El gabinete Velásquez Quesquén

desco opina/ 27 de julio de 2009

La designación del nuevo gabinete en el que confluyen algunas de las figuras más «duras» del bloque en el gobierno (los ministros Rey y Pastor) y representantes del gran capital vinculados a los grupos económicos de poder (el ministro Martín Pérez), indica el camino por el que optará el Presidente de cara al 2011: el endurecimiento de su relación con la sociedad, la criminalización de la protesta social y la anatemización de la oposición, así como el paulatino desconocimiento de los acuerdos firmados por el ex Premier Simon, como parte de la defensa ciega de un modelo económico que muestra señales claras de agotamiento. Por si alguna duda cabe, las declaraciones iniciales de varios de los nuevos responsables de los sectores, anunciando la necesidad de recuperar el orden y la autoridad, ratificaron esta apreciación. Que el orden que se anuncia, aparezca en esos discursos vinculado a pálidas referencias a la inclusión, nos parece que resulta irrelevante.

¿Qué explica la composición del nuevo gabinete, decidido sin duda en su totalidad por el Presidente García? Más allá de las eventuales reticencias de algunas otras personas consultadas para ocupar el Premierato, parece claro que el mandatario optó por un gabinete de choque que le permita enfrentar en el corto plazo y con dureza la conflictividad creciente que afecta su gestión. Que un gabinete con ese rol se desgaste rápidamente parece no preocuparle, porque seguramente piensa reemplazarlo para el tramo final de su mandato, por otro de corte más populista de acuerdo a las necesidades electorales, que predominarán notoriamente a lo largo del 2010. Reprimo y confronto hoy día para acallar la protesta y el malestar social; contemporizo y redistribuyo un poco para ganar votos mañana, pareciera ser su hoja de ruta hacia el 2011.

Complementariamente, se puede especular que con la nueva composición ministerial, Alan García atiende el problema interno del APRA: le concede participación mayor en las decisiones de su gobierno a la actual conducción del partido de Alfonso Ugarte y por esa vía, facilita una mayor presencia de los «cuarentones» afines a él (Omar Quezada), en el partido. La movida no es fácil, porque en ella, Jorge del Castillo quien parece disputar la Secretaría General, coloca también a algunas figuras muy próximas a él –el propio Premier Velásquez Quesquén y Aurelio Pastor– en el Ejecutivo. Como resulta obvio, con tales acomodos, el Presidente se reserva la condición de gran orquestador de la futura candidatura presidencial del actual bloque en el gobierno.

En este esquema, la combinación de represión y mecedora de la protesta en un primer momento, y el reparto populista de algunos recursos en uno segundo, debiera bastar para contener la protesta social por unos meses, cuando el inicio abierto de la campaña electoral –recordemos que las elecciones subnacionales son en noviembre del 2010–, creen, desplazaría el centro de la acción social hacia el escenario electoral abierto. En esta perspectiva, el mandatario y su entorno seguramente consideran que el desgaste de la energía social desplegada en las últimas semanas y las dificultades de representación que se observan en el campo popular, por demás fragmentado, juegan a su favor.

Además, la composición del gabinete ministerial también estaría otorgando algunas luces sobre los posibles contenidos del discurso presidencial de Fiestas Patrias. Como suele suceder, un gobierno que ingresa al tercer año difícilmente anuncia novedades y, en su lugar, propende a mostrar resultados mirando siempre a las coyunturas electorales que se avecinan. Seguramente, este será el caso, aun cuando varias cuestiones cruciales –conflictividad social, impacto de la crisis internacional, programas sociales, entre otros– merecerían ser tratadas con amplitud. Es decir, hay una amplia agenda que necesita ser aclarada, pero es posible que asistamos a un festival de artificios y recursos retóricos que se utilizarán para cubrir un pobre desempeño que está a la vista de todos. Estamos advertidos.

desco opina / 24 de julio 2009
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En la selva no hay estrellas sino estrellados

desco Opina - Regional / 17 de julio de 2009

Tras el desborde de las comunidades nativas de la selva central, que se produjo como respuesta solidaria con los hermanos fallecidos en Bagua, el ex premier Yehude Simon logró un forzado acuerdo para derogar los decretos legislativos que incendiaron la Amazonía. Aunque al retroceso gubernamental se le quiso dar apariencia de paternal dignidad y no de derrota, lo real es que en menos de un año los errores de lectura de la sociedad indígena, lo hicieron tropezar dos veces con la misma piedra.

Ahora debemos preguntarnos si el conflicto con los pueblos amazónicos se ha resuelto totalmente o sólo se ha distendido hasta nuevos momentos en que reaparecerá con otros matices. Desde nuestro punto de vista, se intenta cambiar algunas formas pero el fondo de la relación sigue siendo la misma, ya que los motivos del distanciamiento no han podido y no podrán ser absueltos en el corto plazo, porque están anidados en un ámbito estructural.

En primer lugar, si bien el acuerdo busca conformar una entidad que investigue las causas que provocaron las muertes de policías y nativos, no deberíamos tener mucho optimismo sobre la voluntad existente para que esta acción se lleve a cabo. Asimismo, tampoco se está atendiendo a los nativos heridos ni se está asegurando su rehabilitación. Más aún, se quiere poner a disposición de la justicia a Santiago Nauín, prominente dirigente amazónico que está convaleciente en el hospital tras haber recibido el impacto de ocho balas, por intentar impedir el enfrentamiento entre policías y la población en Bagua.

Nada de esto asegura la formación de un ambiente propicio para el diálogo. Las características de la intervención y la proliferación de versiones de ambas partes, dificulta la posibilidad de obtener un informe realista sobre los hechos. De otro lado, las responsabilidades políticas recaen sobre varios ex ministros que ya no están en el Gabinete. Asimismo, algunos líderes nativos no pudieron controlar firmemente la situación, permitiendo que un grupo de exaltados actuara libremente con consecuencias lamentables.

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo consigna la desaparición de un oficial de policía. Sin embargo, desde el lado de los nativos se tendría que buscar una mayor profundidad en las investigaciones, porque todo parece indicar que existen algunos que aún no retornan a sus hogares, lo que se agravaría porque muchos de ellos, posiblemente, no tienen documentos de identidad, una situación que ya se experimentó con el ciclo de violencia política de las recientes décadas, cuando se desconocía la identidad de muchas víctimas porque simplemente no poseían un documento –partida de nacimiento o DNI– que los acreditara ante las instancias formales.

La deducción es verosímil. El Programa Nacional de Identificación afirma que la región amazónica es la que presenta la mayor frecuencia de indocumentados. Muchas familias que habitan estos territorios aún no se integran ni se identifican con el Estado peruano y mantienen una distante relación con autoridades y funcionarios, por ello buscarán por sus propios medios a sus desaparecidos, no callarán sus malestares pero guardarán sus resentimientos que se harían visibles en momentos inoportunos para los intereses del Gobierno Central.

Por otro lado, una situación poco analizada es el cambio de interlocutores en las negociaciones. Por ejemplo, se ha prestado poca atención al hecho de que en las mesas de diálogo no están los que protagonizaron los hechos violentos. Quienes iniciaron las protestas contra el DL. 1090 y 1064, fueron las comunidades nativas de la Selva nororiental y quienes negociaron y aceptaron los acuerdos fueron los dirigentes de las comunidades de la Selva Central, que se sumaron a las protestas y bloquearon las vías en San Ramón, luego de los trágicos acontecimientos de inicios de junio.

En esos momentos, cualquier intento de recuperación de las carreteras por las fuerzas del orden, estaba bajo la mirada acuciosa de los organismos y prensa internacionales, por lo tanto, era poco probable que ocurriese otro «baguazo». De esta manera, retomar el diálogo fue una necesidad imperiosa para la deteriorada imagen del gobierno, pero las condiciones habían cambiado y, en la medida de lo posible, las autoridades trataron de aprovechar esta circunstancia. AIDESEP pasó de ser protagonista principal a interlocutores casi en la sombra y sin mayores pretensiones de representatividad, con sus líderes en la clandestinidad o en el exilio nicaragüense. Se relativizó su presencia y se negoció directamente con los Apus, debilitando convenientemente la efímera unidad indígena.

Desde el lado del Gobierno, el nuevo premier, Javier Velásquez Quesquén, no ingresa al cargo con buenos antecedentes como para liderar las negociaciones pendientes, ya que bajo su dirección, el Congreso de la República desestimó el debate sobre la derogación de los decretos –como lo solicitaban los dirigentes nativos– y cedió la conducción del conflicto al Ejecutivo. Además, es bueno recordar que esta postura se vio facilitada por los congresistas que en su momento propusieron el debate y luego brillaron por su sospechosa tardanza cuando se debía tomar decisiones.

Esta sola cuestión, a la que se podrían sumar muchas más, hace que el premierato de Velásquez Quesquén se inicie con sombras de dudas sobre su capacidad y buena disposición para negociar los aspectos que son sensibles a los intereses de los pueblos amazónicos. Entre los integrantes de las comunidades nativas que, a fin de cuentas, son los más vulnerables y los menos informados, la desconfianza apunta hacia ambos lados actualmente: no creen en los representantes del Gobierno y dudan de la capacidad de muchos de quienes dicen representar sus intereses. Esta situación no favorece a aclarar el enrarecido panorama que muestra la selva peruana.

desco Opina - Regional / 17 de julio 2009
Programa Selva Central
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Nuevas caras para la misma política

desco Opina / 13 de julio de 2009

Cambiar el Gabinete sin cambiar las líneas matrices del gobierno: sucedió lo mismo meses atrás, cuando a raíz de la crisis suscitada por la revelación de los petroaudios, se decidió incorporar a Yehude Simon al equipo gubernamental. Entonces, el gambito presidencial tuvo los efectos deseados. Simon guardó en el desván sus antecedentes de progresista y exitosa autoridad regional, para alinearse firmemente con las posturas del Ejecutivo.

El premier saliente le sacó las castañas del fuego a un entorno presidencial que empezaba a complicarse con las revelaciones de corrupción. A cambio, deja varios presentes griegos a su reemplazante. Entre ellos, una serie de negociaciones al paso para bajar la enorme presión social que sobrevino tras los hechos de Bagua. Por lo demás, dado el escaso marco de institucionalidad en que se realizaron, seguramente serán revisadas por el Premier entrante.

Así, las opciones para García son más o menos previsibles. Se trata de mantener el Gabinete como espacio de equilibrio en la pugna faccional del APRA, dándole un perfil «independiente» aunque claramente inclinado hacia la derecha. En esta combinación, prima la necesidad de buscar mejores posiciones con sus socios políticos y salvar el cortísimo plazo, acomodando su ubicación para la lid electoral del 2011.

Para el Presidente la cuestión es amenguar las amenazas inmediatas que se ciernen sobre su gobierno, al que ya se le agotaron las ideas. Elucubrar una conspiración internacional es un globo de ensayo que ni él mismo cree, pues es parte del juego sucio destinado a pinchar candidaturas de oposición, sembrando inseguridad. Basta ver cómo algunos medios de comunicación han empezado a publicar listas de autoridades locales y regionales a las que sindican como receptores de recursos foráneos. En esa misma línea, podemos colocar al hermano del reo Fujimori –Santiago– presto a cambiar la ley de APCI para ejercer mayores e indebidos controles a las ONG, a las que se supone correas de transmisión de intereses foráneos.

Aún cuando una renovación del Gabinete ministerial es en el papel, una ocasión propicia para plantear estas cuestiones, es claro que los cubileteos políticos no dejan espacio para incorporar asuntos de interés nacional, como los efectos de la crisis internacional, la continuidad de procesos democráticos, una mejor performance de las políticas sociales o el impulso a los planes que alguna vez anunció el gobierno (como Plan Sur, Sierra Exportadora, entre otros).

Y no habrá espacio para esa discusión porque los tiempos políticos no coinciden con los tiempos sociales. Los primeros privilegian lo inmediato, los segundos necesitan del largo plazo para madurar sus procesos. Para que coincidan, se necesita una institucionalidad que estamos lejos aún de conseguir. De esta manera, vemos algunas nuevas caras en el Gabinete, pero el escepticismo ciudadano es el mismo. Peor aún, ya que nada llama a creer que los cambios en el Gabinete puedan destrabar las obstruidas relaciones entre el gobierno y la sociedad, lo más probable será la generalización del malestar y con ello la multiplicación de los conflictos. Provecho Velásquez Quesquén.

desco Opina / 13 de julio 2009
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El olvido en el sur

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2009

Algunos analistas han empezado a hablar del efecto del «Baguazo»: el uso de medidas de fuerza para conseguir la atención inmediata del Gobierno Nacional. Al respecto, son notables los esfuerzos hechos por los grandes medios de comunicación para generar esta sensación que, finalmente, distorsionan los verdaderos sentidos que tienen las protestas sociales.

Por ejemplo, pasemos una somera revista a lo que acontece en el sur del país. A pesar de su enorme importancia, los últimos gobiernos han preferido darle las espaldas y aplazar las tareas de su desarrollo para un eterno después. Para muestra está el Programa Sierra Sur que, se suponía, debía potenciar el desarrollo en la zona rural de esta parte del Perú, y se ha convertido en un monumento a la ineficiencia y la imprevisión, sin una visión integral de los desafíos. De otro lado, el gaseoducto que debía abastecer al sur se ha vuelto una quimera por la ampliación del ducto de gas de Camisea hacia la capital y la incertidumbre acerca de la magnitud real de las reservas gasíferas. Sobre esto último, en un taller para periodistas en Lima (en febrero), el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ante una pregunta sobre el tema, confesó que las reservas no estaban aseguradas para alimentar el ducto del sur y que estaban haciendo los estudios respectivos. En otras palabras, este proyecto sería otra «mecida» gubernamental más, con estudios de prefactiblidad de por medio.

La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe (al 31 de mayo) 212 conflictos sociales en todo el país, entre activos y latentes. En el sur se han reportado 73, siendo los departamentos de Ayacucho (17) y Puno (18) los que más casos cargan en sus hombros. En todo caso, dentro de este paquete hay que discernir entre los que tendrían que solucionarse de manera interna y los que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.

En Camaná (Arequipa) tenemos el caso de la instalación y construcción de plantas harineras y de aceite de pescado, que se levantaron de forma amañada y con el aval del ex ministro de la Producción, Rafael Rey. Las autoridades regionales, locales y sociedad civil rechazan su funcionamiento porque ocasionarían daños ambientales. El problema está a la vista; sin embargo, el gobierno continuamente «meció» a las autoridades locales para no intervenir en el tema. Recién, unas semanas atrás, se instaló una mesa técnica para revisarlo. Pero los pobladores que ya no se fían de estos procesos, ya han advertido que realizarán un paro de 48 horas, vencido el plazo que se le dio a la comisión para que resuelva el conflicto. Mientras tanto, las empresas siguen funcionando ante el estupor del propio presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén.

En Ayacucho se cansaron de la postergación y las autoridades y organizaciones sociales convocaron a la «marcha de los Waris», hacia Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de demandas de su región en la agenda nacional. En el mes de mayo, se instalaron mesas técnicas para revisar la agenda, que incluye temas como educación, salud, agricultura, Camisea, institucionalidad y descentralización. Actualmente está pendiente la entrega de los resultados, pero hay que recordar que una marcha similar se hizo en el 2007 –sin éxito – por lo que los ayacuchanos amagaron con hacer una nueva en el 2008, que se postergó hasta el presente año. Aparte de estas demandas, se han reportado otras de carácter ambiental, en las que las comunidades campesinas piden que no se vulneren sus derechos y que las empresas mineras cumplan sus deberes socioambientales.

De los 16 conflictos que se han detectado en Cusco 10 son socioambientales. En la mayoría de ellos se ha iniciado el diálogo entre los actores (la población y las empresas mineras), pero no estaría de más que el Ejecutivo haga un seguimiento. En el tema que no se ha alcanzado el diálogo con el Gobierno Nacional es la derogatoria de la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164). Este pedido lo están realizando la Asamblea Regional, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, organizaciones, autoridades regionales y población. Su pedido se basa en que la norma, más allá de proteger el patrimonio cultural o ponerlo en valor, lo que hace es facilitar las concesiones para servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) a grandes capitales, que usualmente poco hacen para generar dinamismo en las economías locales.

Pero en Cusco el conflicto más candente por estos días es el paro campesino de la provincia de Canchis, reiniciado el 30 de junio luego de un breve receso. Los pobladores caminaron hasta la capital del departamento para hacer conocer sus carencias y comunicar que su paro empezó el 11 de junio. Al gobierno le pidieron, entre otras cosas, la anulación de la concesión del la central hidroeléctrica Salcca Pukara, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de la Carrera Pública Magisterial y declarar en emergencia al sector alpaquero. El premier Yehude Simon cumplió su promesa y fue a conversar con el Comité de Lucha de Canchis, pero el diálogo fue infructuoso. El 25 de junio dieron al gobierno una tregua de tres días para resolver su pliego de reclamos.

En Tacna y Moquegua sigue latente el problema por la repartición del canon minero de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala. Autoridades regionales y población en Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le restaría ingresos, y demandan que se mantenga la distribución del canon minero como lo estipulaba la ley.

Por último, en Puno, entre los casos más importantes está el que reúne a las comunidades campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, y los distritos de Corani y San Gabán, quienes manifiestan su desacuerdo con la Central Hidroeléctrica de San Gabán por el incumplimiento de acuerdos. También podemos citar el pedido de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, quienes demandan una vía alterna a la carretera en construcción, dada la frecuencia de accidentes y pérdidas de vidas humanas. En ambos casos no se ha iniciado ningún tipo de diálogo. Aparte de los casos citados, recientemente (a partir del 25 de junio) se realizaron paralizaciones de 72 horas en Cusco, Puno y Arequipa. En Puno fue convocada por la Federación de Campesinos de Puno y en Arequipa la realizaron los agricultores de Majes. El pedido en común: la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos.

Evidentemente hay un problema de gobernabilidad, que se ha propagado por la desconfianza en la clase política, con partidos coyunturales y en profunda crisis y con congresistas poseedores de un amplio descrédito ante los electores. Hay pues un descontento generalizado en el sur, alimentado por un gobierno indiferente y capitalizado −hay que decirlo, también− por algunas dirigencias radicales que llevan consigo muy pocas propuestas que mostrar. La situación exige el establecimiento de espacios de diálogo y negociación con propósitos claros de atender las demandas sociales. La continuidad en la autosuficiencia gubernamental en la defensa a rajatabla del modelo neoliberal no hará otra cosa que atizar mayores conflictos. Tener en cuenta que el «chorreo» ofrecido hace varios años no tiene cuando llegar.

desco Opina - Regional / 3 de julio 2009

Programa Regional Sur
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Las tribulaciones del Presidente

desco Opina / 30 de junio de 2009

El Premier Yehude Simon tuvo un éxito relativo en la negociación de los conflictos con los pueblos indígenas amazónicos y con la población de Andahuaylas. En el primer caso, transcurrieron más de 50 días de protesta y movilización y se produjeron 34 lamentables y condenables muertes; en el segundo, pasaron más de 10 días. Aunque en Sicuani no logró un resultado similar, los magros réditos de las jornadas anteriores le permitieron contar con una defensa tibia del APRA y de algunos parlamentarios de distintas tiendas en la interpelación parlamentaria.

La censura anunciada por diversas agrupaciones opositoras, incluyendo al fujimorismo y a Unidad Nacional, que son parte de la alianza gobernante, parece improbable. En el corto plazo, el gobierno lo necesita más que antes, habida cuenta que ha sido su cara negociadora, habiéndolo comprometido en el futuro inmediato a un conjunto de medidas que suponen una derrota política y un retroceso en su discurso fundamentalista del perro del hortelano.

Su rol de bombero, aquél que rechazó desde el primer momento para diferenciarse de su antecesor, le prolongará la permanencia en el Premierato por un tiempo más –el que el Presidente García disponga– a pesar de la indiscutible responsabilidad política que le corresponde por los luctuosos sucesos de Bagua y que se resistió a aceptar en el Congreso de la República. Su gestión terminará con más pena que gloria cuando el mandatario resuelva cómo salir del entrampamiento al que lo condujo su apuesta ciega y dogmática por un modelo basado en la puesta en valor de los recursos económicos del país para su explotación por las grandes inversiones, descalificando a los opositores a ese proceso y reduciendo el rol estatal a la promoción de dicho modelo.

La resolución del Presidente no será fácil. Aguijoneado por algunos de sus socios para endurecer el manejo del país en nombre de la recuperación del orden y la autoridad perdida, alentado por algunos de sus partidarios a descubrir y denunciar una conspiración internacional y antiperuana, García debe constatar también que hay un creciente sentido común, que alcanza incluso a muchos de los que se han beneficiado de su gestión, que encuentra en la incapacidad estatal para atender las demandas de vastos sectores de la población, así como en su carencia de toda voluntad para el diálogo, factores que permiten entender lo que está ocurriendo.

Si las cosas no son más difíciles para él, es porque la radicalidad social, las protestas y el descontento, carecen de representación política y de formas efectivas de mediación en su relación con el Estado. Mientras ello no se resuelva, sus límites seguirán siendo estrechos, aun cuando no disminuirán en su intensidad.

La gobernabilidad del país, en consecuencia, ingresará a un difícil período de prueba. La desaprobación creciente del modelo económico, revelada por encuestas recientes, así como el apoyo a la legitimidad de la protesta de los pueblos amazónicos y la exigencia de diálogo en el caso de Andahuaylas, muestran sensible y paulatino cambio de sensibilidad de la opinión pública, que no se resuelve acusando de «antisistema» a los opositores. El silencio del Presidente los últimos días, en contraste con su habitual y proverbial locuacidad, indica que está preocupado, seguramente por el malestar que existe en el país, pero también por el que empiezan a mostrar algunos de sus socios.

desco Opina / 30 de junio 2009
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Protesta en Lima y los espacios públicos privados

desco Opina - Regional / 19 de junio de 2009

El conflicto amazónico ha conmocionado al país. La respuesta de la ciudadanía al gobierno fue contundente: aunque no se tiene una cifra oficial sobre cuántas personas se dieron cita en el centro de Lima el jueves 11, hay testimonios que señalan un poco más de doce mil personas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios y estudiantes universitarios, que participaron en la marcha de rechazo a los hechos violentos de Bagua.

Pero es necesario delinear algunos efectos y contradicciones que se han evidenciado en la ciudad a partir de este contexto. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre cómo el uso y acceso a determinados espacios de carácter público de nuestra ciudad está limitado y tiende a gestionarse como propiedad privada del Gobierno Metropolitano de Lima, en la que nuevamente no se les permitió a sus organizadores dirigirse a la Plaza de Armas, ni tampoco frente al Congreso de la República.

La Municipalidad de Lima, amparada en el Decreto de Alcaldía Nº 60, emitido durante la primera gestión del Alcalde Castañeda Lossio, en el que «Declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay (…)», ejerció la represión antes inclusive de efectuarse la marcha como fue su inicial propósito, a esta zona rígida y la haya reorientado hacia la avenida Abancay, rumbo al Congreso de la República.

Esta disposición, que deviene en hechos recurrentes por cierto, nos indica la aplicación discrecional de la citada norma. Lo que no se menciona es que el uso y el acceso a esta zona están restringidos cuando se trata de manifestaciones políticas que ponen de manifiesto críticas dirigidas al gobierno, pero no lo están cuando se trata de celebrar actos tales como los aniversarios de Lima y la boda de Juan Diego Flórez, que llevan un aroma de propaganda impregnado en las noticias, o la marcha de enero de 2007 en torno a la pena de muerte, cuando la movilización a favor del proyecto del gobierno llegó sin problemas hasta Palacio de gobierno; en contraste con la dura represión que sufrió algunos días después una concentración pacífica y de menor tamaño, pero contraria al proyecto de gobierno, por citar sólo algunos casos, en los que se hace evidente, que la Plaza de Armas no es de uso público, en tanto existe una administración que amparada en un Decreto de Alcaldía, decide a quiénes les concede el permiso de uso y a quiénes no.

Otro aspecto que se desprende del conflicto y que ha tenido un efecto particular en Lima, está relacionado con el papel que jugaron los medios de comunicación de alcance nacional en este conflicto. La movilización ciudadana en Lima fue anunciada como «disturbios» y reducida a desorden y caos vehicular, soslayando descaradamente la expresión de indignación de miles de peruanos y peruanas frente a los trágicos sucesos de Bagua, por responsabilidad del gobierno. La mayor cantidad de información disponible el día del enfrentamiento entre nativos y policías, provenía de medios de comunicación ubicados en la zona del conflicto y de prensa independiente instalada en Internet.

Durante los primeros días posteriores a los hechos del 5 de junio, era evidente la existencia de una amplia brecha entre la información publicada por un amplio sector de la prensa tradicional limeña y la del resto del país. La información que señalaba el número de caídos por parte de cada frente, es un ejemplo claro de ello. La prensa limeña insistía en que el número de nativos caídos y desaparecidos era menor al que anunciaban otros medios de comunicación, regionales o locales –fuera de la capital–, tanto oficiales como independientes. Inclusive hoy, no se cuenta con información oficial del número de nativos que resultaron muertos producto de los hechos de violencia en Bagua, lo cual indica el bajo nivel de integración que existe en nuestro país.

Todo ello nos lleva a cuestionar la orientación de un amplio sector de medios de prensa en Lima que, alineados a la posición del gobierno, no han hecho otra cosa que recrear un escenario alejado de la realidad que se vive por fuera de las fronteras capitalinas en torno a la crisis de Bagua y que pasó a primeras planas ante la evidencia de la crisis desatada en diversas zonas del país donde la indignación aún es una libertad ciudadana que se expresa.

El conflicto en la Amazonía ha sido de tal gravedad, ha generado tantas críticas a los Decretos Legislativos 1090 y 1069 a nivel nacional e internacional, ha propiciado tantos efectos contrarios a los que promovía este sector de la prensa en la capital, que no fue suficiente para el gobierno tener de su lado a los más poderosos medios de comunicación del país, para contrarrestar la indignación nacional –incluida Lima–, frente a los hechos ocurridos.

En las noticias difundidas al respecto, resulta preocupante que los contenidos guarden detrás de sí elementos racistas, al calificar a los nativos de «salvajes», «manipulados» o «ignorantes» que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, por el contrario, ha acentuado más el rechazo de muchos sectores de la opinión pública contra los políticos y la prensa, los cuales tenían el mismo discurso, incluso al asignarle un valor especial a los policías caídos, invisibilizando (por lo tanto, excluyendo) a los nativos que corrieron la misma suerte.

Nuestro país tiene registrados, según el reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, 212 conflictos activos. Señalar que todos ellos son responsabilidad del Gobierno Central o que atienden a reivindicaciones legítimas sería irresponsable. Sin embargo, esta cifra nos indica la situación de convulsión que se vive actualmente y que es responsabilidad del Estado resolver.

Un asunto que parece no tomar en cuenta el Presidente García es que los factores que determinaron su elección, en alguna medida están relacionados con las características actuales de nuestro país; un espacio urbano como Lima, que votó por la continuidad del modelo y el resto de regiones que claman que sus demandas sean escuchadas, expresan también, la amplia desigualdad y centralismo que persiste en nuestro país y que es un tema pendiente de resolver por este gobierno. Frente a ello, un Estado permeable a los diferentes patrones culturales de los pueblos originarios enfrentaría menos conflictos de este tipo y en el mejor de los casos, los anticiparía y buscaría formas de evitar que éstos ocurran. Una política intercultural y un modelo de desarrollo planteado desde la real inclusión de la diversidad de actores en juego, cuando se trata de asuntos territoriales, es una lección aprendida de esta crisis política que afecta a la totalidad de peruanos y peruanas y, en especial a las familias y comunidades de los ciudadanos peruanos que perdieron la vida o fueron heridos.

desco Opina - Regional / 19 de junio 2009
Programa Urbano
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El día siguiente

desco Opina / 12 de junio de 2009

La situación está lejos de calmarse en la región amazónica. Más aun, tiene un largo antecedente y, seguramente, tendrá una amplísima proyección hacia adelante. No esperemos soluciones inmediatas a problemas que se han ido formando a través de siglos. Sin embargo, tampoco se puede ser condescendiente con un gobierno que actúa con criterios pasadistas y notablemente excluyentes.

No nos equivoquemos. El rostro gubernamental presentado en los –hasta ahora– momentos más álgidos de la crisis desatada en la Amazonía, quiso aparentar fiereza, ese «orden» que tanto reclaman los entusiastas de la «mano dura» para otros, pero sólo dio el penoso espectáculo de alguien que simplemente está lejos de sintonizar con las señales más elementales del mundo moderno.

Llamar «salvajes» e incapaces de «poder leer los decretos legislativos que rechazaban» a quienes reclamaban la vigencia de un elemental Estado de Derecho, es una muestra de incapacidad de comunicarse e intolerancia, haciendo que la diferencia derive en exclusiones. Así, se podrá adjetivar de diversas maneras a los acontecimientos y sus actores, para tratar de encontrar alguna justificación a sus procedimientos. Pero, lo que no podrá explicar el gobierno es cómo pudo conducir las cosas hacia una masacre mutua entre ciudadanos y fuerzas del orden: entonces, ¿dónde podríamos colocar la regresión salvaje en este caso?

Así, hay unanimidad para señalar que las tareas urgentes están por el lado de restablecer un mínimo de necesaria confianza, para formar un ámbito de diálogo y negociaciones que aseguren el compromiso de las partes. Al respecto, es indudable que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo serían las entidades llamadas para actuar en esta situación. De otro lado, el momento exige a las organizaciones de los pueblos amazónicos un relevo de sus interlocutores, algo que tampoco parece difícil de llevarse a cabo. Pero, también demanda gestos políticos muy claros por parte del tragicómico Congreso de la República y, sobre todo, del Ejecutivo.

Sobre este último, se esperaban actitudes que enaltecieran a los integrantes del Gabinete Ministerial. Sin embargo, salvo la renuncia de la Ministra de la Mujer, lo sucedido no parece conmover en mayor medida a los demás ministros. ¿Suponen acaso que aún poseen el crédito político suficiente, para proponerse como interlocutores válidos en estas circunstancias?

Entonces, salvo mejor parecer, el terreno parece ya marcado desde el lado oficial y, en ese sentido, tendremos que asumir que la gobernabilidad a «lo aprista» hacia adelante ha empezado a verse con total nitidez. El criterio será asegurar los beneficios para la inversión privada a como dé lugar y limitar manu militari cualquier demanda social.

¿Habría otra salida? Desde la lógica gubernamental, muy difícil. La interpelación amazónica ha evidenciado los límites y las fisuras del actual modelo económico y lo inoperante del sistema político. El cuestionamiento a la constitucionalidad de algunas normas, ha sido suficiente para mostrar que el concepto de desarrollo inmerso en el actual patrón de acumulación sólo alcanza para algunos peruanos y algunos territorios del país. En otras palabras, la equidad, la justicia social, el desarrollo humano, son expectativas a las que pueden aspirar solamente una parte de la sociedad peruana, mientras que la otra deberá contentarse con el asistencialismo y la filantropía, si buenamente alcanzan.

Asimismo, la desafección al sistema democrático realmente existente que expresamos los peruanos en cada encuesta, demuestra una vez más su pertinencia con la torpeza y el nulo interés para consolidar instituciones que han revelado los gobernantes, en todos los niveles del Estado, en lo que va de la actual crisis. Más aun, ha quedado la profunda sospecha que la falta de voluntad para resolver de manera franca y abierta el conflicto amazónico, en realidad esconde de mala manera los esfuerzos que han hecho para evitar que un debate público sobre las concesiones a las empresas extractivas sea transparente y con ello traslucir el insondable foso de corrupción sobre el cual vienen actuando. Así, la vida de policías y pobladores nativos significan absolutamente nada para los grandes y turbios negocios.

Entonces, se ha inaugurado un nuevo momento político. El mensaje vendido por el neoliberalismo criollo –salvo el crecimiento, todo es ilusión– ha caído en coma profundo, anunciando la hora de nuevas concepciones y nuevos criterios de desarrollo, que busque mayores equilibrios entre inversión, crecimiento, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y equidad.

desco Opina / 12 de junio 2009
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