Agendas paralelas y responsabilidad limitada

Sucesos lamentables se han puesto en el centro del debate público en las últimas semanas: los infinitos giros en el llamado ‘caso Ciro’, el envenenamiento de tres niños por ingerir alimentos contaminados en Cajamarca y la muerte de un hincha de fútbol en el marco del ‘clásico’ del fútbol peruano. Los informativos de radio y TV y los diarios los han incluido en sus agendas porque cuestionan la naturaleza del vínculo social entre peruanos, pero no solo eso. Los medios también tienen agendas que responden a intereses específicos, como por ejemplo, intentar utilizar los hechos de Cajamarca como causal de interpelación de la titular del MIMDES. Dejan, en cambio, en segundo plano, los hechos más significativos en la performance del gobierno a dos meses de asumir el mandato. Destacamos tres: la promulgación de la Ley de Consulta Previa, los avances en materia de imprescriptibilidad ante los delitos de corrupción y, el gravamen minero. Estas novedades representan impulsos en la propia agenda gubernamental, según la «hoja de ruta», pero no son temas que motiven el interés principal de la prensa.

Todos estos cambios expresan una modificación en la correlación de fuerzas respecto al gobierno pasado y eso debería llamar la atención. En el primer caso, es la concreción de una iniciativa que estuvo en discusión por buen tiempo en el Congreso sin encontrar el ambiente propicio durante el segundo García, quien prefirió la imposición no negociada de términos favorables a la gran inversión, sobre todo de la gran industria extractiva. En lo referente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se trata de dar señales para transformar el escenario que ha permitido que, en 2010, más de 140 personas procesadas por delitos de corrupción cometidos en la década de los 90 se hayan beneficiado con la prescripción y que otros personajes no lleguen a hacerlo, entre ellos Vladimiro Montesinos, Moshe Rostchild y Alberto Venero. La moción ha sido aprobada por la Comisión de Constitución y debe ser votada ahora en el Pleno. Un aspecto notable es que, para que la propuesta proceda, se votará por la modificación del artículo 41 de la Constitución de 1993, sin que eso signifique un sisma de gobernabilidad anticipado por diversos agoreros.

En el caso del gravamen, aunque a decir de diversos analistas no estamos hablando de los montos anunciados por el Premier en el Congreso, sino de cantidades apreciablemente menores, lo notable es que la gran minería está dispuesta a pagar más casi sin titubear, como reconociendo que han sido consentidos por mucho tiempo y que, gravamen o no, sus actividades en nuestro país seguirán gozando de gran rentabilidad.

Todo esto no quiere decir que los hechos reseñados al inicio no sean importantes. Lo son por su gravedad, pero también porque nos han permitido advertir la tendencia a «lavarse las manos» por parte de los agentes directamente involucrados, lo cual es clamoroso en el caso de los directivos del fútbol. En este caso en particular, parece que ha habido mayor diligencia de parte de ciertos actores públicos que de los privados. Mientras tanto, el Ejecutivo, con un perfil bajo, y en ocasiones con gestos equívocos y manejos torpes de sus comunicaciones (para nada rivalizan con los operadores mediáticos que llevan el arma en ristre para resucitar temores de la campaña), sí procura hacerse responsable de sus palabras, lo cual es valioso en sí mismo, e importante para quienes tenemos en agenda el desarrollo.

Desco Opina / 30 de setiembre de 2011

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La defensa del valle de Lurín: el siguiente paso

La metrópoli de Lima se desarrolla sobre la confluencia de los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La expansión urbana desordenada llevó a la progresiva ocupación de las áreas reservadas de estos valles en detrimento no sólo del suelo agrícola, sino también del equilibrio ecológico y la calidad ambiental de la vida en la ciudad. A este escenario se suma la creciente búsqueda de terrenos de gran área y ubicación estratégica para realizar inversiones de tipo industrial, proceso que en la última década define la dinámica del valle de Lurín, el llamado «último valle verde de Lima».

El mes pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima dio un importante paso en la defensa del Valle de Lurín al aprobar la ordenanza 1551, que deroga tres ordenanzas anteriores que posibilitaban la instalación de industrias en el «trapecio de Lurín», denominación que recibe el área urbana de la cuenca baja del río. Sin negar la trascendencia de la norma, es preciso señalar que ella no es suficiente si se toma en cuenta otro de los movimientos de presión contra el valle: el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

El sur de Lima vive hoy el mismo proceso que llevó al agotamiento y virtual desaparición del valle del Chillón, al norte de la ciudad. Las grandes empresas inmobiliarias siguen buscando suelo nuevo donde realizar habilitaciones urbanas para proyectos de vivienda, actuando muchas veces en el margen de la legalidad y casi siempre desarticulados de los planes urbanos de los distritos. Atacados por la pequeña corrupción o débiles en sus poderes de control y fiscalización, las autoridades van cediendo a la presión por urbanizar, soslayando los futuros problemas que ocasionará el aumento de la densidad poblacional, la cobertura de servicios –municipales y no municipales– y, en muchos casos, la segregación territorial y social que acompaña a los proyectos de vivienda de tipo condominial que, literalmente, se cierran al entorno social y al tejido urbano inmediato.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que este tipo de desarrollo inmobiliario es el que promueve el sector formal de la construcción, cuyas inversiones estratégicas se desplazan ahora a lo que llaman la «Lima Periférica», buscando realizar vivienda a gran escala, formalmente destinada a resolver la demanda de los sectores D y E, aunque queda distinguir si se trata de proyectos respaldados por el programa Mi Vivienda (dirigido a sectores medios), Techo Propio (sectores populares) o lotizaciones (venta de suelo no urbanizado, no de vivienda), como las que efectúan actualmente diversas inmobiliarias sobre terrenos en el valle de Lurín (distritos de Lurín y Pachacamac), cuya zonificación se encuentra no resuelta o en conflicto, propiciando la especulación y el tráfico de influencias que acompañan la agresión contra el valle.

El gran reto de la Municipalidad Metropolitana de Lima será armonizar las iniciativas de los inversionistas industriales y el empresariado inmobiliario con el objetivo de preservar el valle. En lo inmediato, apremia establecer un control más minucioso y mayor transparencia de los expedientes de habilitación urbana que reciben los municipios distritales. De fondo, lo que se necesita es la definición de la política de vivienda de la ciudad, a partir de la cual decidir las áreas susceptibles de urbanización y los sectores que tendrán prioridad en la atención a su problema de vivienda. Esto ayudará a estimar los costos y las fuentes de financiamiento de la opción «mantener el valle», el único valle verde que le queda a la metrópoli limeña.

desco Opina - Regional / 26 de setiembre de 2011
Programa Urbano
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Inclusión y tecnocracia

El respaldo electoral y posterior llegada al poder de Ollanta Humala reflejó las aspiraciones de millones de peruanos respecto a la orientación de los beneficios del crecimiento económico. Este mandato ha sido recogido por el gobierno con el membrete «inclusión», concepto que empieza a tomar cuerpo con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, que «empaqueta» los programas sociales ofrecidos en campaña pero al mismo tiempo expresa la fuerza que mantienen los enfoques tecnocráticos sobre el desarrollo.

La designación de Kurt Burneo como titular del futuro MIDIS se planteó bajo el argumento de que era necesario acercar la política económica y la política social. En este sentido, el perfil de Burneo –economista proveniente del toledismo– en teoría responde al viraje que Humala y su equipo quieren imprimir a los mecanismos de política social, articulándolos al discurso de impulso al mercado interno.

No obstante, el nuevo ministerio se forma por trasvase de los cuadros técnicos y programas existentes en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sin alusión práctica al otro Ministerio que debía rediseñarse a partir de ese supuesto: el Ministerio de la Producción, que actualmente dirige el propio Burneo. Cabe preguntarse al respecto cuál es el papel del MIDIS dentro de la oferta de un gobierno que debe satisfacer las expectativas de redistribución que ha generado y, a la vez, garantizar una mayor eficacia en las transferencias directas y los programas de asistencia.

Según su ley de creación –que espera debate en el pleno del Congreso– el MIDIS es el eje del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que propone de manera muy genérica una articulación entre gobiernos subnacionales, organismos públicos y sectores vinculados a las políticas de desarrollo e inclusión. Sin embargo, no prevé un papel específico de los gobiernos regionales y locales, asunto particularmente sensible en un país que apostó por la descentralización y que cuenta –aunque el anterior gobierno la postergara– con una urgente agenda de reforma del Estado cuyo objetivo central es la desconcentración de poderes y recursos del nivel central. Solo en lo referente a los programas sociales que el nuevo ministerio busca concentrar, por ejemplo, el escenario es complejo y ya ha avanzado en diversos grados en su descentralización. Como vemos, la idea de un «sistema» que debe articular los esfuerzos dispersos del Estado choca con el proyecto de un ente que aglutina la prestación de programas sociales: un ministerio ejecutor.

Aunque la Ley no pueda abundar en detalles, debería permitirnos al menos vislumbrar un escenario que no se desentienda de un proceso de descentralización que debería estar en condiciones de retomar avances sustantivos en este periodo.

Creemos que para honrar el mandato de las urnas, este gobierno no puede permitirse entender que la inclusión es únicamente una mejor administración y focalización de los programas sociales. Una verdadera transformación en la concepción del Estado como impulsor del desarrollo, debe considerar que la ecuación entre inclusión y desarrollo se resuelve atendiendo a la articulación de las economías de escala y dando salidas a los emprendimientos productivos medianos y pequeños, principalmente en la esfera rural, donde el modelo extractivo genera una competencia desigual por recursos productivos como la tierra y el agua. Por eso también, considerar el rol de los gobiernos regionales y municipios como gestores de las políticas de inclusión debe ser parte del debate.

desco Opina / 16 de setiembre de 2011
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Primera infancia, primeras interrogantes

En las últimas semanas el Gobierno ha puesto de manifiesto las principales líneas de trabajo para su gestión, entre ellas, destaca el discurso sobre la inclusión. En ese sentido, tanto el objetivo de reducir la desnutrición crónica y mortalidad infantil como la oferta del Programa Cuna Más, son iniciativas por la inclusión que tienen la particularidad de estar orientadas a la primera infancia. En artículos anteriores hemos destacado la enorme importancia de ejecutar intervenciones en esta población, sobre la cual ya existen acciones en los niveles regionales y locales. En ese contexto, cabe preguntarse cómo se complementarán estas distintas intervenciones desde el Estado central y desde los otros niveles de gobierno.

Entre las iniciativas en marcha destaca el Programa Nacional WawaWasi (PNWW) El PNWW viene ofreciendo un servicio importante para el cuidado de los niños en las edades más críticas para desarrollar su potencial cognoscitivo. Hasta el momento ha sido importante, además de por sus logros en atención directa, para concientizar a las familias rurales, sobre la importancia del cuidado en la población infantil. Este cuidado se traduce en una adecuada alimentación, lo que constituye la base para incorporar el aprendizaje.

Parece claro que la intención del gobierno es concentrar la atención a la población infantil, bajo el esquema del Programa Cuna Más, sobre el cual no se conocen detalles hasta la fecha. Volviendo a la interrogante inicial pero de forma más específica nos preguntamos cómo se inserta el PNWW en este nuevo esquema. Recordemos que el PNWW quedó a la expectativa de ser transferido a los gobiernos provinciales, con lo cual se agrega un elemento adicional a tener en cuenta para la gestión de las iniciativas a favor de la infancia; en concreto, estas son interrogantes que deben ser discutidas para el inicio del emergente Programa Cuna Más.

Tanto el PNWW como Cuna Más, son intervenciones que deben complementarse para una intervención sostenible y tener réditos e impactos reales en la población viviendo en áreas rurales. En dichas zonas existen intervenciones promovidas desde la cooperación internacional, principalmente, que buscan una intervención más profunda en el bienestar de la población infantil, como en el caso del Programa Sierra Centro. Experiencias como la de desco en las zonas rurales aportan conocimientos en términos de presupuestos, estrategias, sostenibilidad, para trabajos en la primera infancia.

Otro de los procesos en marcha tiene que ver con la Estrategia Nacional CRECER, de la cual no se ha dicho nada en el Mensaje de 28 de julio ni en los anuncios del Premier ante el pleno del Congreso. CRECER es una estrategia que busca articular las diferentes intervenciones de los sectores hacia la lucha contra la pobreza y la desnutrición. Esta idea también ha sido promovida por los gobiernos regionales y la sociedad civil como en el caso del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, en Huancavelica (CRSAN) y CRECER WARI, en Ayacucho; a los que se agregan programas específicos como PICED y PROSAN, con trabajos en el campo productivo y promoción de la salud, en Junín. Tanto CRSAN y CRECER WARI permitieron ofrecer a la Estrategia Nacional, una «pista de aterrizaje» en el nivel regional. Esta articulación entre lo nacional y regional ha propiciado encuentros, talleres y foros para una gestión integral con miras a lograr la disminución de la desnutrición crónica. Aún se desconoce cómo se retomarán los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno.

El riesgo es que intervenciones iniciadas queden sin continuidad tanto a nivel nacional como regional. Si bien la demora en las definiciones que se requieren de los funcionarios es válida por tratarse de gestiones nuevas que recién conocen el «aparato del Estado», no son justificaciones cuando se trata de atender a una población como la infantil, que no vota, no tributa pero sí es impactada por los aciertos y errores del Estado.

desco Opina - Regional / 12 de setiembre de 2011
Programa Sierra Centro
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Gabinete Lerner: inclusión y lista de lavandería

La positiva reacción mayoritaria en el país, y por que no decirlo, de los voceros de intereses del extranjero sobre el Perú, frente a la exposición ante el Congreso de la República del jefe del Gabinete, Salomón Lerner Ghitis, ha sido destacada. Los sectores empresariales la han calificado de positiva y de la misma manera se han expresado los representantes de los sectores laborales y de las regiones, entre otros. En el Congreso no hubo un solo voto en contra y sí, más bien, 90 a favor, y 33 abstenciones de la bancada fujimorista, que busca perfilarse como la fuerza de oposición al gobierno del Presidente Humala.

El enfoque principal de la exposición ha sido el de la inclusión social, abriendo la puerta a un cambio histórico en la lógica del enfoque del interés del Estado desde hace varias décadas. El Presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el Gabinete en su conjunto tiene muy clara la estrategia de lograr el crecimiento económico con estabilidad resaltando que será «radical» en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, queda claro que el Gabinete se sustenta en dos grandes columnas: la de la inclusión social, pero también la del crecimiento macroeconómico. El cómo se complementen será el arte de gestión del recién inaugurado gobierno.

Diversas medidas, y particularmente las políticas sociales parecen apuntar a afianzar a la sociedad entendida como instancia de desarrollo colectivo, con una lógica democrática y de apertura a la participación. Ciertamente, avanzar en esa dirección habrá de significar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana existentes y de promover el fortalecimiento de capacidades de los más débiles para competir exitosamente en un mundo globalizado, abandonando las condiciones de pobreza y extrema pobreza que aún soportan muchos peruanos. Para eso están, de partida, los programas sociales con los que ya cuenta el Estado y las nuevas propuestas como Pensión 65 y Cuna Más. Pero es claro que eso no bastará.

En este marco, los anuncios del nuevo Gabinete no fueron en ningún caso sorpresivos. Ni siquiera el acuerdo establecido con las empresas mineras de elevar su aporte de 500 millones de soles a 3 mil millones anuales, pues muchos peruanos coincidimos con lo expresado por el congresista Javier Diez Canseco respecto a que «el Perú podría obtener no menos de seis mil millones de soles por concepto de sobre ganancias mineras», y que empresas importantes como Barrick y Antamina, están en posibilidades reales de aportar sumas mayores.

La «hoja de ruta», que define las líneas maestras del gobierno, al parecer se consolidará como herramienta que garantice el camino hacia la estabilidad y el desarrollo social y económico del país. Programas concretos para garantizar la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y el crimen organizado, así como la lucha directa contra la corrupción también fueron expresiones de las preocupaciones y ofertas generales hechas por el Gabinete Lerner. Falta ver cómo se implementarán, y eso será parte de la siguiente etapa: gobernar y poner en marcha los ofrecimientos hechos.

Sin embargo, un análisis más cuidadoso de la exposición del nuevo Gabinete permite observar que existen posiciones distintas al interior del equipo ministerial que las semanas y los próximos meses pondrán nítidamente en evidencia. La correlación de las fuerzas políticas y la evolución de la economía entrarán a jugar su papel, junto a los primeros resultados que se alcancen.

Finalmente, encontramos que ha sido una concesión graciosa la omisión de un informe sobre las condiciones reales, esto es, la herencia dejada por el presidente Alan García y el Apra al nuevo gobierno sobre la gestión pública. Esto solo puede concebirse en aras de una «estabilidad» o tranquilidad social mal entendida. Los temas del desarrollo, la superación de la desigualdad y la inclusión social van mucho más allá de las cifras de la macroeconomía, y constituyen un reto que el anterior gobierno no se interesó en resolver y que hubiera sido bueno marcar un balance general de partida, que empiece a establecer diferencias.

desco Opina / 2 de setiembre de 2011
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Ley de Consulta Previa

En la selva central se percibe desde hacia varias semanas la incertidumbre generada por las tensiones entre la empresa Pluspetrol y las comunidades nativas, en el marco del inicio de actividades de exploración en el lote 108. Como ya se ha hecho habitual en un escenario potencialmente conflictivo como este, la razón de las tensiones recae en el incumplimiento del convenio 169 de la OIT. Según refieren los líderes nativos, no ha habido coordinación ni diálogo con su organización y mucho menos con las comunidades. En esencia la preocupación son los potenciales efectos negativos de la explotación petrolera. Mientras, en las localidades de la selva central se mostraban rostros de preocupación, por el recrudecimiento del tenor de los discursos nativos, que señalaban incluso la posibilidad de un intempestivo bloqueo de carreteras.

Por otro lado, en el Congreso de la República los congresistas se mostraban renuentes a la discusión de la Ley de Consulta Previa. Mientras unos solicitaban el debate en el Pleno, los otros solicitaban el ingreso del proyecto a las comisiones de Constitución y de Pueblos Indígenas, y ambos sectores tenían razones de peso muy valederas para sus posturas. Los que apuraban el debate señalaban con justicia que este proyecto había contado con una amplia discusión y concertación durante cinco años con los representantes de los pueblos originarios, que los consensos con ellos estaban dados para que esta herramienta legal reduzca las posibilidades de conflictos tipo Bagua o Puno. Pero, por otro lado, quienes reclamaban por el apresuramiento, nos recordaban que este proyecto de ley fue elaborado por el Congreso anterior, los nuevos congresistas no necesariamente conocían sus alcances y mal harían en aprobar o rechazar la propuesta ante esta circunstancia, siendo lo más sensato y prudente dejar tiempo suficiente para conocerlo y enriquecerlo de ser posible, antes de que llegue al Pleno.

No hay que dejar de señalar que el Poder Ejecutivo anterior había observado la propuesta con el argumento de que sus alcances podrían afectar la atracción del país para con los inversionistas, observación ante la cual el Congreso no tuvo mejor idea que sumergir la propuesta en una densidad de horas de comisiones, dilatando su llegada al Pleno, culminando con un trasvase de responsabilidades –o lavada de manos– hacia el nuevo Congreso. Para nadie es un secreto que, a diferencia de los otros poderes del Estado, en el Congreso no hay una preocupación por la transferencia de los proyectos de ley que están en cartera, independientemente de su importancia, y si estos no tienen quienes los mantengan vigentes siempre corren el riesgo de pasar al archivamiento y el olvido. En este caso no ocurrió así, pero armó tremenda batahola política en que ninguna de las partes ganó dividendos, siendo los únicos perjudicados los pueblos originarios que centran sus esperanzas en la promulgación de esta ley para encontrar viabilidad a las demandas de respeto a sus derechos.

El Defensor del Pueblo salió al frente para recordarnos que el 19 de mayo de 2010, el Congreso de la República aprobó la Autógrafa de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo”, decisión que fue informada por el Estado Peruano en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en junio del mismo año. Pero una cosa es el reconocimiento del derecho y otra muy distinta la promulgación e implementación de la herramienta legal, y mientras esto no ocurra, la sensación de insatisfacción seguirá campeando entre los líderes nativos.

Aparentemente la intervención del Defensor del Pueblo y los discursos que se difundieron en los medios llevaron cordura al Congreso, y el martes 23 se realizó la sesión extraordinaria que concluyó con la aprobación unánime de la tan esperada Ley. La situación con las demandas indígenas es muy probable que ya haya quedado zanjada porque no creemos que en esta ocasión se planteen observaciones desde Palacio de Gobierno al proyecto aprobado. Sin embargo, en algunas mentes de la selva central quedan dudas respecto a cuál será el rol que cumplirán –en esta consulta previa– los descendientes de los migrantes europeos cuyas familias tienen más de cien años en estos lares, así como el de los colonos de origen andino que también acumulan muchos años de permanencia. No se puede negar que ellos también son sujetos de derechos en estas decisiones y de ninguna manera se sentirán conformes si se sienten ajenos a la consulta previa. En definitiva, esperemos la promulgación por el Ejecutivo y la posterior reglamentación de su aplicación.

desco Opina - Regional / 26 de agosto de 2011
Programa Selva Central
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La reconstrucción de Pisco y los nuevos amigos

Tras el mensaje y las primeras encuestas sobre aprobación presidencial, el clima político parece, por el momento, relativamente estable para el gobierno en ejercicio. En parte, esto se debe a que el presidente, al haber optado por el silencio, se abre pocos frentes para la crítica. No obstante, en su primera gira en Pisco, el presidente habló, lo cual es importante tanto porque fue la primera vez que soltó prenda como por el motivo de la visita: relanzar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, gesto importante para diferenciarse de la clamorosa inoperancia que el gobierno pasado exhibió en el tema.

Sobre su mutismo, Humala dijo «más acción, menos palabras» lo cual, a decir verdad ya quedaba claro. Así, busca marcar un estilo “ejecutivo” de conducirse en el poder. Los problemas que se ha ahorrado con su pragmatismo han aparecido más bien por el lado de su entorno familiar cercano. Políticamente, el tema de Alexis debería ser más preocupante que el de su otro hermano, actualmente en aislamiento en el penal de Piedras Gordas. Decimos esto aún a sabiendas de que los dislates de Antauro agitan los temores de la derecha más pacata; aún así, cada vez es más claro que las propias declaraciones del autoproclamado “precursor” contribuyen a su propio aislamiento y a distanciarlo del presidente.

En cuanto a la reconstrucción de Pisco y otras localidades, Ollanta Humala ha recibido un proyecto para «mejorar las ciudades», empezando por Pisco, de las manos de Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) En efecto, en una reciente reunión del gremio de empresas privadas de construcción se reveló las grandes expectativas que este sector tiene sobre la reconstrucción de Pisco, orientadas, además de a la vivienda, al fortalecimiento del ángulo turístico que podría tener la zona. Así dicho, no suena del todo mal.

Sin embargo, en varios espacios se ha señalado la necesidad de intervenir en Pisco y en las otras localidades afectadas, que incluyen partes de Huancavelica, no para reconstruir la pobreza de muchos de los habitantes de esas zonas sino para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad con intervenciones que se enfoquen en vivienda y espacios públicos basados en una adecuada concepción del territorio. No conocemos los detalles del plan de CAPECO pero hay señales de que no serán precisamente abiertos a consulta y debate ciudadano real, y no como ocurrió con la «democratización» que terminó por fragmentar la reconstrucción en pequeñas obras sin horizonte claro. Por otro lado, parece que CAPECO está muy bien representado y es relativamente influyente en el actual Ministerio de Vivienda.

Esto nos lleva a pensar en los espacios grises que el gobierno de Ollanta Humala a veces parece mostrar ya que, si en muchos casos hay funcionarios de carrera, competentes y abiertos al diálogo con la sociedad civil, en otros, hay decisiones que responden a lógicas distintas y a menudo más opacas; desde los criticados nombramientos de militares en retiro para cargos «civiles» hasta sectores, como Vivienda, donde los empresarios parecen estar calmando rápidamente los temores que les generó la elección de Humala al asegurar negocios que les permitan unos buenos años de rentabilidad, monetaria y también política, por su cercanía al poder.

Todo esto ocurre en el contexto de una aguda crisis mundial cuyos efectos acumulados parecen más severos que hace un par de años. El consenso dice que el Perú está relativamente bien preparado para capear el temporal, y medidas saludables como el aumento del Sueldo Mínimo Vital (SMV) parecen expresar la misma confianza. Estas medidas, que nos hablan de buenos augurios en la conducción de un Estado para todos, contrastan con espacios en los que se ha optado más bien por conformar a los empresarios (su crítica al incremento del SMV ha sido más bien tibia, acaso como aceptación tácita del bajo nivel de partida del mismo).

Veamos cómo se lleva a cabo la negociación por las sobreganancias mineras y si el Estado tiene propuestas acordes a su promesa de inclusión en la próxima presentación del Gabinete en el Congreso. Para entonces ya estará clara la configuración del Ejecutivo y también la de la oposición, de la cual solo hemos visto el lado más burdo en los gestos de Martha Chávez. Una cosa es segura: las acciones del Ejecutivo deben reflejar su vocación por una conducción más decidida de los asuntos públicos, y alejarse cuanto pueda de la sensación de mezclar el “piloto automático”, en lo económico, con los gestos de exclusión, en lo social (marcas del gobierno pasado), y eso puede significar dejar de hacer algunos amigos.

desco Opina / 19 de agosto de 2011

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