dan cuenta de un 65% de ciudadanos deseosos de un cambio de modelo económico.

Los candidatos han pasado por alto los temas que atañen directamente a la juventud y que la afectan directamente en el alcance de su desarrollo, como las oportunidades de educación y de empleo, la salud sexual reproductiva y la oferta de planes de vida, que es como los adultos ven los problemas de los jóvenes. A eso habría que añadirle sus propios temores, entre los que por cierto está el quedar «desconectados» del celular e Internet.

La promoción del empleo está relacionada directamente con la demanda educativa de los y las jóvenes que requieren formación técnica para incorporarse con mayores posibilidades de éxito en un mercado laboral inaccesible, duramente competitivo. Son cada vez más los jóvenes que ingresan precariamente al mercado laboral, y los adultos jóvenes quienes crean su fuente de ingresos mediante empresas independientes en un país como el nuestro teñido por más de un 70% de informalidad y en el que el tema de la descentralización y regionalización, siendo muy importante, no cala en el escenario electoral.

Respecto de salud sexual y reproductiva, se ha comprobado que es a nivel local en el que mejor se puede trabajar el tema de prevención de ITS/VIH, así como el embarazo adolescente, aunque es necesaria una articulación mayor con los planes sectoriales de alcance nacional. El gobierno nacional –en coordinación con los gobiernos locales– es el llamado a mejorar el acceso a información y consejería para abordar frontalmente los principales obstáculos para el desarrollo del plan de vida de las y los jóvenes.

No obstante esta agenda, en esta etapa solamente se les ve como masa de votos, antes que como un sector a ser representado. Y si bien hay muchos factores en juego, una explicación del atractivo de candidaturas como las de Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea expresa el hartazgo frente a los tradicionales políticos con poder, y también que estos políticos mayores no tienen un perfil personal ni ofertas que  atraigan a la juventud.

Escasean desde la sociedad civil los espacios de debate donde la ciudadanía –y los jóvenes, especialmente– puedan participar y acceder a información más allá de los medios, que faciliten la expresión y el recojo de demandas a nivel local y regional que contribuyan por un lado a visibilizarlas en el ámbito nacional y, por otro, a conciliar intereses comunes sobre temas urgentes para el país que todos compartimos.

El tiempo electoral no ha dado lugar a estas consideraciones. La debilidad de las organizaciones culturales y redes de jóvenes es evidente en el intento de representar a esa masa que en las ciudades se mueve concentrada en sus celulares y audífonos. La movilización contra la llamada «Ley Pulpín» (nuevo régimen laboral juvenil) se ve ahora como una bruma del pasado. Las estrategias publicitarias de la anterior campaña (los PPkausas) no surtieron esta vez efecto.

El alto porcentaje del voto joven podría marcar esta vez la diferencia: 3 490 576 varones y 3 436 861 mujeres –jóvenes ciudadanos– entre 18 y 30 años de edad, acudirán a las urnas. En los anteriores procesos electorales, el «voto joven» ya ha sido decisivo y sería muy positivo para nuestro sistema democrático actual, mostrar que existen partidos que realmente pueden representar los intereses de las mayorías, en este caso de los jóvenes milenarios. ¿Hasta dónde los jóvenes de hoy se reconocen como tales ante el proceso electoral y cuál es realmente su carga de optimismo, escepticismo, rechazo o pasividad?

desco Opina / 11 de marzo de 2016
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