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viernes

El desprecio a la política y la falta de memoria



La ajustada aprobación del gabinete Jara en el Congreso de la República, ha evidenciado, una vez más, el profundo desprecio a la política y a la memoria que exhiben orondos, los políticos del país. La opinión pública asistió indiferente a un nuevo espectáculo que nos brindaron el Ejecutivo y el Legislativo. El primero, ratificando su debilidad, la pobreza de sus ideas y la enorme falta de convicción en sus políticas y sus decisiones, agravada por su precaria relación con su bancada que se sigue llenando de desertores, cansados de un gobierno que desde antes de serlo, cede cotidianamente en sus propuestas.
El segundo, sorprendentemente izquierdizado y amnésico. Izquierdizado porque sus cuestionamientos al gabinete, rozaron, sin que los congresistas se dieran cuenta, críticas profundas a un modelo que ya tiene más de veinte años. Así, la obligatoriedad de la afiliación de los independientes a las AFP desnudaba el gran negocio de éstas y su fracaso como posibilidad de pensiones dignas; la denuncia sobre los lobbies descubierto por los Cornejoleaks, evidenciaba las puertas giratorias que existen entre la gran empresa privada y el Estado peruano; la defensa interesada de los médicos en huelga más de cien días y la denuncia de la incapacidad del Ejecutivo para resolverla, tocaba los alcances de la privatización que se pretende con la reforma de la salud; el pedido de la renuncia del ministro de Economía por su responsabilidad en la desaceleración del crecimiento y la exigencia para aumentar el salario mínimo, interpelaba áreas duras del poder.
Amnésico, porque los distintos congresistas que cuestionaban el tema de la afiliación compulsiva, olvidaron que votaron mayoritariamente por ésta; quienes criticaban a los lobbies no recordaron que una de las facultades congresales es la interpelación y censura de los ministros; quienes defendían a los médicos, fueron los mismos que aprobaron las políticas de salud y los que pidieron la cabeza de Castilla fueron aquellos que siempre aplaudieron el manejo de su sector y año a año se inclinaron ante su presupuesto público.
Así, entre divertidos y resignados, los pocos interesados en la marcha del país, vimos al congresista Mulder indignado por los lobbies, similares a los que llegaron hasta Palacio de Gobierno en la gestión de Alan García y fueron parte, entre otras joyas, de los denominados petroaudios; escuchamos al parlamentario Becerril denunciando el abuso de las AFP y la afiliación compulsiva de los independientes, obviando que fue durante el gobierno de su encarcelado líder que su ministro de Economía fue el principal promotor del sistema; en fin, observamos como sin pestañar, el representante Bedoya, responsabilizaba a Castilla de la desaceleración económica, semanas después que su partido aprobara con entusiasmo el paquete de medidas de aquél.
El Congreso, finalmente, le dio el voto de confianza al Gabinete. Es verdad que de manera vergonzosa, con el voto de desempate de la Presidenta de ese poder del Estado y sumando la autoaprobación de dos de los parlamentarios ministros. Ello, en medio de varias ausencias sospechosas, destacando las de Kenji Fujimori y Martha Chávez. Varios de los ministros del mismo parecen heridos de muerte y jugando los descuentos. Lo más dramático es que el desinterés de la opinión pública seguramente continuará como resultado de la miseria de la política peruana y el deterioro galopante del funcionamiento de la democracia.
En el fondo, más allá de los argumentos de la mayoría de representantes, cada uno de ellos defendía a su jefe. En la práctica, muchos parecen creer que golpear al Ejecutivo, en particular al Presidente Humala, es la mejor manera de defender la viabilidad de las candidaturas de Alan García, Keiko Fujimori y PPK, mientras otros piensan que respaldarlo, los ayuda a blindar a Toledo y Castañeda.
Como ha dicho Alberto Vergara en El Comercio, esto es así, quizá, porque nunca construimos las instituciones que obligan a los actores a negociar políticamente y a pensar en términos del largo plazo, recordándonos una responsabilidad neurálgica que tenemos todos. Como se evidenció en esos días, parece no interesarle a la mayoría que está segura que por débil y limitado que sea el gobierno, tiene como principales fortalezas la ausencia de oposición, el vacío de la política y la gran capacidad de olvido que se observa.


desco Opina / 29 de agosto de 2014
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Sobre corrupción, desinstitucionalización y decencia

El malestar creciente de la ciudadanía con la corrupción aparece en los resultados de distintos sondeos nacionales de opinión pública divulgados el mes de febrero. Así, la encuesta de IPSOS-APOYO muestra que el 41% de los que desaprueban la gestión del presidente García, lo hacen porque hay mucha corrupción en su gobierno. Por su parte, CPI, a partir de su medición, señala que el 16% de sus encuestados, cree que la corrupción es uno de los principales desaciertos de la gestión gubernamental. El Barómetro de la Universidad de Lima –sólo para Lima y Callao– registra que el 48.4% de sus encuestados entiende que el principal problema del partido de gobierno es el de la corrupción.

No podía ser de otra manera, en un escenario en el que en los últimos días, la corrupción y la arbitrariedad en las decisiones de muchas instituciones públicas, ocupó espacio central en la mayoría de medios de comunicación. El escándalo de los «petroaudios», a pesar de los esfuerzos del Poder Judicial y de calificados voceros del gobierno en contrario, no sólo no termina sino que parece involucrar a más figuras visibles del poder, sumándose así a distintas historias antiguas, como la compra de patrulleros, y a otras nuevas, como la adquisición de camiones portatropas, actualmente en discusión.
Como ocurre siempre, la corrupción se ve ayudada por la fragilidad de las instituciones y alienta simultáneamente una mayor desinstitucionalización, como lo demuestran distintos sucesos recientes, vinculados los más de ellos a la judicatura. La sospechosa descalificación del fiscal Guillén en un concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura terminó con el concurso y golpeó duramente a la ya desprestigiada institución, ahondando sus diferencias con la cabeza del Poder Judicial, quien a su vez «patinaba» apoyando a un juez que trataba de imponer la incorporación de Javier Ríos al Tribunal de Garantías Constitucionales, polémico abogado que tuvo que renunciar a su designación al demostrarse sus vínculos con Agustín Mantilla. Tribunal de Garantías Constitucionales, que dicho sea de paso, había fallado irregularmente a favor del mismo abogado, en un curioso juicio con la universidad Ricardo Palma.

En este contexto, en el que una vez más se evidencian en el país, altos niveles de corrupción y crisis de las instituciones, Lourdes Flores Nano finalmente optó por su candidatura a la municipalidad de Lima, aunque espera un evento partidario en abril para ratificar su decisión. Presionada por la derecha política y por distintos medios de comunicación, pero también por parte de la dirigencia nacional de su partido, la lideresa del PPC tuvo que optar por la decisión menos riesgosa para su futuro político. A fin de cuentas, la alcaldía metropolitana parece más a su alcance en el corto plazo, que el palacio de gobierno. Quienes la empujaron a esta opción lograron así su cometido: limpiarle el camino a la candidatura presidencial de Luis Castañeda, a quien sienten como la garantía silenciosa de la continuidad del modelo de crecimiento y exclusión, iniciado por el fujimorismo.

Demostrando sus ganas, pero también sus reflejos políticos, la virtual candidata metropolitana, aprovechó la propuesta humalista de construcción de un frente anticorrupción y se proclamó la adalid de la decencia, versión «occidental y cristiana» de la indispensable lucha contra la corrupción, largamente instalada en el país. Por esa vía –además de dejar sin bandera a un importante sector de la oposición– la ex rectora de la universidad San Ignacio de Loyola, golpea a quien entiende su principal opositor, Alex Kouri, presidente regional del Callao, actualmente a la búsqueda de un «vientre de alquiler» para candidatear al municipio capitalino, a la vez que trata de reposicionar a su partido en el frente de derecha que tendrá como candidato a la presidencia al actual burgomaestre limeño.

Dejarle a la virtual candidata pepecista la bandera nacional de la lucha contra la corrupción y reducirla a sus aspectos más formales, aquellos referidos seguramente a la decencia y las buenas maneras, sería un gran error. Pero sería también una manera de exonerar a sus inminentes socios nacionales, con Luis Castañeda a la cabeza, que se esconde tras la supuesta eficiencia de su gestión, de pronunciarse y actuar en un tema que a todas luces está minando las instituciones y la democracia toda.


Enlaces de interés

desco Opina / 5 de marzo 2010

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lunes

Nuevas caras para la misma política

desco Opina / 13 de julio de 2009

Cambiar el Gabinete sin cambiar las líneas matrices del gobierno: sucedió lo mismo meses atrás, cuando a raíz de la crisis suscitada por la revelación de los petroaudios, se decidió incorporar a Yehude Simon al equipo gubernamental. Entonces, el gambito presidencial tuvo los efectos deseados. Simon guardó en el desván sus antecedentes de progresista y exitosa autoridad regional, para alinearse firmemente con las posturas del Ejecutivo.

El premier saliente le sacó las castañas del fuego a un entorno presidencial que empezaba a complicarse con las revelaciones de corrupción. A cambio, deja varios presentes griegos a su reemplazante. Entre ellos, una serie de negociaciones al paso para bajar la enorme presión social que sobrevino tras los hechos de Bagua. Por lo demás, dado el escaso marco de institucionalidad en que se realizaron, seguramente serán revisadas por el Premier entrante.

Así, las opciones para García son más o menos previsibles. Se trata de mantener el Gabinete como espacio de equilibrio en la pugna faccional del APRA, dándole un perfil «independiente» aunque claramente inclinado hacia la derecha. En esta combinación, prima la necesidad de buscar mejores posiciones con sus socios políticos y salvar el cortísimo plazo, acomodando su ubicación para la lid electoral del 2011.

Para el Presidente la cuestión es amenguar las amenazas inmediatas que se ciernen sobre su gobierno, al que ya se le agotaron las ideas. Elucubrar una conspiración internacional es un globo de ensayo que ni él mismo cree, pues es parte del juego sucio destinado a pinchar candidaturas de oposición, sembrando inseguridad. Basta ver cómo algunos medios de comunicación han empezado a publicar listas de autoridades locales y regionales a las que sindican como receptores de recursos foráneos. En esa misma línea, podemos colocar al hermano del reo Fujimori –Santiago– presto a cambiar la ley de APCI para ejercer mayores e indebidos controles a las ONG, a las que se supone correas de transmisión de intereses foráneos.

Aún cuando una renovación del Gabinete ministerial es en el papel, una ocasión propicia para plantear estas cuestiones, es claro que los cubileteos políticos no dejan espacio para incorporar asuntos de interés nacional, como los efectos de la crisis internacional, la continuidad de procesos democráticos, una mejor performance de las políticas sociales o el impulso a los planes que alguna vez anunció el gobierno (como Plan Sur, Sierra Exportadora, entre otros).

Y no habrá espacio para esa discusión porque los tiempos políticos no coinciden con los tiempos sociales. Los primeros privilegian lo inmediato, los segundos necesitan del largo plazo para madurar sus procesos. Para que coincidan, se necesita una institucionalidad que estamos lejos aún de conseguir. De esta manera, vemos algunas nuevas caras en el Gabinete, pero el escepticismo ciudadano es el mismo. Peor aún, ya que nada llama a creer que los cambios en el Gabinete puedan destrabar las obstruidas relaciones entre el gobierno y la sociedad, lo más probable será la generalización del malestar y con ello la multiplicación de los conflictos. Provecho Velásquez Quesquén.

desco Opina / 13 de julio 2009
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