A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.
Respecto a los servicios básicos, por ejemplo, la desatención al abastecimiento de agua en zonas periurbanas es más que evidente. Al margen de que desde que estamos en emergencia sanitaria se ha brindado acceso al agua potable «vía camión cisterna» de manera gratuita en zonas de pobreza y pobreza extrema, la solución estructural para atender esta necesidad básica es para nada sostenible. Una muestra de ello es el problema de desabastecimiento de agua ocurrido hace un par de semanas en zonas más consolidadas de la ciudad como San Juan de Lurigancho.
Acá se evidencia la poca capacidad de planificación y atención a situaciones similares que se pueden acrecentar en el futuro; pero además, ratifica las prácticas de corte asistencialista que se proponen para dar solución al problema como ofrecer «agua gratuita», intentando apaciguar el ruido ocasionado en medios de prensa. No se atiende así el tema de fondo; el Estado debe entender que se requiere una reingeniería completa de la forma como se brinda actualmente el servicio para hacerlo eficiente, pero sobre todo sostenible en una ciudad que está asentada sobre un desierto y con fuentes de abastecimiento limitadas debido al poco caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, principales proveedores de agua.
Respecto al acceso a internet, pareciera ser un tema poco importante, pero habría que precisar que si bien un porcentaje alto tiene acceso al mismo, este se da sobre todo por medio de un teléfono celular, cuyo uso en zonas periurbanas muchas veces suele ser un solo equipo para toda la familia; esta situación como producto de las estrategias virtuales implementadas para estudiar y trabajar en tiempos de pandemia. En los temas de salud han sido más que evidentes los diversos e innumerables problemas que ya existían previamente y que con o sin pandemia han demostrado una crisis generalizada del sector, actualmente volcado al tema de vacunación masiva en todo lugar que sea posible, evitando que la población se dirija a los centros de salud, de por sí ya colapsados en su atención y servicio desde antes de la llegada del COVID-19.
A lo ya mencionado se suman los problemas de inseguridad y delincuencia que son parte del día a día y que, lamentablemente, se vienen normalizando e inclusive generando nuevas modalidades delictivas, tal como sucede en las instalaciones del sistema de transporte metropolitano. Incluso en el tema de transporte, no podemos sino avergonzarnos del «galardón» obtenido esta semana, al ser considerados el país más congestionado del mundo, y Lima, particularmente conocida por sus problemas de tráfico; es innegable reconocer que algo estamos haciendo mal.
Finalmente, quizá la principal afirmación que resta por hacer es que Lima se ha convertido en una ciudad inhabitable; pero más que eso, se ha vuelto –por no decir que siempre lo fue– una ciudad altamente vulnerable, producto de múltiples factores. Así, todo hace presagiar que, en breve, los problemas pueden terminar explotándonos en la cara, si es que el Estado no se da cuenta de que la gestión reactiva termina generando al final de cuentas, más costos que beneficios.
Los dos derrumbes ocurridos en un mismo día en la ciudad de Lima, tanto en Chorrillos como en Puente Piedra, son señales inequívocas de alerta de una ciudad que se cae a pedazos, cuando aún no sucede el temblor.
desco Opina - Regional / 1º de octubre de 2021
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